El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado la intención del ejecutivo catalán de querellarse contra los responsables de la “represión violenta” ejercida por los cuerpos y fuerzas de seguridad durante la celebración del referéndum del 1-O y ha pedido la mediación internacional en un conflicto en el que, ha asegurado, el Govern seguirá adelante con la hoja de ruta marcada por la ley de Transitoriedad porque el resultado del referéndum es, a su juicio, “válido y vinculante”.  Eso sí, ha asegurado que “no estoy declarando la independencia, el Govern ha entendido que ha llegado el momento de invocar la mediación. Si hay mediación, hablaremos de todo, si no la hay ya hemos explicado que pasa”.

En este contexto, el Govern ha exigido la retirada del dispositivo de Policía y Guardia Civil en Cataluña para el 1-O. Un dispositivo “desplazado para operaciones de represión que han causado graves actos de violencia en país que cada año ha salido a la calle sin un solo incidente” ha recriminado Puigdemont, para quien el comportamiento de los cuerpos de seguridad del Estado “está bajo sospecha”.

El president ha anunciado que emprenderán acciones legales para “depurar las responsabilidades de agentes, mandos y responsables políticos que han ordenado estas actuaciones” y ha advertido que confía en que el sistema judicial “sea tan diligente y utilice los mismos recursos que ha usado para seguir papeletas”. Puigdemont ha anunciado además la creación de una comisión de investigación sobre las “violanciones de derechos” para acompañar a las víctimas de violaciones, al menos que el gobierno de su país les dé este reconocimiento”.

Mediación apadrinada por la UE

El Govern ha afirmado Puigdemont, cree que “el momento aconseja mediación, la mediación de un tercero, que tiene que ser internacional para que sea eficaz”. El president ha asegurado que ya han tenido ofertas de mediación, que no fija en la Unión Europea como institución pero debería “apadrinarla”.

Y ha dejado claro que ve esa mediación internacional la única vía de solución a la crisis. “Se tiene que restablecer la normalidad institucional alterada por Gobierno español, se tiene que crear clima de distensión que favorezca una medicación leal y sincera. Hasta ahora respuesta ha sido más violencia y represión”.

Puigdemont ha insistido, paralelamente, que “naturalmente que el referéndum es válido con tantos escuadrones del miedo” y ha advertido de que “pese a todos los barcos cargados de policías estamos en participación idéntica a la que se produjo cuando se aprobó la constitución UE no solo no invalida el resultado sino que lo refuerza”, por lo que el Govern sigue adelante con su objetivo de implentar el resultado, que supone la declaración de independencia.

En este contexto, ha desestimado la no participación de los catalanes no independentistas en el referéndum -“la gente no fue a votar porque se lo impidieron” ha asegurado- y ha rechazado también la posibilidad de unas elecciones autonómicas como salida a la crisis. El Govern, ha añadido, trasladará los resultados la Parlament para que obre siguiendo el mandato de la Ley del Referéndum.

Puigdemont se ha sumado además a los llamamientos a la huelga -o paro, según las fuentes- general convocado por las entidades independentistas para mañana. Un paro convocado oficialmente como repulsa a la violencia vivida ayer durante el referéndum, pero que según Puigdemont “ayuda a reforzar lo que hicimos el domingo y lo que queremos hacer. Ha de servir para enseñar al mundo nuestra mejor cara cívica”.