Es un viejo dilema; ¿privilegio o derecho histórico? El jueves la vigencia del Concierto Económico vasco y del Cupo se apuntalará por otros cinco años más en el Congreso de los Diputados. Lo hará en pleno debate sobre la financiación autonómica y mediante una tramitación de urgencia que ha levantado suspicacias. Ya han anunciado su voto en contra Ciudadanos y Compromís pero la Cámara Baja respaldará el acuerdo rubricado en mayo pasado entre el PP y el PNV, entre el Gobierno de Rajoy y el de Iñigo Urkullu y que puso fin a una década de desavenencias (2007-2016) en la liquidación del Cupo y a la prórroga de un acuerdo de Concierto desde 2011 y que ahora contará con una nueva norma hasta 2021.

La aprobación de las dos nuevas leyes con las que se firma “la paz fiscal” para los próximos años está garantizada gracias a los votos de al menos PP, PSOE y PNV. Ambas normas actualizarán las relaciones financieras entre el Estado y el País Vasco. La relativa al Concierto establece el marco que regula las relaciones financieras entre ambas administraciones. La ley quinquenal del Cupo determina el modo de estimación de la cantidad que Euskadi paga cada año al Estado por las competencias no transferidas y cuyo cálculo parte en el nuevo periodo acordado en 1.300 millones de euros como cantidad base. La Administración vasca continuará asumiendo el pago del 6,24% del total del coste de todas ellas, independiente de la recaudación de sus haciendas forales en cada ejercicio.

Como en actualizaciones anteriores, la pugna entre formaciones políticas ha vuelto a dibujar una unanimidad en Euskadi, -PP y PSE incluidos-, y recelos y rechazo en el resto de formaciones fuera del País Vasco. Incluso dirigentes del PP vasco y la secretaria general del PSE, Idoia Mendia han reconocido que las acusaciones de “privilegio” que se lanzan son infundadas y fruto “del desconocimiento” que persiste en “muchos dirigentes políticos nacionales”.

Críticas ‘históricas’

El portavoz popular en el Parlamento Vasco, Borja Sémper lamenta que este tipo de ataques sea “habitual por parte de algunos” y que responda a la ignorancia e “irresponsabilidad” sobre cómo funciona y el origen del Concierto Económico vasco. Todos los partidos vascos recuerdan que el modelo de financiación singular de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava viene avalado por la Constitución Española de 1978 y su disposición adicional primera en la que se establece que la Carta Magna “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”.

Además de las críticas que en estos últimos días ha lanzado Albert Rivera, asegurando que las dos nuevas leyes que en lectura única se aprobarán el jueves son fruto de “un amaño” que salvaguarda un privilegio insolidario en el País Vasco, se suman las que históricamente arrastra la relación financiera vasca con provincias como La Rioja y Castilla y León como las más críticas.

Pedro Luis Uriarte asegura que en la mayor parte de ejercicios Euskadi ha pagado vía Cupo más de lo que ha recibido del Estado

Tras el acuerdo de mayo de este año entre el PNV y el PP, voces significadas de los populares, como el Gobierno de Alberto Núñez Feijoó en Galicia, el de Cristina Cifuentes en Madrid o el de Juan Vicente Herrera en Castilla y León apelaron a la necesidad de terminar con lo que consideran que es una herramienta que concede un privilegio fiscal al País Vasco. Incluso en algunos casos se insta a incluir la modificación de este marco en una futura reforma constitucional.

En cambio, en las instituciones vascas y en todo el arco parlamentario vasco la defensa del Concierto Económico une desde EH Bildu hasta el PP pasando por el PNV y el PSE. Una defensa unánime que no sólo soportan en la historia y los fueros vascos sino incluso en los últimos pronunciamientos de altas instancias como el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El año pasado el TC avaló que las normas tributarias que aprueban las cámaras territoriales vascas sólo podrán ser recurridas ante este tribunal de garantías y no ante la Justicia ordinaria, de modo que se da por “blindado” el Concierto. Fue la respuesta del TC a los recursos presentados por el Gobierno, el Parlamento de La Rioja y Castilla y León a lo previsto en la ley aprobada en 2010. De igual modo, la intensa litigiosidad que en muchos casos ha rodeado a estas dos herramientas tributarias vascas también quedó mitigada por el respaldo dado por la UE a su encaje en la normativa comunitaria, tal y como estableció el Tribunal de Justicia de la UE en 2008.

‘Piedra angular’ del autogobierno

El nacionalismo vasco siempre ha situado al Concierto y el Cupo vasco como la “piedra angular” de su autogobierno. Rechazan que se pueda hablar de privilegio cuando se trata de una norma que data de 1878 fruto de un real decreto del Gobierno de España tras la supresión de los fueros “manu militarí”.

El conjunto de formaciones vascas asegura que el desconocimiento es el principal enemigo del Concierto Económico. Ignorancia que incluso se da entre los profesionales de la Economía. Un reciente estudio del Colegio Vasco de Economistas concluía que el 70% de los economistas tenía un nivel “medio o bajo” del Concierto Económico vasco.

Tras el acuerdo alcanzado entre Montoro y el Gobierno vasco, el Ejecutivo de Urkullu decidió poner en marcha una campaña para divulgar el origen y funcionamiento del Concierto Económico y el cálculo del Cupo. Una tarea que el País Vasco lleva años impulsando y en especial los últimos ejercicios ante lo que considera que es un riesgo cada vez mayor de “querer suprimirlo o modificarlo”.

El Concierto Económico está avalado por la Constitución y las normas forales vascas sólo puede ser recurridas ante el TC

Al frente de la divulgación y defensa del Concierto Económico se ha situado a Pedro Luis Uriarte, un veterano banquero que incluye en su currículum haber negociado la recuperación del Concierto y Cupo vascos en Guipúzcoa y Vizcaya en 1980 con la recuperación de la democracia. Durante el franquismo tan sólo Alava conservó los fueros.

‘La Comunidad del Concierto’

Uriarte está al frente de una comunidad civil, ‘La Comunidad del Concierto’, que trabaja en la divulgación social del mismo a través de campañas y publicación de documentos. Pedro Luis Uriarte asegura en ellos que la sociedad vasca se debe poner junto a las instituciones para hacer frente a quienes “quieren acabar con el Concierto”, la base del autogobierno de Euskadi.

Defiende que existen tres grandes mentiras que revolotean en torno al Concierto como que es fruto de la presión de ETA, que permite al País Vasco no pagar al Estado y convertir a Euskadi en un paraíso fiscal. Llega incluso a clasificar a los “enemigos” del Concierto vasco entre los antinacionalistas, los igualitaristas, los superficiales, los desinformados o “algunos tecnócratas”.

Defiende que lejos de ser un privilegio que ha beneficiado a Euskadi, en realidad ha sido todo lo contrario. Señala que sólo en los periodos 1997-2000 y 1981-1992 le ha sido beneficioso al País Vasco, no así en los periodos 1993-96 y 2001-2016. Pedro Luis Uriarte afirma incluso que Euskadi en todos estos años ha pagado al Estado un 33% de más al asumir el 6,24% del PIB cuando su población apenas representa el 4,6%. Cifra incluso que entre 2001 y 2013 el Estado ha gastado en el País Vasco 15.000 millones menos de lo que los vascos le han pagado vía Cupo.