Otegi también quiere su república. El espejo de Cataluña no sólo es un lugar en el que quiere mirarse sino también del que aprender para evitar sus errores. El líder de la izquierda abertzale ha empezado a escribir la letra pequeña de la futura República Confederal de Euskal Herria con la que siempre ha soñado. A ello ha puesto a trabajar a las 20 secretarias de la coalición que dirige y que antes de que termine la legislatura tendrán definido con todo detalle las estructuras económicas en las que se sustentará, el sistema judicial vasco que lo regirá, el modelo policial o el plan para financiar sus propias pensiones.

En el plan que ha puesto en marcha la izquierda abertzale incluso se han incluido errores a evitar, como la fuga de empresas que ha encendido las alarmas en Cataluña, temerosas de la independencia anunciada. Desde EH Bildu afirman que su objetivo es que ante una posible proclamación de la república vasca el tejido empresarial presente en Euskadi “vea que la Republica vasca es un país de oportunidades”

La Republica Confederal de Euskal Herria se construiría a tres velocidades; la que marque Euskadi, la que le imprima Navarra y la que en un futuro se pudiera alcanzar en el País vasco Francés. Tres realidades que se podrían sumar al proyecto soberanista cuando estuviesen preparadas.

El plan para dar forma a la República de Euskal Herria contempla evitar la fuga de empresas con una oferta "como país de oportunidades"

La izquierda abertzale no quiere esperar. Al inicio de la legislatura fijó 2018 como el año en el que celebrar un referéndum independentista a semejanza del 1-O. Su propuesta no ha recabado apoyo alguno y por el momento se suma al cronograma que lidera el PNV y que fía todo a lo acordado en la comisión de autogobierno del Parlamento Vasco. Pero en Bildu saben que el camino del acuerdo y pacto que abandera Urkullu no llevará a ningún lado y que se debe tener preparada la vía unilateral vasca.

Superada la fase en la que el apoyo a la violencia de ETA se antojaba como la mejor vía para hacer claudicar al Estado y lograr un día la independencia, la refundación que imprimió y precipitó Otegi tras salida de prisión el 1 de marzo de 2016 apunta ahora hacia otro camino; convertirse en un agente determinante para influir en el proceso soberanista abierto en el Parlamento Vasco y hacerlo con una propuesta atractiva que logre un amplio respaldo social.

Viabilidad económica

Ya no es tiempo de teorizar ni de discursos ilusionantes. La orden es clara, ha llegado la hora de poner cifras y letras a la aspiración de un Estado propio. Y sobre todo, de demostrar que es viable. Es la máxima con la que en los próximos meses trabajarán en la izquierda abertzale para dar forma a un documento que se pueda activar en cualquier momento para, tal y como defienden, cuando el Estado dé el portazo al sueño de un acuerdo pactado y dialogado que abandera el PNV se pueda emprender la vía unilateral a imitación de la que ahora enciende Cataluña.

Fuentes de EH Bildu aseguran que lo que se está haciendo es “preparar las estructuras básicas de un futuro Estado vasco”. Una labor que se aborda no sólo desde el punto de vista político sino también económico. Es urgente saber cómo se financiaría ese Estado, cuánto costaría ponerlo en marcha o de qué modo se soportaría cada uno de los servicios de la futura república. Y la labor se está haciendo de modo simultáneo en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra y en, menor medida, en el País vasco francés.

Bildu quiere definir desde la Justicia y el modelo sanitario y educativo hasta la financiación o el sistema de bolsa del futuro Estado

El sueño de una Euskal Herria compuesta por siete territorios –las tres provincias vascas, Navarra y las tres regiones francesas- se antoja inviable, al menos de modo simultáneo. Por eso se ha impuesto el “principio de realidad” y se habla ya de que cada uno avance a su ritmo y dentro de sus posibilidades. “Queremos demostrar que un estado vasco es viable y podrá soportar el bienestar social que tenemos. No se podría hacer un proceso de independencia sin ese soporte, las mayorías sociales no estarían de acuerdo”, afirman a El Independiente desde la coalición.

Y el plan pasa por bajar al detalle con planteamientos “realizables y prácticos desde los marcos actuales”. La letra pequeña que se empieza a escribir abarca desde las grandes estructuras financieras de la que se dotaría hasta el modelo bursátil que tendría la republica vasca, el sistema de pensiones o el modelo de Justicia o policía de la que se dotaría.

En algunos casos la labor acaba de iniciarse y en otras se encuentra en una fase mucho más desarrollada. Es el caso de las pensiones. EH Bildu quiere que la futura República de Euskal Herria tenga un modelo de pensiones que asegure al menos el 60% del salario medio en el País Vasco y que ello se haga soportando en las arcas públicas un complemento que lo haga factible. Hoy el pago de ese complemento de pensiones beneficiaría a 160.000 pensionistas vascos para que puedan recibir como mínimo los 1.080 euros que fijaría como pensión mínima en esa república si hoy se proclamase. Aún resta detallar mejor cómo se reformularía el sistema de Seguridad Social para soportar las pensiones en Euskadi, y que no sufran merma alguna. Hoy las pensiones en el País Vasco son las más altas de todo el Estado.

Policía sin "tendencia militarista" ni jerárquica

En el modelo policial que propone para ese Estado vasco, EH Bildu entiende que la primera fase pasa por la expulsión de la Policía y la Guardia Civil para implantar después una policía vasca “transformada” y en la que, por ejemplo, habría que erradicar “la tendencia militarista y jerárquica” y acotar de modo muy importante el uso de las armas para encaminarse hacia “una policía sin armas”. En la secretaría correspondiente también trabajan para reformular las funciones “protocolos y armamentos” con el que se conformaría esa futura policía de la república.

También en materia educativa se ha comenzado a dibujar por dónde se constituiría ese modelo. Pasaría por una primacía del euskera como lengua vehicular del sistema pero con espacio para el castellano, el inglés. y por la educación pública y gratuita como la preeminente.

La labor se llevará a cabo en los próximos meses en contacto con agentes sociales y profesionales para recabar información y recomendaciones sobre cómo construir las estructuras del nuevo Estado. Y el abanico que se deberá concretar es amplio: sanidad, medio ambiente, economía, industria, relaciones laborales etc.

Los informes de las 20 secretarías conformarán una propuesta que se remitirá a la comisión de autogobierno del Parlamento Vasco

El objetivo es poder llegar a tiempo para presentar un documento con el máximo detalle posible en el seno de la ponencia de autogobierno abierta en el Parlamento vasco y que debate ya cómo dar forma a una propuesta de nuevo estatus y encaje de Euskadi en el Estado. En ella se debate ya las propuestas de todas las formaciones políticas. Las posiciones abarcan todo el espectro posible; Bildu reclama un documento capaz de elevar hasta la independencia a Euskadi; el PNV a situarla “de igual a igual” con España; el PSE aspira a una actualización del autogobierno con la legalidad como límite y una España Federal como marco y por último, el PP, que no ve necesidad de nuevos marcos, reclama explorar más y mejor el estatuto ya existente.

El propósito de la ponencia es designar un agente externo, “un grupo de expertos”, representativo de la pluralidad ideológica del Parlamento vasco para que en base a todos los documentos redacte un texto articulado capaz de aglutinar el máximo consenso posible. El Parlamento Vasco encargará antes de fin de año a un organismo externo que redacte una propuesta de nuevo encaje de Euskadi en España. Una vez remitida la propuesta a la Cámara, el siguiente paso sería someter a debate y modificación el texto planteado por los expertos y votarlo en la comisión de autogobierno, primero, y en el Pleno del Parlamento Vasco, después. Algo que debería ocurrir a finales de 2018.

La siguiente fase situaría a Euskadi en 2019 con una consulta a la ciudadanía para que se pronuncie sobre el documento aprobado por el Parlamento de Vitoria. Se concibe como una “consulta habilitante” que dotaría a los negociadores vascos de autoridad y respaldo de la sociedad vasca expresada en las urnas para iniciar la negociación con el Estado para la tramitación y debate de la propuesta de nuevo estatus político a fin de aprobarlo en el Congreso de los Diputados.