Dos horas después de votar la proclamación de la república catalana en el Parlament, Carles Puigdemont se reunía con parte de su ejecutivo para analizar los pasos a seguir, mientras al otro lado de los muros del Palau de la Generalitat cientos de personas disfrutaban de la fiesta de la república organizada por la Ómnium y la ANC. Gossos y Amics de les Arts, actúan de nuevo, como en el mitin final de campaña, en una fiesta centrada en el aquí y ahora. Nadie en la Plaza Sant Jaume quiere pensar en lo que pasará el sábado, o el lunes.

Pero esa es, ahora, la gran pregunta. Qué hará el Govern tras la aprobación de los decretos de aplicación del 155 que suponen el cese de su ejecutivo y la disolución del Parlament para convocar nuevas elecciones. Ante Puigdemont, sólo dos opciones: asumir el cese y frustrar en unas horas la ilusión de la república generada entre los independentistas, o enrocarse en las instituciones a la espera de que las defienda la gente en la calle. Ahora, PDECat y ERC debaten si participan en las elecciones del 21-D y si acuden juntos a las mismas.

Ahora, a defender la república

Esa es la opción para la que se ha preparado la CUP y una parte de JxS, que desde que se puso sobre la mesa el artículo 155 de la Constitución han señalado la necesidad de mantener la movilización para «defender el autogobierno y las instituciones catalanas». Así lo constaban los alcaldes y cuadros independentistas al abandonar el Parlament: «Ahora toca defender la república».

Un escenario que pasa por que Puigdemont y sus consellers se hagan fuertes en las sedes de la Generalitat, protegidas por militantes independentistas que se opongan a cualquier intervención de la Policía o la Guardia Civil. Se trata, en resumen, de volver al escenario del 1 de octubre.

Los sectores más movilizados del independentismo ya han empezado a dar pasos en ese sentido. Los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) -rebautizados desde ahora como Comité de Defensa de la República- no han dejado de reunirse tras el 1-O para organizarse a la hora de convocar concentraciones, secundar las convocatorias de la ANC y Ómnium y prever los pasos a dar tras la proclamación de la independencia.

La diputada de la CUP Mireia Boya apuntaba ya esta opción rechazando participar en las elecciones autonómicas anunciadas por Mariano Rajoy. Con un tuit en su cuenta personal afirmaba: «El 21 de diciembre, paella masiva insumisa».

https://twitter.com/yeyaboya/status/923981246983753730

La segunda fuente de resistencia con la que cuenta el actual Govern de la Generalitat son los propios funcionarios autonómicos. Una resistencia que puede ir desde la negativa frontal a aceptar la legalidad «española» con la que amenazan algunos ahora, a la obstrucción del funcionamiento de la administración sin una declaración abierta de desobediencia.

Un escenario que puede ser especialmente grave en ámbitos como el de la seguridad, habida cuenta de la división que ha generado el procés en el Cuerpo de Mossos d’Esquadra, pero no son desdeñables las dificultades y disfunciones que puede provocar una suerte de resistencia pasiva en la administración de la Generalitat. Una administración responsable de la seguridad, sanidad, educación y servicios sociales, que ahora pasará a depender de los ministerios correspondientes.

Elecciones el 21-D

PDECat y ERC debaten ahora si participan en las elecciones del 21-D y si acuden juntos a las mismas. El matiz es si convocan elecciones «constituyentes» para finales de año, han explicado a Efe diversas fuentes soberanistas.

Por el momento, los miembros del Govern no contemplan acatar su cese y preparan los siguientes pasos a dar para desarrollar el encargo recogido en la resolución aprobada este viernes por el Parlament.

Sobre la mesa, según las fuentes soberanistas consultadas, figurará el análisis de los escenarios que se abren a partir de ahora, incluida la posibilidad de convocar elecciones «constituyentes» para antes de final de año.