El PSOE quiere un 155 “breve y muy limitado a la  prestación de servicios públicos» para ir después a unas elecciones autonómicas sin esperar demasiado. En cambio, los populares defienden que es necesario asegurar antes no solo la normalidad institucional sino, también, la tranquilidad en la calle para no convocar elecciones «con los sentimientos y los ánimos demasiado alterados. No es bueno votar en esas condiciones», indican fuentes de Génova.

La interlocución con el PSOE en esta materia es capital para el PP, pero Génova, a diferencia de Ferraz, cree que ir en caliente a unas elecciones «puede beneficiar más que perjudicar al independentismo, aún muy movilizado». Bien es cierto que, por primera vez, los constitucionalistas catalanes se han dejado oír en la calle, pero un repaso histórico a los índices de abstención en elecciones autonómicas demuestra que una parte importante de la población ajena al nacionalismo se desentiende de esta consulta. Aún así, en las comicios de 2015 al Parlamento de Cataluña la participación fue casi del 75 por ciento, una de las más altas, lo que se tradujo en el triunfo de los no independentistas en voto popular, aunque no así en el número de escaños.

«Hay que dejar enfriar el impacto de la intervención», que incrementará las movilizaciones en la calle

El Gobierno debe señalar en su propuesta al Senado el contenido y alcance de las medidas del 155 que piensa aplicar en Cataluña. Lo lógico es que marcara, al menos, una horquilla temporal para esa interinidad hasta que se restauren las instituciones estatutarias. Desde Moncloa apuntan en la misma línea que el PP cuando dicen que «hay que dejar enfriar el impacto de la intervención» que incrementará, aún más, las movilizaciones en la calle.

Además, el ingreso en prisión de los líderes de Ómnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, respectivamente, no ha creado el mejor de los climas para intervenir las competencias de un gobierno poco menos que declarado en rebeldía.

La LOREG exige que las elecciones se celebren 54 días después de su convocatoria

No es sólo el PSOE el que quiere un corto periodo de aplicación del 155 para ir en el plazo más breve posible a elecciones. También lo desea el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, convencido de que la candidata de su formación, Inés Arrimadas, podría convertirse en la primera presidenta de la Generalitat, aunque para ello necesitara del más que incierto, por no decir imposible, apoyo de la alianza de izquierdas de En Comú Podem.

Curiosamente, el Parlamento catalán nunca se ha puesto de acuerdo para desarrollar una ley electoral propia, que sí tienen otras comunidades autónomas, por lo que se rigen por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, LOREG. Ésta establece en su artículo 42 que el decreto de convocatoria electoral debe señalar la fecha de las elecciones, «que habrán de celebrarse el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria», esto es, 54 días.

De modo que, si la intervención de la Generalitat fuera acompañada del decreto electoral y ésta comenzara a contar desde el día 30 de este mes tras el trámite por el Senado, estaríamos hablando  de comicios autonómicos el 24 o 31 de diciembre. Impensable. Lo más probable, aunque eso es lo que se está negociando en estos momentos, es que el Gobierno deje pasar una temporada antes de llamar a los catalanes a las urnas, lo que no ocurriría hasta el año que viene.

Conversaciones hasta el último momento

Este puede ser uno de los motivos por los cuales Gobierno y Ferraz seguían negociando este jueves detalles de la aplicación del 155 y continuarán el viernes, hasta la víspera de la celebración del Consejo Extraordinario de Ministros de este sábado a las 10 de la mañana. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, analizó junto a la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, la segunda respuesta de Carles Puigdemont al requerimiento del Gobierno. Asimismo se han producido contactos entre los responsables de Organización de PP y PSOE, Fernando Martínez Maillo y José Luis Ábalos, respectivamente. Los secretarios de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y de Administraciones Públicas, Roberto Bermúdez de Castro, tienen de interlocutores a los diputados socialistas Patxi López, Meritxell Batet y José Enrique Serrano.