El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha notificado que mantiene en prisión incondicional sin fianza a ex vicepresident del Govern de Cataluña, Oriol Junqueras, para el ex conseller de Interior Joaquim Forn y para los líderes de ANC y Omnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

El juez considera que no hay riesgo de fuga, pero sí aprecia riesgo de reiteración delictiva en el caso de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart. A su juicio, “sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella”.

Los otros seis ex consellersRaül Romeva, Carles Mundó, Dolores Bassa, Meritxell Borrás, Jordi Rull y Josep Turull; pondrán eludir la cárcel con una fianza de 100.000 euros pero les imponen comparecencias semanales en el TSJ de Cataluña o en el juzgado o tribunal de su conveniencia, la prohibición de abandonar el país y la retirada de pasaporte. De hecho, tanto Bassa como Borrás hacían efectiva dicha cantidad pasadas las 16 horas de la tarde de este lunes, con lo abandonarán la prisión de Alcalá Meco.

Vox recurrirá la decisión

Vox, que ejerce la acusación popular en la causa contra el procés en el Tribunal Supremo, ha adelantado que recurrirá la decisión del juez Pablo Llarena de dejar en libertad provisional bajo fianza de 100.000 euros a seis ex consellers catalanes imputados. “Entendemos que deben seguir en prisión por riesgo de fuga y reiteración delictiva”, informan desde la formación que les tacha de “delincuentes golpistas”.

“Entendemos que son una organización delictiva y que todos son partes del mismo entramado, en el que ocuparon distintas posiciones. Por eso, vamos a recurrir en reforma y subsidiariamente en apelación esta medida de libertad bajo fianza. Nos parece un verdadero error”, ha explicado el abogado de Vox, Javier Ortega.

En cambio, ha expresado su “total satisfacción” por el hecho de que el magistrado mantenga en prisión a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart porque el auto de Llarena entiende que “existe una reiteración delictiva” y que el acatamiento a la Constitución que manifestaron el pasado viernes es “poco creíble”.

Por tanto, Ortega ha reiterado que su “satisfacción” es “parcial” y que el partido, que ejerce la única acusación popular de esta causa, seguirá “trabajando para que estos delincuentes golpistas se mantengan en prisión, no sigan haciendo más daño y no puedan seguir haciendo reiteración delictiva”.

En cuanto a la cuantía de las fianzas impuestas a los ex consellers Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Jordi Turull y Josep Rull, el abogado de Vox ha dicho que son las “esperables”.

“Si las tenemos en cuenta en relación con los delitos cometidos y las penas posibles, no son excesivas. Ha habido casos recientes que han llegado al medio millón o millón de euros. No son unas fianzas excesivas, tampoco vamos a decir que son irrisorias; pero como entendemos que no debería haber ninguna, nos parecen inadecuadas porque les van a permitir salir de prisión”, ha explicado.

Rebelión, sedición y malversación

Tanto Junqueras como sus compañeros del Govern acudieron a declarar el pasado viernes por posible comisión de un delito de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Los ex consellers de ERC encarcelados se negaron a contestar a las preguntas de la Fiscalía a pesar de que la comparecencia se celebró a petición de los propios ex miembros del Govern. Sí contestaron, por el contrario, los consellers del PDeCat de Presidencia y Territorio Jordi Turull y Josep Rull, respectivamente, que no han objetado a responder al ministerio público.

Los ex consellers y los líderes de las asociaciones independentistas pidieron comparecer ante el magistrado para solicitar su salida de la cárcel una vez que éste asumió la causa que hasta entonces instruía la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Estas comparecencias podrían ser un paso hacia la libertad bajo fianza de los investigados, que tienen previsto acogerse a la llamada “vía Forcadell” con el argumento de que han acatado el artículo 155 de la Constitución, que supuso su cese y la convocatoria de elecciones en Cataluña.