Tatiana Sonsoles Recoder, antigua responsable de los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid, ha defendido la actuación de Cristina Cifuentes en el concurso público por el que se adjudicó el contrato para la explotación del servicio de cafetería en la Cámara autonómica al grupo de Arturo Fernández y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que se otorgó «de manera preconcebida» al empresario madrileño, que ha confesado en sede judicial haber realizado donaciones al PP de Madrid.

Así lo ha mantenido la imputada durante su declaración este jueves ante el juez que instruye el caso Púnica, Manuel García-Castellón, que ha reactivado esta línea de investigación después de que ni su antecesor al frente del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional -Eloy Velasco- ni el anterior fiscal jefe Anticorrupción -Manuel Moix- consideraran que las conclusiones detalladas por los investigadores de la UCO en sendos informes elaborados el pasado mes de marzo no eran merecedoras de reproche penal para la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid. En su condición de vicepresidenta primera del Parlamento autonómico, Cifuentes fue la presidenta de la mesa de contratación e integró el comité de expertos que valoraron las ofertas que pujaron por el contrato.

Las fuentes jurídicas consultadas por El Independiente han indicado que la comparecencia de Tatiana Sonsoles Recoder ha girado en gran parte en torno a jurisprudencia y legislación, al tiempo que han señalado que la investigada ha anunciado su intención de aportar a la causa diversa documentación -como sendos informes del secretario general de la Asamblea de Madrid y diversos contratos- que vendrían a acreditar que el procedimiento de contratación del servicio de cafetería, cocinas y comedores del Parlamento regional se ejecutó conforme a la legalidad.

La ex jefa jurídica de la Asamblea de Madrid dice al juez de ‘Púnica’ que aportará documentación que acreditará la limpieza de la adjudicación a Arturo Fernández

En sendos informes fechados los pasados 1 y 27 de marzo, la UCO había pedido al entonces instructor -el juez Eloy Velasco, en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional desde el pasado mes de mayo- la imputación de Cifuentes por la posible comisión de delitos continuados de cohecho y prevaricación por su intervención en este proceso de adjudicación.

Según los investigadores, dicho comité favoreció de manera preconcebida al grupo empresarial Cantoblanco con la decisión de adjudicarle de antemano los citados servicios a través de conductas «arbitrarias que derivaron en actos injustos y de percepción paladina». La UCO llegó indiciariamente a esta conclusión tras tomarle declaración a Sonsoles Recorder y a otros dos miembros de la mesa de contratación: María Merino Muñoz, jefa de Protocolo de la Asamblea de Madrid, y Arturo Zubiri García, técnico asesor de la Secretaría General que ejerció como vocal y secretario en la licitación de 2011. Esos testimonios revelaron «significativas y evidentes contradicciones».

«Partícipes y conocedoras»

La UCO no pasó por alto el hecho de que se evaluara la propuesta presentada por Clece SA en 2011 con cero puntos con la justificación de que no había aportado documentación alguna, a diferencia de sus rivales. Cifuentes y Merino «tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras» de dicha circunstancia, «lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada respecto al criterio de adjudicación que valoraba otras mejoras de los licitadores».

La Guardia Civil relaciona el presunto trato de favor a Arturo Fernández -imputado en el caso Púnica- con donaciones realizadas al PP de Madrid a través de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid (Fundescam). En concreto, como reconoció en sede judicial, el empresario madrileño donó 160.000 euros a esta formación política, 100.000 euros desde la patronal que él presidió (CEIM) y el resto a través del Grupo Cantoblanco. Era «para quedar bien con el establishment», justificó ante el juez Eloy Velasco cuando le tomó declaración el pasado 8 de marzo.