El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una hoja de ruta para la Comisión para la evaluación del Estado Autonómico, impulsada por el propio partido, que debe analizar “las necesidades del modelo de organización territorial en España” y proponer mejoras relacionadas “con la política territorial”.

En dicha comisión expondrán y analizarán si se deben examinar las exigencias del principio de igualdad entre los españoles y el reconocimiento de las conocidas como “singularidades”, en alusión al polémico Cupo Vasco que se aprobó en la cámara gracias a los votos del Gobierno.

En esas reuniones también se abordará la situación de Cataluña, con la intención de “constituir un espacio útil e inmediato para desarrollar un diálogo entre las fuerzas políticas” debido al “grave deterioro de la normalidad constitucional”. El escrito presentado en la mañana de este jueves recoge la necesidad de abrir “un espacio formal de diálogo” que los socialistas consideran “imprescindible para acometer y dar salida a la situación actual”.

Para ello han elaborado una serie de comparecencias en las que están incluidos los padres de la Constitución, miembros del Gobierno y de Ejecutivos anteriores y representantes de las artes y las letras. Esa comisión tendrá, además, “un carácter abierto a la sociedad”.

Entre los nombres elegidos por los socialistas para acudir a dicha comisión están filósofos como Adela Cortina, economistas como Antón Costas, politólogos como Pablo Simón y personalidades del ámbito cultural como el cantante Joan Manuel Serrat o el periodista Iñaki Gabilondo.

También se les solicitará la presencia a los embajadores españoles en países como Estados Unidos o Canadá, ya que los socialistas consideran vital la exposición de los funcionamientos que rigen otros Estados de estructura política descentralizada.

El PP pide a los ex presidentes

El Partido Popular también ha hecho pública su lista de nombres, entre los que están miembros del Gobierno como los titulares de Hacienda, Cristóbal Montoro, o la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Entre los comparecientes también está el propio presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

El PP propondrá que comparezcan también los tres ex presidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, así como todos los actuales presidentes autonómicos y varios ex presidentes.

Además, también propone a ex ministros socialistas como Jordi Sevilla, al ex presidente del Congreso, Jesús Posada, o a los presidentes de los empresarios y de las pymes, Juan Rosell y Antonio Garamendi respectivamente. En cuanto a los miembros de Gobiernos extranjeros, piden que comparezcan el ex presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, o el presidente del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber.

El listado de expertos de Ciudadanos

Ciudadanos, por su parte, también propone la comparecencia de Felipe González y José María Aznar, pero no de José Luis Rodríguez Zapatero. Incluye en sus peticiones a Alfonso Guerra y padres de la Constitución como Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Miguel Roca y José Pedro Pérez-Llorca.

Además, reclama la presencia de todos los presidentes autonómicos y de algunos ex presidentes autonómicos y del Senado, entre los que incluye a José Bono o Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Junto a ellos, adjunta un listado de 13 expertos universitarios, en su mayoría catedráticos de Derecho Constitucional.

Base de la reforma constitucional

En sus explicaciones de las singularidades españolas, los socialistas esperan encontrar la base de su reforma constitucional. Por eso contemplan que este grupo de trabajo complete todas las comparecencias en un plazo de seis meses, con entre cuatro y seis semanales, y que luego se realicen las evaluaciones de las que salga un escrito con una serie de conclusiones.

Ese informe lo elaborará una ponencia que será elegida por el grupo de trabajo. Ahí quedarán recogidas las propuestas y resoluciones en las que estarán incluidas las modificaciones de textos legales o de artículos de la Constitución.

Cuando la Comisión de luz verde a esas conclusión se enviaran al Pleno del Congreso para su debate. La idea de los socialistas pasa porque el documento sea aprobado y se pueda remitir luego a la Comisión Constitucional, donde deberá servir como base para esa reforma constitucional.

Al término de las comparecencias debe nombrarse una ponencia que elabore el dictamen de la Comisión, que contendrá un informe sobre el contenido de las comparecencias y también propuestas de resolución, incluidas las que supongan modificaciones de textos legales tanto en relación con la Constitución como con el resto del ordenamiento jurídico.

El dictamen, una vez aprobado por la Comisión, será remitido junto con los votos particulares que se hayan emitido, para su debate y, en su caso, aprobación por el Pleno. Una vez aprobado por el Pleno, el dictamen se remitirá a la Comisión Constitucional para que sus conclusiones formen parte de, y sirvan de base para, la anunciada reforma constitucional.