Los cinco sindicatos con representación en el Cuerpo Nacional de Policía han pedido al Tribunal Constitucional (TC) que suspenda de sus funciones a los responsables de la grave crisis en Cataluña derivada del desafío a la Carta Magna y la voluntad de romper con España a fin de garantizar que no se celebre la próxima semana el pleno del Parlament en el que podría declararse unilateralmente la independencia, lo que provocaría un “conflicto social irreversible”.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP), la Unión Federal de Policía (UFP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y Alternativa Sindical de Policía (ASP) consideran que es el momento de pasar “de las palabras a los hechos en la defensa de la Constitución” y han presentado este viernes un escrito ante el TC en el que le piden que actúe de oficio y adopte diversas medidas para garantizar la eficacia de sus resoluciones.

Las organizaciones sindicales entienden que, a la vista de los acontecimientos, sólo desde la candidez se puede pensar que el Parlamento catalán acatará la suspensión ordenada este jueves por el Tribunal Constitucional y no celebrará la sesión plenaria en la que está previsto que comparezca el presidente del Govern, Carles Puigdemont, para valorar los resultados del referéndum ilegal del pasado domingo y en la que -como ha reconocido la CUP, socios parlamentarios de Junts pel Sí- se pretende proclamar la república catalana. Esa comparecencia se iba a celebrar el lunes, pero ahora se retrasa al martes tras el acuerdo adoptado por el TC.

Los sindicatos policiales dicen que, si no se actúa “de forma urgente”, se abre la puerta a la “desaparición del Estado”

“Este Tribunal garante de la Constitución tiene conocimiento, porque es público y notorio, que el actual presidente de la Generalitat, D. Carles Puigdemont Casamajó, y la presidenta del Parlamento, Dª Carme Forcadell Lluís, se mantienen en el propósito de seguir adelante en su proclamación unilateral de la independencia, exhibiendo una actitud intolerable de permanente ilegalidad, por lo que sólo una manifiesta ingenuidad puede dar crédito a que esta vez sí van a cumplir lo que ordena el Alto Tribunal”, expone el escrito.

Aunque el Constitucional ha notificado a Forcadell y al resto de miembros de la Mesa del Parlament su obligación de “impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”, los sindicatos de la Policía Nacional van un paso más allá y le piden que cite “urgentemente” a la presidenta de la Cámara autonómica, a Puigdemont y al vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, para que se les advierta “en sede judicial” no sólo de que se abstengan de asistir al citado pleno sino de su deber de adoptar las medidas necesarias para evitar la celebración del mismo.

Encomienda al Gobierno

No es la única medida propuesta. También solicitan que acuerde la suspensión de funciones de “los responsables de la situación actual a criterio del tribunal y durante el tiempo preciso para asegurar la observancia” de sus pronunciamientos y que encomiende al Gobierno la ejecución de los actos necesarios para impedir el desarrollo del pleno, “evitando por todos los medios la celebración de manifestaciones, altercados o desordenes públicos”.

En su artículo 92, la Ley Orgánica de reforma del Tribunal Constitucional establece que se “podrá recabar el auxilio de cualquiera de las administraciones y poderes públicos para garantizar la efectividad de sus resoluciones”. Ese apoyo debe hacerse “con carácter preferente y urgente”.

Para las organizaciones que defienden los intereses de los policías nacionales, hay que proteger el Estado de Derecho “desde ahora y de forma urgente”, pues de lo contrario “podría ser demasiado tarde y abrirse la puerta a la desaparición del propio Estado”.