Ante las críticas por su supuesta excesiva dureza con dirigentes independentistas o la interpretación del delito de rebelión, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha enviado un comunicado en el que realiza una defensa cerrada de la juez Carmen Lamela (a la que el comunicado no cita directamente). «La indepencencia judicial es un elemento esencial para el ejercicio de la función jurisdiccional. Sin jueces independientes, no hay Estado de Derecho», dice la breve nota. «Por eso quien cuestiona insistentemente la independencia de nuestros jueces y magistrados quiere erosionar la credibilidad de nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho».

Además, a juicio de la AN, «los hechos investigados, valorados provisionalmente, no constituyen un hecho aislado, sino que responden a una estrategia diseñada por los máximos responsables institucionales del Gobierno y Parlamento catalán, en connivencia» con Sànchez y Cuixart «para subvertir el orden constitucional».

Con esta conclusión, la Audiencia Nacional, cuya juez Lamela decretó el envío a prisión incondicional tanto de los líderes de Ómnium y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, como de ocho ex consellers de la Generalitat encabezados por el vicepresident Oriol Junqueras (ERC), se protege de las críticas. Críticas que han llegado desde -lógicamente- el campo del independentismo, pero también desde otras partes como la asociación progresista Jueces para la Democracia.

En un comunicado que ha levantado ampollas, Jueces para la Democracia rechaza, al igual que el Gobierno central, «que cualquier encartado en un proceso penal pueda ser calificado como preso político«. Sin embargo, en el mismo comunicado conceden que «el presente caso -la acusación por parte de la Fiscalía a dirigentes catalanes de rebelión o sedición, además de malversación- es excepcional y nos preocupa una interpretación extensiva del Derecho Penal y limitativa de la libertad personal».

Polémica entre jueces

«Resulta difícil de explicar la diferencia de trato de la misma querella en dos tribunales distintos, donde en uno se ha considerado que había vulneración del derecho a la defensa y se ha otorgado a los querellados una semana para preparar la declaración, mientras que en el otro tribunal se les cita en un festivo y 24 horas antes de declarar», reza la parte de la nota de JxD que más ampollas ha levantado. Se refiere la asociación al aplazamiento de una semana concedido por el Tribunal Supremo a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y a otros seis miembros de la mesa de dicha cámara.

Ante todas esas críticas, la Sala de Gobierno de la Audiencia ha terminado por estallar. «Exigimos el máximo respeto a la independencia judicial de conformidad con la normativa internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos».