Gobierno y Partido Popular manejan estudios electorales que apuntan a que el próximo 21-D puede haber cerca de 700.000 votantes que hasta ahora no se habían movilizado en autonómicas y que estarían dispuestos a hacerlo por primera vez el próximo 21 de diciembre en los comicios catalanes. Ahora bien, ni en Moncloa ni en Génova apuntan necesariamente a que ese electorado milite en las filas del constitucionalismo.

De hecho, su comportamiento es una incógnita que distorsiona los sondeos. Sin recuerdo de voto, fuentes populares señalan que “es un fenómeno similar al que se produjo con la aparición de Podemos en las europeas del año 2014”. Ninguna encuesta fue capaz de detectar su fuerte crecimiento a pesar de que les llevó a conseguir cinco asientos en la Eurocámara. Fue una sorpresa para todos los sociólogos y expertos en demoscopia, excepto para los estudios que manejaba Carolina Bescansa, hoy depurada en su formación, la misma que sigue clamando por la necesidad de que su formación se  dirija más al conjunto de los españoles y no tanto a los independentistas.

La sociedad catalana está muy movilizada, sí, pero no está claro en qué sentido

La sociedad catalana está muy movilizada, sí, pero no está claro en qué sentido. Hay un despertar de esa llamada mayoría silenciosa, la misma que no salía de casa en autonómicas por considerarse poco o nada concernida pero que, en cambio, sí lo hacía en generales. Si algún efecto positivo ha tenido la carrera independentista hacia la nada es que ha sacado a la calle a cientos de miles de personas que nunca se habían manifestado y, mucho menos, que lo hubieran hecho contra el discurso político omnipresente e imperante de la independencia.

Los partidos constitucionalistas ponen su esperanza en ese sector de la población. De hecho, en las autonómicas de 2015 se produjo uno de los índices de participación más alto en unos comicios regionales. Acudió a los colegios electorales el 74,95% del electorado, todo un récord. Y en voto popular ganaron las formaciones no declaradas independentistas aunque el reparto de escaños les favoreciera en el Parlament. Si finalmente se movilizan esos 700.000 electores puede producirse una participación histórica.

La aplicación del 155 “durará hasta la investidura del nuevo presidente”, sea quien sea

En Moncloa señalan que “no sabemos cuál será el comportamiento electoral de esos votantes”, al tiempo que admiten que “aquí, euforias, las justas”. El mayor riesgo es que el 21-D derive en un reparto de fuerzas que no difiera mucho del actual. Eso sí, aseguran que si una cosa está clara es que la aplicación del 155 “durará hasta la investidura del nuevo presidente”, sea quien sea. Esa es su fecha de caducidad. De volver el independentismo a las mismas andadas habría que abrir un nuevo proceso de intervención.

Contra las especulaciones que hay al respecto, el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maillo, afirmó este martes en presencia de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que “en el propio acuerdo (del 155) se dice que este proceso termina con un nuevo gobierno en la Generalitat”. Y tras defender que este artículo constitucional “no es un capricho, sino la respuesta a un desafío contumaz”, comentó que “los gobiernos independentistas no están sancionados por la ley”, pero sí los que la conculcan.

Si el independentismo no suma, En Comú Podem será el arbitro de la situación y se decantará hacia un tripartito de izquierdas

Otras formaciones están mucho más optimistas respecto al escenario post 21-D, sobre todo tras conocer los resultados del CIS de octubre con intención de voto. Es el caso de Ciudadanos, para quien su ascenso de tres puntos en el conjunto de España es el preludio de un crecimiento aún más acentuado en Cataluña.

El hecho de que sea la formación que lidera Albert Rivera la que mejor rentabiliza de los partidos constitucionalistas el órdago secesionista catalán, ha insuflado de optimismo a los naranjas, que ya ven a su candidata, Inés Arrimadas, con serias posibilidades de ocupar el despacho de la plaza de Sant Jaume si los independentistas no suman. Pero para ello necesita el permiso de En Comú Podem, que todo apunta a que se convertirá en árbitro de la situación y se decantará por la formación de un tripartito de izquierdas con ERC y el PSC.

CIS catalán

No ha dicho eso, sin embargo del CIS catalán. El sondeo del Centro de Estudios de Opinión (CEO) conocido el pasado 31 de octubre apuntaba a un nuevo triunfo de los independentistas, que podrían experimentar la pérdida de algún escaño, pero conservar la mayoría absoluta parlamentaria. La proyección de resultados se hacía sobre la base de un 75% de participación siendo los votantes de Junts pel Sí, ahora divididos en dos candidaturas, y los de Ciudadanos, los más movilizados.

Otra cuestión es cómo puede comportarse ese sector del independentismo más ultramontano defraudado por una independencia que se le prometió en 18 meses y que debiera haber culminado en marzo de este año. Los constitucionalistas suspiran por que se quede en casa.