La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela remitió ayer martes al Tribunal Supremo, a petición del magistrado Pablo Llarena, el informe sobre la posible acumulación de las causas abiertas en relación con el proceso secesionista de Cataluña: «Lamela considera que se debe acumular porque se está investigando a los miembros de una compleja organización donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente, contraviniendo el orden constitucional y estatutario», confirma la Audiencia Nacional.

La juez entiende que los delitos investigados son conexos, y que si se escindiera la causa «dificultaria enormemente la investigación conjunta de los hechos y la determinación clara de responsabilidades de los investigados». Actualmente la juez, que envió a prisión incondicional a ocho miembros del Govern, entre ellos Oriol Junqueras, y a los líderes de Ómnium y ANC, Jordi Sànchez y Cuixart, respectivamente. De esta manera, el Supremo terminará unificando todas las causas del procès por «desobediencias, prevaricaciones, malversaciones de caudales públicos, y sedición». La palabra rebelión no aparece en el auto.

Liberación antes del 21-D

Se abre así la vía para la liberación de la cúpula independentista, siguiendo la misma vía adoptada por el Supremo para la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y los demás miembros de la mesa (libertad con fianza). Una liberación que puede llegar antes de las elecciones autonómicas del 21-D. Solo el ex presidente Carles Puigdemont y los ex consellers que lo acompañan están en espera de una orden de extradición en Bélgica, donde ya ha declarado (volverá a hacerlo el 4 de diciembre).

El informe de Lamela es muy duro y carga contra lo que la magistrada considera » una organización con reparto de papeles, en ejecución de un plan preconcebido». «Lo actuado hasta el momento hay elementos para considerar que las personas investigadas forman parte de una organización que actuaban con unidad de propósito, con arreglo a un plan común y con reparto de tareas y responsabilidades para lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como República independiente», reza la nota enviada por la Audiencia.

Lamela habla en su informe del «papel esencial de los Mossos d’Esquadra», del «desvío de fondos públicos y asignación de recursos tecnológicos de la Generalitat para la causa secesionista» y de la «articulación de planes de comunicación y propaganda de apoyo al movimiento secesionista dentro y fuera de Cataluña».

Se refiere fundamentalmente al Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT), «que si bien se presenta como una suerte de consorcio público-privado, lo cierto es que actúa como una suerte de cuerpo diplomático paralelo al estatal» y que está presidido por el president de la Generalitat, hasta el momento el cesado y huido Carles Puigdemont.

El presidente catalán en Diplocat, prosigue la juez, es el encargado de promover en el exterior acciones tendentes a simpatizar con el proyecto secesionista, «buscando el reconocimiento internacional y la expansión internacional del conflicto».

En esa colaboración con los fines independentistas, Lamela también observa «la actuación desplegada por determinadas personas desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), cuyo apoyo tecnológico ha sido esencial en la actividad desarrollada de cara al proceso, especialmente en lo que afecta a la celebración del referéndum».

Con todo, aún tiene que pronunciarse el juez del Supremo que instruye paralelamente la causa secesionista, Pablo Llarena. Llarena tendrá que estudiar todos los informes de las partes y resolver cuando él lo determine.