La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado este domingo prisión incondicional para el comisario ya jubilado José Manuel Villarejo y el comisario en activo Carlos Salamanca, detenidos el pasado viernes por la posible comisión de delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La investigación tiene por objeto determinar si se valieron de sus cargos policiales para prestar “servicios de inteligencia” y facilitar la “entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios” en España a cambio de “elevadas sumas de dinero y regalos suntuarios diversos.

En el marco de la Operación Tándem, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción bajo autorización del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, la Policía ha practicado diversos registros de domicilios particulares y sedes de empresas en diversas provincias españolas y ha arrestado entre el viernes y este domingo a siete personas: Villarejo; su mujer, Gemma Alcalá Garcés; su hijo, José Manuel Villarejo Gil; el comisario Carlos Salamanca; un hijo de éste; Rafael Redondo, abogado y socio de Villarejo, y Juan Carlos Escribano, administrador solidario de la empresa malagueña Cenyt Salud SL.

La instructora también ordena prisión incondicional para el comisario en activo Carlos Salamanca y un abogado socio de Villarejo

Junto a Villarejo y Salamanca, la magistrada también ha decretado prisión incondicional para Rafael Redondo, socio del comisario. Los tres bajo la acusación de delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, al que se suma otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en el caso de Salamanca. Éste en la actualidad está al frente de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal de la Policía Nacional, tras haber ocupado la comisaría del aeropuerto de Madrid-Barajas.

La instructora ha dejado en libertad con cargos al resto de los detenidos, en la mayoría de los casos sin medidas cautelares. Sólo la esposa de Villarejo deberá entregar el pasaporte, según han confirmado fuentes jurídicas. La causa se mantiene bajo secreto.

Según informó la Fiscalía Anticorrupción, la Operación Tándem tiene por objeto el desmantelamiento de una organización criminal cuyo principal objetivo es la “reintroducción en España, y otros países de la Unión Europea, de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios”.

La Policía ordenó investigar su patrimonio hace dos años tras conocerse que, siendo aún policía, tenía intereses en una docena de empresas

La investigación tiene su origen en una supuesta denuncia anónima recibida el pasado mes de abril, en la que se alertaba de actividades ilícitas que estarían llevando a cabo el comisario ya jubilado y Carlos Salamanca y que les estaría procurando un notable enriquecimiento.

En marzo de 2015, El País informó de que Villarejo -éste se jubiló en agosto de 2016 al cumplir los 65 años- estaba vinculado a una docena de sociedades que acumulaban un capital social de 16 millones de euros. El comisario ya retirado ha negado que hubiera colisión entre su actividad como empresario y como policía. Así lo explicó a preguntas de El Independiente: “En 1983 empecé una excedencia de diez años en la Policía y me impliqué en el despacho de abogados e incluso monté una empresa musical. En esos años me seguían pidiendo favores en la Policía porque mantenía buenas relaciones. En otra ocasión me pidieron que, como en Uruguay había una gran colonia de ETA, montara sociedades allí. En 1993, el ministro Corcuera me dijo que estaba trabajando divinamente pero que, como estaba fuera, a mis informes no podían darle la entidad debida y que querían darme la condición de activo para poder decir que quien informaba era un policía. Desde que volví en 1993 nunca fui un policía al uso: nunca tuve despacho, nunca tuve comisaría, nunca dependió de mí nadie y nunca tuve acceso a base de datos. Nadie sabía que yo era policía”.

En la etapa de Eugenio Pino, la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional encargó una investigación sobre el patrimonio de Villarejo, realizado por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y que la Fiscalía terminó archivando al no apreciar ningún indicio delictivo.

‘Guerra policial’

José Manuel Villarejo (El Carpio, Córdoba, 1951) es uno de los comisarios que más protagonismo ha tenido en los medios de comunicación en los últimos años. Se trata de uno de los mandos implicados en la llamada ‘guerra policial’ desatada durante la pasada legislatura y agente encubierto en algunas de las operaciones más importantes de los últimos años como la que permitió que se conociera el patrimonio oculto de la familia Pujol. Jubilado desde agosto de 2016, Villarejo sigue siendo noticia, ahora por su detención e ingreso en prisión.

Villarejo se encuentra actualmente imputado en una de las piezas del caso Pequeño Nicolás y en la causa en la que se investiga el presunto apuñalamiento de la conocida dermatóloga madrileña Elisa Pinto, después de que ésta lo identificara en una rueda de reconocimiento como la persona que le agredió. El controvertido ex comisario de Policía también ha sido denunciado por el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín-Blas por la redacción de unas notas informativas en las que le acusaba de despreciar relevantes líneas de investigación sobre el patrimonio de la familia Pujol. Esas notas han sido aportadas al procedimiento que se instruye en Andorra contra Martín-Blas en Andorra por parte del ex presidente de Banca Privada de Andorra (BPA).