La Fiscalía belga ha solicitado información sobre las instituciones penitenciarias españolas, como paso previo a la declaración de este viernes de Carles Puigdemont y los ex consellers que están en Bruselas tras dejar España.

En un requerimiento enviado a las autoridades españolas, el Ministerio Público del país europeo solicita información sobre la vida diaria de los presos en nuestro país, sus condiciones y calidad de vida y el acceso que tienen a servicios tan básicos como la salud o la higiene personal en prisión.

Entre las preguntas que tendrán que responder la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, a la que va dirigida esta petición, están:

  • ¿En qué cárcel quedarán encerrados?
  • ¿Las circunstancias de detención en estas cárceles son de conformidad con la Convención Europea de Derechos Humanos”
  • ¿Cuáles son las dimensiones de la celda? ¿Cuál es el espacio vital individual?
  • ¿Hay acceso suficiente y regular a equipamiento sanitarios, duchas, etc.? ¿Qué tal es el acceso a la asistencia médica?
  • ¿La comida es suficiente y de buena calidad?
  • ¿Existe bastante ocasión para recreación y actividades?
  • ¿Existe la posibilidad de que los implicados queden encerrados en una celda de aislamiento?
  • ¿Pueden verse confrontados con la violencia de codetenidos o hasta del personal de la cárcel?

Estas no son las únicas cuestiones que parecen preocupar a los magistrados belgas, que no sólo realizan cuestiones tan cuestionables como si los presos comen como es debido. Además, preguntan sobre el régimen de visitas para familiares o abogados, o si se les aplicaría un procedimiento normal o especial.

Del mismo modo, la Fiscalía belga exige saber cómo será el proceso una vez que Puigdemont y los ex consellers aterricen en España. “¿Se les tomará declaración a su llegada?” o “¿El juez que instruye la causa será el mismo que les juzgara?”, son algunas de las cuestiones que parecen preocupar a los magistrados del país en el que se han refugiado los ex miembros del Govern. Incluso preguntan si el caso será juzgado “en la Audiencia Nacional o en un tribunal ordinario”.

Citados a declarar

Tanto Puigdemont como sus ex consellers Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxel Serret (Agricultura) están en libertad con medidas cautelares, tal y como decidió en su momento el juez de instrucción tras la petición de la Fiscalía de Bruselas.

Los cinco se negaron a ser trasladados a España y, por tanto, tendrán que comparecer este viernes ante el juez de primera instancia, que debe decidir si ejecuta la euroorden de entrega. La cita será en la Cámara del Consejo a las 14 horas, y a puerta cerrada.

A todos ellos se les ha prohibido viajar al extranjeros sin permiso del juez de instrucción, deben comunicar una dirección de residencia y tienen que acudir personalmente cuando se les convoque, de ahí que se de por casi segura su asistencia a la cita de este viernes.

El juez de primera instancia tendrá 24 horas para emitir su sentencia, que podría ser la entrega de Puigdemont y los ex consellers a España. Si estos lo rechazan tendrían la posibilidad de recurrir ante una instancia superior, el Tribunal de Apelaciones, así como a la Corte de Casación. El proceso podría durar alrededor de 60 días, aunque podrían ser más por motivos excepcionales.