El discurso de la violencia y la represión del Estado es esencial para los partidos independentistas, que en la última semana se han esmerado en la recomposición de su relato: «La independencia no fue posible porque no esperábamos la reacción violenta del Estado». Y ese discurso, cuya cúspide alcanzó ayer Marta Rovira, lleva implícita la denuncia constante de los «presos políticos» y su reivindicación, tanto en discursos como en las listas electorales.

Una situación especialmente sintomática en el PDCat, donde los únicos miembros de la dirección del partido que se han visto premiados con lugares destacados en la candidatura son el ex president, los ex consellers y miembros de la Mesa del Parlament implicados en las causas judiciales derivadas del proceso independentista. El resultado: una lista de independientes e imputados que puede poner en serios aprietos al bloque independentista en el futuro Parlament.

Carles Puigdemont, Jordi Turull, Josep Rull, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Lluís Guinó han tenido lugares destacados en la lista de JxC, a los que han renunciado Joaquim Forn, Meritxell Borràs. En las filas republicanas, ese papel lo ocupan Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell, Carles Mundó, Toni Comín, Dolors Bassa y Meritxell Serret. Son seis nombres en la lista de JxC y siete en la de ERC en un bloque que durante la última legislatura ha impuesto su rodillo con el escaso margen de cuatro diputados sobre la mayoría absoluta.

Trabas políticas, no legales

Los diferentes procesos judiciales abiertos contra todos ellos por su papel en el proceso independentista no suponen ninguna traba para su inclusión en las candidaturas. No existe sentencia firme contra ninguno de ellos, señalan las fuentes jurídicas consultadas, por lo que conservan su derecho al sufragio pasivo. Tampoco es aplicable en su caso el artículo 6.4 de la Loreg que establece la incompatibilidad por ilegalización de un partido político.

Los problemas empezarán en el momento en que deban tomar posesión de su acta como diputados, para hacer efectiva su elección. Algunas fuentes recuerdan que esa toma de posesión debe hacerse en persona, por lo que, de seguir en prisión condicional los miembros del Govern que se encuentran encarcelados no podrían hacer efectiva su condición de diputados. Un hecho que, en el caso de Oriol Junqueras, lo convertiría además en inelegible como presidente de la Generalitat, motivo por el cual ya ha señalado a Marta Rovira como sucesora.

Otras fuentes descartan este escenario, puesto que llegado el caso lo más probable es que el tribunal responsable, ya sea la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, autorice su salida de prisión para tomar posesión del acta de diputado. Pero apuntan que, una vez constituido el Parlament, las votaciones exigen la presencia de los electos para participar en ellas.

El voto solo puede ser delegado, según el reglamento de la Cámara autonómica, por enfermedad. Por tanto, la ausencia de los encarcelados, así como los huidos en Bruselas, pondría en riesgo la mayoría independentista, que según todas las encuestas será tan precaria como la de la legislatura que acaba de concluir.

El escenario para Puigdemont

Este escenario es especialmente preocupante para Carles Puigdemont y los cuatro consellers huidos que sí forman parte de las candidaturas independentistas: Ponsatí y Puig por JxC, Bassa y Comín en ERC. En el caso de los ex miembros actualmente encarcelados, es posible que en el momento en el que el juez del Tribunal Supremo Pedro Llarena asuma la causa contra ellos aplique el mismo criterio con ellos que con la Mesa del Parlament y salgan en libertad condicional bajo fianza.

Pero si los huidos agotan la vía belga y esperan a ser extraditados por la justicia de este país, la justicia española sólo podría dictar prisión sin fianza, puesto que ya han acreditado su voluntad de fuga. Consciente de ello, Puigdemont ha insistido en los últimos días, en las diversas entrevistas concedidas, en que sería inadmisible su detención tras una victoria electoral que, a su juicio, supondría un aval popular a sus actos como president. Un argumento inaceptable para la justicia española, pero que ya empieza a preparar como siguiente eslabón en su discurso del agravio.