Carles Puigdemont será tratado en Bélgica como «cualquier ciudadano europeo», según ha asegurado el primer ministro belga Charles Michel. Y el propio Puigdemont ha dicho que no volverá si no cuenta con suficientes garantías de que no será encarcelado, algo que está por ver al ser citado para este jueves por la Audiencia Nacional para declarar. ¿Y si se quedara en Bélgica? De acuerdo con la legislación belga, Puigdemont podría tener otros problemas inesperados como recibir una orden de expulsión.

Algo que ya le ha sucedido a prácticamente un millar de españoles en los últimos cinco años, aunque no todos acaban marchándose del país de la cerveza y las patatas fritas a pesar de recibir esta orden. Se trata de una interpretación muy rígida que Bélgica hace de la Directiva 2004/38 del Derecho de Libre Circulación y Residencia en la Unión Europea, que exige obtener ganancias en un plazo de tres meses o el residente comunitario podría ser considerado potencialmente demandante de ayudas sociales (y ser una carga para la Seguridad Social). Otra rareza de este país pequeño y raro, como su laxa interpretación del derecho al asilo.

Lo corrobora un portavoz del Ministerio del Interior belga por email. El artículo 40 de la Ley del 15/12/1980 «prevé que los recursos deben corresponder con el nivel de ingresos sobre los cuales la persona afectada podría beneficiarse de una ayuda social, previa evaluación de esos recursos». Una tarea que corresponde a la Oficina de Extranjería federal. Y ahí entran muchos factores en juego que ayudan a no ser expulsado, como si el ciudadano comunitario cobra un salario, cuánto cobra, qué tipo de contrato o si tiene familiares a cargo. O residir sin trabajar ni estudiar, algo que penaliza.

Toque de Eurocámara y Comisión

Puigdemont no podría siquiera quedarse más de tres meses haciendo vida contemplativa, y así lo establece la legislación comunitaria: los europeos deben tener derecho a residir en un Estado miembro de acogida durante un periodo que no supere los tres meses. Solo necesitan tener un pasaporte o carné de identidad sin caducar. El problema es que Bélgica ha llegado a expulsar a comunitarios que trabajaban en el momento de recibir la orden, por lo que no cabría esperar ninguna excepción en el caso de Puigdemont.

«Efectivamente, Puigdemont podría ser expulsado si no consigue trabajo en tres meses», comprueba la eurodiputada Ángela Vallina (IU), que en su día denunció el asunto en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. La Eurocámara votó en 2015 a favor en todas las instancias, dirigió una petición a la Comisión Europea y esta institución les aseguró que tenía «previsto proseguir» el intercambio de información con Bélgica para comprobar si se respetaba la Directiva 2004/38. Este medio ha tratado de contactar con portavoces oficiales de la Comisión sobre el asunto, pero ninguno ha respondido.

Centenares de españoles expulsados

Aquellas solicitudes motivaron una reacción del lado belga. El país «no tiene ninguna intención de proceder a la aplicación forzosa de las órdenes de abandono del territorio notificadas a ciudadanos europeos», declaró el Ministerio del Interior en 2015. «Seguiremos luchando porque en la UE de los -todavía- 28 se respete la libertad de movimiento y residencia», declara Vallina.

No se trata de una cuestión baladí: de acuerdo con los datos disponibles, 112 españoles recibieron esa orden en 2014, 336 en 2013, 323 en 2012… Tal era la amenaza que pendía sobre miles de comunitarios (no solo españoles, sino procedentes de todas partes) que el envío masivo de órdenes motivó en su momento la creación de una Plataforma, Europe4People, para revocar estas expulsiones. Si Puigdemont pidiera asilo y lo obtuviera, podría residir en Bélgica. Si no…