El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha encargado un informe a la Guardia Civil para conocer el papel desempeñado por otros miembros del denominado ‘comité estratégico’ del procés, entre ellos la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independència (AMI), Neus Lloveras.

En una providencia fechada este lunes, el instructor de la causa por rebelión contra la cúpula independentista insta a la policía judicial actuante a practicar diligencias tendentes a «esclarecer y justificar si hubo un eventual concierto inicial entre los partidos políticos CDC, ERC y las asociaciones ANC y Òmnium, así como la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI), y que hayan podido estar orientados a compartir una estrategia para lograr la independencia de Cataluña». El magistrado quiere también conocer si algunas de estas entidades han sufragado algunas de las actuaciones acordadas por algunos de estos partidos políticos.

Llarena reclama también a la Guardia Civil un informe «individualizado y secuencial sobre los distintos actos de agresión, daño, así como de grave resistencia o amedrantamiento sufridos en Cataluña con ocasión del proceso secesionista» para tratar de esclarecer la participación de cada uno de los investigados, al tiempo que quiere conocer las actuaciones concretas desarrolladas por los llamados ‘Comité de Defensa del Referéndum’ y ‘Comité de Defensa de la República’ y por sus responsables.

Llarena pide a la Guardia Civil un informe acerca de los integrantes del denominado ‘Comité Estratégico’, detallado en el documento ‘Enfocats’

La petición incluye también un informe sobre los integrantes del ‘Comité Estratégico’ definido en Enfocats, el documento incautado por la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre en el domicilio particular del entonces número dos de Junqueras (Josep María Jové) y en el que se detalla la ‘hoja de ruta’ del proceso soberanista.

El criterio que siguió el magistrado que instruye la causa contra la cúpula independentista para mantener en prisión incondicional a Oriol Junqueras por riesgo de reiteración delictiva permitiría imputar a otros destacados dirigentes soberanistas que aún no han sido llamados al procedimiento en calidad de investigados. Es el caso del ex president Artur Mas; la número dos de ERC, Marta Rovira; la portavoz de la CUP, Anna Gabriel, o la presidenta de la AMI.

«El documento Enfocats refleja la existencia de un grupo de individuos (Comité Estratégico) que han desempeñado una función definitoria de cómo y cuándo llevar a término cada una de las actuaciones del proceso y, consecuentemente, de la violencia y los tumultos que se detallaron en la anterior resolución (movilización ciudadana creciente, conforme a lo antes expuesto), y que son los elementos que constituyen la esencia de los delitos de rebelión o de sedición que se investigan», exponía Llarena en el auto por el que descartó excarcerlar a Oriol Junqueras.

El instructor del Supremo indaga para conocer si las asociaciones soberanistas sufragaron actuaciones de los partidos políticos independentistas

El citado comité estratégico tenía como misión «orientar y dirigir la implantación del plan [estratégico], alineando a todos los actores implicados y haciendo que se movilicen los recursos humanos y financieros necesarios». Expresado en otras palabras, es el órgano que define los grandes objetivos y la misión esencial: la independencia de Cataluña.

Tan sólo cinco de los integrantes del citado comité estratégico están imputados en la causa por rebelión: el ex presidente del Govern Carles Puigdemont; el ex vicepresidente Oriol Junqueras; el vicepresidente del Parlament y presidente de Junts pel Sí (JxS), Lluís Corominas, y los líderes de ANC (Jordi Sànchez) y Òmnium Cultural (Jordi Cuixart). Pero ese órgano al que el magistrado del alto tribunal otorga tanta importancia está integrado por otros conocidos actores independentistas, según se detalla en el documento intervenido por los investigadores policiales en vísperas del 1-O.

Fondos públicos

De otro lado, el juez solicita otro oficio centrado en los fondos públicos que se hayan podido destinar a iniciativas administrativas anuladas o prohibidas por el Tribunal Constitucional, como campañas de civismo, diseño y emisión de vídeos promocionales, impresión de carteles y papeletas o su distribución pública, compra de urnas o registro de catalanes en el extranjero.

Pablo Llarena ha reclamado ya al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona diversas actuaciones practicadas en relación con el proceso secesionista que investiga a raíz de la querella interpuesta el pasado mes de febrero por VOX y que puedan resultar de interés para la causa especial que investiga el Tribunal Supremo por rebelión, sedición, prevaricación y malversación de caudales públicos.