«Será usted el único responsable de  la aplicación de la Constitución», afirma, a modo de despedida, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy a Carles Puigdemont en la carta que le ha remitido esta misma mañana tras conocer la respuesta al requerimiento que ha hecho el catalán. En todo caso, Rajoy cree que todavía hay tiempo para encauzar la situación habida cuenta de que aún hay otro plazo, que vence el jueves a las 10 de la mañana. Se supone que éste es para instar al president a que vuelva a la senda de la legalidad conculcada, aunque, en realidad a Moncloa le bastaría con que volviera de responder a la pregunta el millón: ¿Declaró o no la independencia?

Amplía así Rajoy tres días más las posibilidades de Puigdemont antes de caer con la fuerza del 155. En su carta de respuesta, dice esperar «que en las horas que quedan hasta que se cumpla el segundo plazo del citado requerimiento responda con la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere». Por su parte, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha respondido al jefe del Ejecutivo con otra pregunta: ¿Quiere usted que se celebre una reunión entre los gobiernos de Cataluña y España?

Rajoy, que abre un nuevo plazo hasta el jueves, ha hablado con Sánchez tras conocer la respuesta de Puigdemont

La aplicación del 155, según explica Rajoy, que esta mañana ha hablado o con el líder del PSOE, Pedro Sánchez,»no implica la suspensión del autogobierno, sino la restauración de la legalidad en la autonomía», pero ante todo, añade, el requerimiento «es una oportunidad para reconducir el grave deterioro de la convivencia que se vive en Cataluña, para que la Generalitat vuelva a la Ley y se recupere la normalidad institucional entre las administraciones».

Cualquier diálogo democrático requiere «la vuelta a la legalidad» y aprovecha Rajoy para invitar a Puigdemont a que comparezca en el Congreso para «trasladar sus demandas a los legítimos representantes de la soberanía nacional», esto es, el conjunto de los españoles. También le afea que se niegue a hablar con los partidos de la oposición en el Parlament que, aunque menos en número de escaños, representan a un mayor número de ciudadanos en votos, «como usted oculta», y agrega: «uno de los  indicadores que definen la calidad de una democracia es el respeto a la oposición».

En definitiva, y tras advertirle de los riesgos que el desafío supone para la economía y de la ausencia de apoyos internacionales, recuerda que aún tiene margen para responder «de forma clara y sencilla» al requerimiento que el Gobierno envió a Puigemont el pasado miércoles. «sigue estando en su mano abrir un nuevo periodo de normalidad y lealtad institucional, que todo el mundo le está reclamando».

El jefe del Ejecutivo invita de nuevo al president a que comparezca en el Congreso

En parecidos términos se ha expresado al vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en una comparecencia en Moncloa antes de conocerse el contenido de la respuesta presidencial. «El Gobierno lamenta que el señor Puigdemont no haya querido contestar al requerimiento. No era muy difícil contestar sí o no».  Una respuesta «no válida» que tiene como plazo final hasta el jueves a las 10.00 horas para ser reformulada, como ha recordado Santamaría.

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Antes de ese momento el presidente de la Generalitat tendrá que responder de forma clara si declaró o no la independencia en el Parlament y poner en marcha el mecanismo volver a la legalidad si no quiere que el Gobierno active completamente el artículo 155 para asumir las competencias de Cataluña. «Sólo se le pedía y se le pide claridad. El Gobierno espera que en las horas que quedan responda con la claridad que los ciudadanos exigen», ha insistido la vicepresidenta del Gobierno. «Está tensando la situación al límite».

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En la carta, el dirigente catalán hace dos peticiones al jefe del Ejecutivo. Por una parte, que se “revierta la represión contra el pueblo y el gobierno de Cataluña”, entre lo que incluye la declaración del mayor de los mossos, Josep Lluís Trapero, este mismo lunes, así como una reunión para “alcanzar acuerdos”. Además, fija un plazo de dos meses para negociar con el Gobierno una salida a la crisis, el doble del periodo que la CUP se declaró dispuesta a esperar a una declaración efectiva de independencia tras el Pleno parlamentario del 10 de octubre.

El Gobierno también ha mostrado su sorpresa por esta petición de diálogo teniendo en cuenta que «ha eludido todos los debates», como ha señalado la vicepresidenta: «No resulta creíble», ha señalado Santamaría.