El ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha pedido al juez que instruye el caso Lezo la devolución de agendas «con anotaciones estrictamente personales» y «claves de acceso informática», así como documentación relacionada con la causa del ático de Estepona en la que está imputado por carecer de trascendencia para el procedimiento que le ha mantenido en prisión preventiva durante más de 200 días y por afectar a la intimidad de terceras personas ajenas al mismo.

En un escrito fechado este viernes, al que ha tenido acceso El Independiente, la defensa del antecesor de Cristina Cifuentes al frente del Ejecutivo madrileño reclama al titular del Juzgado de Instrucción Central 6 de la Audiencia Nacional de diversos efectos precintados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante los registros practicados el pasado 19 de abril en el marco de la Operación Lezo tanto en su vivienda de Aravaca como en su despacho profesional de la madrileña calle de Alcalá. De no acceder el magistrado a esta pretensión, pide que al menos no se le dé traslado a las partes personadas en la pieza separada de expurgo «a fin de impedir que se conozcan con detalle y se filtren a los medios de comunicación» cuestiones que afectan a sus hijas, a otras personas y a empresas «de relevancia pública».

Entre los efectos cuya devolución solicita González figura una agenda con «anotaciones estrictamente personales», como «comentarios» y «reflexiones políticas» para la redacción de artículos en La Razón -diario del que fue columnista tras su salida del Gobierno regional- y para la «preparación de campañas electorales», «anotaciones de frases de políticos relevantes», «claves de acceso informáticas» y «listas de canciones», así como de otra de seguimiento de asuntos por consejerías cuando ejercía como coordinador de Gobierno de la Comunidad.

El ex presidente madrileño y su mujer reclaman que no se dé traslado a las partes de efectos intervenidos por la UCO  por ser ajenos a la causa

También pide al magistrado Manuel García-Castellón que ponga nuevamente a su disposición documentación que afectaría a su estrategia de defensa en relación tanto en el procedimiento que el Juzgado de Instrucción 5 de Estepona sigue contra él y su mujer, Lourdes Cavero, por la adquisición de un ático como en el que él promovió por haber sido objeto de espionaje durante su etapa en la Comunidad de Madrid.

Igualmente, Ignacio González considera intrascendente para la causa los borradores de un contrato de préstamo suscrito con su padre -inicialmente imputado en el caso Lezo, pero sobre el que recientemente el instructor ha archivado las actuaciones al no apreciar indicios de un delito de blanqueo de capitales- e información bancaria sobre gastos de su progenitor, documentos relativos a «un proyecto personal de trabajo», direcciones y contraseñas de sus perfiles en redes sociales y correos personales.

El abogado Esteban Mestre también formula la misma petición en nombre de Lourdes Cavero, de cuya defensa también se encarga. La esposa de González intenta que documentación «personal y privada» precintada por la UCO durante el operativo policial desplegado en su casa la pasada primavera quede también fuera del alcance de las partes personadas por entender que afecta «a su actividad profesional y a la intimidad de terceros no investigados».

Entre la documentación precintada por los investigadores hay borradores de un préstamo con el padre de González e información de gastos de sus hijas

Así, Cavero interesa la devolución de un archivador con documentación tributaria y referente a gastos de sus hijas; fotografías personales, recortes de prensa e información sobre las viviendas de éstas; carpesanos con información económica de la empresa Subastas Segre -de la que es socia- con datos «sensibles» sobre condiciones laborales y económicas de sus empleados y libretas con anotaciones sobre «reuniones de trabajo con empresas».

Igualmente, la esposa de González pide que le devuelvan un extracto de una cuenta bancaria que afecta a su madre, el talonario de una cuenta bancaria en la que invirtió la indemnización que percibió por un ERE en el año 2011 e información económica sobre otra cuenta por su trabajo en Bruselas.

«En definitiva, toda la documentación sobre la que solicito la devolución es ajena a la causa pero, en cualquier caso, si ésta no se acordara, sí debe excluirse del conocimiento general a las partes personadas, a fin de impedir que se conozcan con detalle y se filtren a los medios de comunicación cuestiones personales y privadas que afectan no sólo a mis mandantes, sino a sus hijas, no investigadas en la presente causa, y a terceras personas o empresas de relevancia pública, también ajenas a la misma», concluye el escrito.