La huida de Carles Puigdemont a Bélgica se inscribe en la narrativa de autojustificación victimista que ha inspirado al nacionalismo catalán de la era post Pujol.

Se ha pasado del pragmatismo a la épica, del «España nos roba», al «esto va de democracia».

Tras declarar la independencia y ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el ex presidente de la Generalitat tomó la decisión de fugarse rocambolescamente de España. Se trasladó en coche hasta Marsella donde -acompañado por un grupo de ex consellers– tomó un avión hasta Bruselas, como para despistar a unos invisibles perseguidores. Podía haber hecho perfectamente el mismo trayecto desde Barcelona, pero ese sencillo viaje no hubiera sido coherente con un relato que dibuja a España como una dictadura heredera del franquismo.

La elección de Bélgica no es casual. Bruselas es la capital de Europa y la ciudad con más periodistas por kilómetro cuadrado del mundo. Además, el sistema judicial belga es lo suficientemente garantista y complejo como para dificultar hasta la nausea la acción de los tribunales españoles. Pero, aún más importante: Bélgica es un país prácticamente sin estado en el que la causa independentista catalana cuenta con un sólido apoyo en la región de Flandes.

La Fiscalía de Bélgica se ha prestado a la fabulación del ex presidente de la Generalitat de que en España no se respetan los derechos humanos

A Puigdemont le gusta Bélgica porque es un país en el que las regiones pesan más que el propio estado. También porque la lengua es el elemento fundamental diferenciador entre las dos comunidades mayoritarias: en Flandes se habla holandés y, en Valonia, el francés. Y, por último, porque es un país, sobre todo la parte flamenca, donde el odio a los españoles se ha cultivado desde la presencia en los Países Bajos de los Tercios de Flandes.

Las prédicas de Puigdemont contra la falta de democracia en España suenan en algunos oídos a música celestial. Pero es curioso que el único partido que ha propuesto en el Parlamento Flamenco el reconocimiento de la independencia de Cataluña y que ha condenado la «represión» de la policía española en la sesión plenaria del pasado 8 de noviembre sea Vlaans Belang, un grupo ultraderechista heredero del Vlaams National Verbond (VNV), que colaboró con los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

Influida por el abogado de Puigdemont (el experto en extradiciones de etarras Paul Bekaert) la Fiscalía de Bélgica ha remitido un insultante cuestionario a la Audiencia Nacional preguntando sobre las condiciones de las cárceles españolas. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, no ha tardado en responder: «Nadie nos va a dar lecciones sobre las cárceles».

El modelo belga puede ser un espejo para el soberanismo catalán, pero sus carencias son evidentes. En su libro Sobre el olvidado siglo XX, Tony Judt afirma: «Al no haber control gubernamental, no es sorprendente la gran incidencia de la corrupción y el soborno a alto nivel». El prestigioso profesor, que impartió clases en Cambridge, Oxford, Berkeley y Nueva York resalta la falta de eficacia de la policía belga por su fragmentación: «Estos cuerpos no cooperan, ni siquiera comparten información». «Bélgica -concluye- no es un Estado, ni siquiera dos, sino un parche desigual de autoridades que se solapan y duplican».

Si son injustificables dentro de la UE los paraísos fiscales, mucho menos deberían serlo los paraísos judiciales

Carlos Marx decía que Bégica era «el paraíso de los capitalistas» y Baudelaire llamaba la atención sobre «su falta de vida, pero no de corrupción». Más recientemente, el ex primer ministro Guy Verhofstadt ha llegado a decir que Bélgica es poco más que una cleptocracia de partidos.

No hay país en Europa que pueda dar lecciones de democracia a otro. Cada uno tiene su historia y sus detractores. Cuando los etarras se refugiaban en Bélgica lo hacían por las mismas razones que Puigdemont: buscaban eludir la acción de la justicia con la justificación de que en España no había un Estado de Derecho. No hay ningún motivo para que en los países que forman parte de la UE se justifique la protección a presuntos delincuentes, sobre los que pesa una orden de extradición. Si son injustificables dentro de la UE los paraísos fiscales, mucho menos deberían serlo los paraísos judiciales.