El equipo de abogados de Izquierda Unida (IU), que ejerce como parte de la acusación popular en el caso de los papeles de Bárcenas, “pedirá la recusación de alguno de los jueces”. Así lo confirman desde esta formación: IU quiere que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, vuelva a declarar ante la Audiencia Nacional, como ya hiciera a finales de julio en esta misma institución por otra causa, el caso Gürtel. La reorganización de la Audiencia Nacional, con jueces más afines al PP en el juicio -cuando este tenga lugar-, puede propiciar que el tribunal se decante por no llamar al presidente. Así lo entiende IU.

El cambio de normas de la Audiencia ha reubicado a sus magistrados: el tribunal que juzgará los documentos de Bárcenas que supuestamente acreditan sobresueldos y pagos en negro ha cambiado completamente. El trío que ha juzgado la primera época de la Gürtel no hará lo propio con los papeles del ex tesorero: Angel Hurtado, José Ricardo de Prada y Julio de Diego. Es el mismo tribunal que decidió la comparecencia de Rajoy en julio; entonces, el gobernante negó tener conocimiento de la existencia de la caja B del PP, así como de los supuestos sobresueldos en negro.

Un juez afín al PP

Ahora juzgará el caso una de las impulsoras de esta reorganización, María José Rodríguez Duplá (conservadora), que presidirá la Sección Segunda. Permanecerá José Ricardo de Prada (considerado progresista) y el tercer juez será Juan Pablo González, considerado afín al PP. A este último, que en su día ocupó un puesto en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de los populares, es al que IU quiere recusar.

La formación que dirige Alberto Garzón y coaligada con Podemos en las últimas elecciones generales ya anunció la semana pasada que estaba estudiando la posibilidad de recusar al magistrado Juan Pablo González. Para IU, la reorganización de la Audiencia Nacional es un “golpe contra la imagen de imparcialidad y credibilidad que merece la justicia para la inmensa mayoría de la ciudadanía de nuestro país”, según el comunicado.

IU critica a la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y magistrada conservadora, Concepción Espejel, quien ha propiciado los cambios organizativos. “Resulta significativo por sí solo que la impulsora de las nuevas normas que afectan a los cambios de este tribunal sea Espejel, más conocida como Concha en el ámbito interno del PP tal y como le gusta destacar en público a María Dolores de Cospedal”, deplora la formación izquierdista; “una magistrada recusada precisamente en las causas del caso Gürtel y los Papeles de Bárcenas en 2016″.

La Gürtel, episodio desagradable

En la Audiencia se habla de pura casualidad, porque a González le ha correspondido hacerse cargo de las causas cuyo número termina en 6 en la Audiencia Nacional (y esa es la terminación numérica del caso Bárcenas). Con todo, el nuevo reparto de jueces reduce las posibilidades de que Rajoy sea llamado a declarar.

El presidente salió políticamente indemne de su comparecencia por Gürtel. Pero en su fuero interno siempre ha comentado que su declaración -la única de un presidente en activo en democracia- fue un episodio bastante desagradable que le gustaría ahorrarse en adelante.

Moncloa alegó razones de seguridad para evitar que el presidente del Gobierno declarara presencialmente. La Audiencia Nacional rechazó esta justificación y Rajoy declaró como testigo: se preparó a conciencia y destacó en todo momento que la Gürtel era algo del pasado cuyos elementos fueron despedidos del partido en cuanto él tomó conocimiento de la corrupción. La presidencia de la Sala no permitió entonces preguntas sobre los papeles de Bárcenas: “No es pertinente porque tiene una carga incriminatoria”, dijo el tribunal.

Los papeles de Bárcenas tienen una importancia mayor para el presidente, porque apuntan directamente a él (el famoso M.Rajoy que aparece en los documentos del ex tesorero). Su comparecencia en directo, y no por videoconferencia, sería políticamente más arriesgada. Se especula con que el juicio podría no celebrarse hasta dentro de aproximadamente un año. Y el equipo jurídico de IU quiere que Rajoy esté presente.