El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha puesto en riesgo la posibilidad de salir de prisión con medidas cautelares al haber optado por una estrategia jurídica muy arriesgada. El ex vicepresidente del Govern (destituido en aplicación del artículo 155), al igual que el ex conseller Raül Romeva, decidió no contestar a las preguntas del Fiscal y de la acusación popular ayer en su comparecencia ante el juez Pablo Llarena, cosa que no hicieron el resto de ex miembros del ejecutivo catalán ni los líderes de la ANC y Òmnium (Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los Jordis).

Esa actitud, que implica un cuestionamiento del principio de contradicción (al final Junqueras sólo ha contestado a preguntas de su abogado encaminadas a la defensa de sus derechos políticos y a la necesidad de participar en la campaña electoral de cara a los comicios del 21-D) ha sido uno de los motivos que han llevado al magistrado Llarena a posponer su decisión sobre la puesta o no en libertad de los encausados al próximo lunes.

La Fiscalía (representada por Consuelo Madrigal y Jaime Moreno) ha pedido el mantenimiento en prisión como medida cautelar porque entiende que persiste el riesgo de fuga –Puigdemont y otros cinco ex consellers siguen en Bélgica- y, además, que hay  posibilidad de reiteración delictiva. Lo cual quiere decir que al Ministerio Público le ha parecido insuficiente la declaración de los imputados para rebajar la medida impuesta por la Audiencia Nacional, sobre todo cuando se trata de delitos tan graves como la rebelión o la sedición.

Los ex miembros del Govern y los Jordis daban por hecho que saldrían ayer de prisión y por ello sus abogados se presentaron en el Supremo pertrechados con dinero suficiente como para hacer frente a las fianzas que auguraban. Creyeron que la llamada vía Forcadell era un camino de rosas.

La estrategia del líder de ERC ha sido una equivocación. No responder al fiscal y no acatar el ordenamiento dificultan que el juez decrete su puesta en libertad con medidas cautelares

Hubo, de hecho, algún imputado (es el caso del ex conseller Joaquín Forn) que apeló expresamente a ella. Forn llegó a decir que acataba la Constitución, aunque manifestó que es partidario de reformarla pero “por las vías legales”.

La confianza en que la comparecencia ante el Supremo sería un puro trámite y que bastaba con el mero acatamiento del artículo 155 ha jugado en contra de los principales imputados. Claramente, Junqueras ha primado la estrategia política sobre la jurídica.

Con su negativa a contestar al fiscal, con su negativa a acatar el ordenamiento jurídico, ha tratado de vender ante su electorado una coherencia que le pueda servir para ganar votos el día 21 de diciembre.

El efecto Puigdemont, el hecho de que su partido, ahora llamado Junts Per Catalunya (JxC), esté remontando en las encuestas como una consecuencia de su huida a Bélgica, y de su pertinaz empeño en mantener la ficción de que sigue siendo el Molt honorable President de la Generalitat, ha puesto nerviosos a los líderes de ERC, que hace tan sólo unas semanas se veían ganadores por goleada de los próximos comicios.

Las fuentes del Supremo consultadas ponen de manifiesto ese “error” en el planteamiento por parte de Andreu Van den Eynde, abogado de Junqueras

El Supremo se juega su prestigio en esta causa. Los magistrados saben que el gobierno desea que los miembros de ERC y de JxC salgan de prisión para que la campaña del 21-D no esté marcada por la demanda de libertad de los que el independentismo califica como “presos políticos”.

También son conscientes de que los imputados han dado por sentado que la vía Forcadell podía ser la solución. Pero, como el propio Van den Eynde reconoció en una reciente entrevista en elnacional.cat,: “No es lo mismo hacer leyes en un Parlament que ejecutar actos”. Es decir, no es lo mismo Forcadell que Junqueras.

Prudente, el abogado del líder republicano ya advirtió en esa misma entrevista que no ponía la mano en el fuego porque su defendido pudiera hacer campaña fuera de la prisión.

El próximo lunes comienza la campaña electoral más importante y más tensa de las que se han celebrado en Cataluña desde la recuperación de la democracia. Es muy probable que el líder de ERC -el partido que puede ser más votado- no pueda hacer campaña en la calle. Su equivocación ha sido anteponer criterios políticos a la única fórmula que podía inclinar al juez Llarena a decretar su salida de prisión bajo fianza. Anteponer los derechos democráticos a la ley, como si los primeros no fueran consecuencia de lo segundo, ha sido siempre una de las graves carencias del independentismo.