La Fiscalía belga ha enviado un cuestionario que resulta insultante para cualquiera que conozca, aunque sea sólo un poco, la realidad penitenciaria española de los últimos 20 años. Habría que remitirle al propio Puigdemont esa larga lista de preguntas, que incluyen no sólo el tratamiento que reciben los presos en España sino que incluso indagan sobre la legitimidad del procedimiento penal que se sigue en nuestro país contra el ex presidente de la Generalitat, porque resulta que él ha gobernado una comunidad que tiene cedidas las competencias penitenciarias hace muchos años y no se tienen noticias de que haya planteado esta clase de infamantes dudas sobre las cárceles catalanas que estaban bajo su responsabilidad.

Digo esto porque el cuestionario enviado por el fiscal belga, que trata a la democracia española como si fuera una réplica de aquella Unión Soviética de los gulags, los campos de concentración donde murieron por millones, hambrientos, desharrapados y destruidos por el frío los allí destinados, no es muy probablemente el resultado de una iniciativa estúpida por parte de un representante del ministerio público de Bélgica que esté afectado por ese mal tan frecuente entre los  europeos del Norte hacia esa España cañí que desapareció hace una eternidad: el mal de la petulancia de una superioridad apoyada en la más total ignorancia.

El mal tan frecuente entre los europeos del Norte hacia esa España cañí que ya desapareció: la petulancia de una superioridad apoyada en la más total ignorancia

No es probablemente eso. Creo que estamos ante el intento del fiscal de armarse de argumentación ante el intento del abogado de Puigdemont y los suyos de evitar su traslado a España esgrimiendo precisamente estos argumentos por los que la Fiscalía se ha interesado. Quiero decir que lo que hemos leído es la búsqueda a cargo de la Fiscalía de respuestas sólidas con las que oponerse a la estrategia de defensa planificada por el señor Paul Bekaert, especializado en defender a los terroristas de ETA recurriendo a acusaciones similares a las que ahora ha trasladado la Fiscalía belga a la juez Lamela de la Audiencia Nacional. En definitiva, Puigdemont y los suyos pretenden esgrimir que el sistema penitenciario español y también el sistema judicial son más o menos como los de la Siria o el Irak de nuestros días, o como los de la extinta Unión Soviética de sus peores tiempos. Todo para intentar conseguir que el juez decida no enviarlos de regreso a España.

Y es a eso a lo que la Fiscalía tendrá que responder en el día de hoy y en ocasiones sucesivas si es el caso. Pero lo interesante de ese cuestionario que provoca tanto estupor como escándalo es que pone al descubierto la línea argumental tras la que pretenden esconderse los antiguos miembros del gobierno de la Generalitat huidos de la Justicia española. De eso también habrá que pedirles cuentas políticas -penales no se puede- cuando más temprano o más tarde sean enviados de vuelta. Esta que está detrás de cada pregunta es la descripción que el abogado Bekaert, con la connivencia de sus defendidos, hace de la democracia española.

El envío de este cuestionario, y de otro que habrá contestado la propia juez Lamela, llegó a sus destinatarios en torno al lunes pasado. Las respuestas han sido ya enviadas y a estas alturas estarán ya en manos de la Fiscalía, que es la que tendrá a su disposición todos los argumentos para rebatir los infundios del abogado. Se han dado mucha prisa las autoridades españolas en contestar con muchísimo detalle a todos los aspectos planteados, ya digo que también en el ámbito del procedimiento judicial. Y no sólo eso: también ha recibido el fiscal un amplísimo reportaje fotográfico de la cárcel de Estremera, donde se alojaría a los varones si se decretara para ellos la prisión provisional, y de la de Alcalá Meco, donde estarían las mujeres en ese mismo caso. Ahí han ido fotografías de las celdas, de las duchas, del gimnasio, de las salas de recreo, de la enfermería, de los patios, de todo lo que pueda dar al fiscal una idea clara de la magnitud del embuste que le intenta colocar malignamente el defensor de terroristas y ahora de los dirigentes secesionistas fugados.

Por poner un ejemplo: Estremera es a La  Santé de París como un hotel de cinco estrellas a la pensión de las chinches

Y vaya por delante otra cosa: las cárceles españolas de la última generación, de los años 90 para acá, no sólo cumplen los más exigentes estándares modernos en materia penitenciaria sino que le dan sopas con ondas a la mayor parte de las prisiones de nuestros socios europeos. Por poner un ejemplo: Estremera es a La  Santé de París como un hotel de cinco estrellas a la pensión de las chinches. Y así sucesivamente.

No en esos términos, naturalmente, pero ésa es la conclusión que cualquiera que lea el informe enviado al fiscal por las autoridades españolas del ministerio del Interior obtendrá a poco despejado que sea de cabeza. Por lo tanto, lo más probable -en estas cosas nunca se sabe nada con seguridad- es que el marrullero abogado no consiga que cuelen las infamias y las calumnias vertidas por él ante la Fiscalía para impedir que estos señores fugados consigan escapar de la acción de la Justicia. Porque, aunque su presencia en España y su participación en la campaña electoral nos van a causar más de un dolor de cabeza, la correcta marcha del sistema democrático español requiere que sean enviados de vuelta a su país que es también el nuestro.

Esperemos que el humillante trago que hemos tenido que pasar haya merecido la pena.