El portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, ha anunciado que los catalanes podrán ejercer el voto en cualquiera de los colegios abiertos para el 1-O, podrán hacerlo sin sobre y con las papeletas traídas desde casa. De este modo la Generalitat pretende sortear las «dificultades» derivadas de las actuaciones policiales, que tienen la orden de intervenir todo el material electoral y clausurar los colegios electorales, unas ordenes que se han cumplido en los días previos al 1-O, pero que los Mossos d’Esquadra no parecen dispuestos a cumplir en la jornada de hoy en los colegios electorales custodiados por cientos de personas.

En una nueva comparecencia en el centro de prensa de pago en la sede de Mediapro, Turull y el conseller de Exteriores, Raül Romeva, han asegurado que «podremos celebrar con garantías el referéndum del 1-O» y han explicado que el sistema habilitado por el Gobierno catalán para que todo el que quiera pueda votar es la aplicación del censo universal en todos los colegios electorales. Todos ellos estarán dotados con ordenadores y un sistema informático adicional que incorpora el censo de toda Cataluña y permite, según Turull, comprobar que cualquier votante forma parte de ese censo y no vota más de una vez.

El portavoz de la Generalitat ha anunciado además que se aceptarán votos sin sobre, dado que la Generalitat «no ha podido fabricar más sobres a tiempo» tras las requisas ordenadas por el juez. Las urnas traslúcidas garantizarán el secreto de voto, ha argumentado Turull para justificar este sistema, que admite también el uso de papeletas traídas de casa «si son las papeletas de formato oficial».

Comisión de expertos por junta electoral

Turull ha anunciado además la creación de una «comisión de expertos» integrada por los jurisitas Enoch Albertí, Ferran Requejo, Josep Maria Vilajosana, Joan Vintró o Ignasi Faura, que «analizarán» el transcurso de la jornada y el proceso de recuento de votos.

Turull ha evitado referirse a este grupo de juristas como los sustitutos de la Sindicatura Electoral que debía actuar como autoridad electoral según la Ley del Referéndum y que se autodisolvió por renuncia de sus miembros después de que el Tribunal Constitucional acordara la imposición de multas de 12.000 euros diarios para sus miembros por desobediencia.

Turull ha asegurado que este grupo validará los resultados de la consulta y trabajará en coordinación con el grupo de observadores internacionales invitado por la Generalitat, a través del Diplocat, para seguir el referéndum.