«Cataluña ha ganado muchos referéndums», ha proclamado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, antes de conocer el recuento de los votos del 1-O. «Los catalanes», ha añadido Puigdemont en una declaración institucional rodeado por el Gobierno catalán en el Palau de la Generalitat, «nos hemos ganado el derecho a ser escuchados y reconocidos; hoy millones de personas habéis hablado alto y claro, tenemos derecho a decidir nuestro futuro, tenemos derecho a la libertad y queremos vivir fuera de estado que no puede ofrecer mas que imposición».

A medianoche, el portavoz del Govern, Jordi Turull, ha proclamado unos resultados que arrojan un 90% de votos favorables a la independencia de los 2.262.424 votos recontados -Turull ha recordado que no se han podido contabilizar los votos de 400 colegios electorales-. Se trata prácticamente de la misma participación que en el 9-N de 2014, con un total de dos millones de votos a favor del Sí, 176.566 a favor del No y 70.000 votos nulos o blancos. Unas cifras de participación que Turull ha asegurado que «podríamos haber llegado al 55% si se hubiera tratado de una jornada normal».

Tras la proclamación de los resultados, Oriol Junqueras ha insistido en que trasladarán al Parlament para que dé cumplimiento a la hoja de ruta que fija la Ley de Transitoriedad, encomendado el proyecto secesionista al apoyo de instancias internacionales. «El verdadero proceso constituyente se legitima en la transversalidad de sus protagonistas, en quienes hoy han ejercido el voto y en la represión de un Estado», ha asegurado Junqueras, que ha acusado a las fuerzas policiales de «robar urnas».

«Nos hemos ganado el derecho a un estado independiente en forma de república», había asegurado antes Puigdemont, quien ha anunciado que su gobierno trasladará al Parlament «los resultados de la jornada para que actúe de acuerdo con lo previsto en la Ley del referéndum». La Ley de Transitoriedad prevé que, en caso de ganar el Sí, sin un mínimo de participación, el Parlament proclamará en 48 horas la independencia para iniciar un proceso constituyente.

«Las instituciones catalanas tienen el deber de implementar lo que han decidido sus ciudadanos para construir un país libre, pacífico y democrático», ha concluido, tras una jornada en la que se ha votado con un censo universal, sin autoridad electoral, y con unos colegios electorales constituidos por militantes de partidos o plataformas independentistas.

El otro balance de la jornada es el de las 844 personas atendidas por los servicios de emergencias según el recuento de la Generalitat de las ocho de la tarde, de las que 355 corresponden a los incidentes vividos en Barcelona y su área metropolitana durante el centenar de desalojos llevados a cabo por Policía y Guardia Civil para cerrar colegios electorales y requisar las urnas. Unas intervenciones que se han ido endureciendo a medida que la tensión crecía a lo largo del día y que han marcado el balance de la jornada.

Guerra entre cuerpos de policía

Las intervenciones policiales, siempre de manos de Policía y Guardia Civil, han hecho más patente aún la pasividad de los Mossos d’Esquadra, que por parejas se han limitado a observar durante todo el día como se desarrollaba la «jornada electoral» en los diferentes colegios. La policía autonómica ha exhibido un balance final de 319 colegios en los que no se ha podido votar, según el portavoz del Govern, Jordi Turull, pero su pasividad y enfrentamiento con los otros cuerpos policiales ha provocado la queja de los cinco sindicatos policiales de ámbito nacional. En su comunicado, han destacado el apoyo a los agentes desplegados en Cataluña «en especial a los nueve que han resultado heridos» y han tachado de «escandalosa» la actitud de los Mossos. «Han actuado con vergonzosa ligereza, cuando no obstruccionismo, e incluso manipulando datos sobre centros de votación».

El sindicato mayoritario de los Mossos, SAP-FEPOL, ha respondido con un comunicado en el que cuestiona unas intervenciones que entonces sumaban medio millar de heridos. «La legalidad constitucional no se preserva agrediendo a la ciudadanía» rezaba la nota, en la que el sindicato catalán cuestiona además que «la cohesión social se está poniendo en riesgo en Cataluña por la instrumentalización descarada de las cúpulas policiales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por el Gobierno de Mariano Rajoy y del PP».

La actitud de los Mossos ha derivado además en más de una decena de denuncias contra la policía autonómica por su pasividad ante la apertura de colegios electorales en juzgados de instrucción de toda Cataluña, según ha relatado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). También los cuerpos de seguridad del Estado tendrán que hacer frente a 73 denuncias por agresiones presentadas por ciudadanos de toda Cataluña ante los Mossos, denuncias que se sumarán a la presentada por el propio Gobierno de la Generalitat ante el TSJC por lo que considera actuación desproporcionada de Policía y Guardia Civil.

Temor a la DUI y huelga general

Tras la tensión vivida, la líder de la oposición, Inés Arrimadas, ha advertido de que la jornada «electoral» no es más que «la coartada para cumplir con el auténtico objetivo de Puigdemont, la declaración unilateral de independencia». Una DUI (Declaración Unilateral de Independencia) contra la que también ha advertido el líder de la formación naranja, Albert Rivera, para reclamar la convocatoria de unas elecciones autonómicas que eliminen a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras de la ecuación a la hora de buscar una salida dialogada a la crisis catalana.

El interlocutor catalán, ha advertido Arrimadas, «no puede ser alguien que no respeta las instituciones catalanas, ha cerrado el Parlament, se han saltado el Estatut e incumple resoluciones de tribunales catalanes». Están inhabilitados, ha añadido, porque su plan «es irresponsable e ilegal» y «nos ha enfrentado entre nosotros y con el resto de los españoles».

En defensa de esa declaración unilateral de independencia, la CUP y Ómnium Cultural se han apresurado a hacer llamientos a la huelga general convocada oficialmente por CGT a partir del martes. Anna Gabriel, portavoz parlamentaria de la CUP, lo ha hecho ya a mediodía, y Quim Arrufat ha insistido en el balance de la jornada electoral. «Con este régimen no hay futuro para el pueblo catalán» ha advertido el dirigente antisistema, que ha reclamado celebrar «el 3 de octubre una huelga general que paralice el país contra la vulneración de los derechos que hemos vivido hoy en Cataluña».

Un llamamiento secundado por Jordi Cuixart, presidente de Ómnium, quien ha emplazado a todos los que hoy han participado en el referéndum a seguir la convocatoria de huelga. El líder de la ANC, Jordi Sánchez, ha denunciado por su parte la «vergüenza de los que han ordenado a la Guardia Civil que apaleen a nuestras madres y nuestros hermanos, y de los políticos que callan ante esto».