Política

La juez no ve delito en el uso de una cárcel para internar a inmigrantes y archiva el caso

Manifestantes a las puertas del centro penitenciario de Archidona (Málaga), este martes.

Manifestantes a las puertas del centro penitenciario de Archidona (Málaga), este martes. EL INDEPENDIENTE

Un juzgado de Almería ha archivado la causa abierta a raíz de la denuncia presentada por un sindicato de Prisiones a raíz de la decisión del Ministerio del Interior de utilizar el centro penitenciario de Archidona (Málaga) -todavía sin inaugurar- para internar a medio millar de inmigrantes mientras se tramita su expulsión del país. La juez Cristina Martínez Pardo no aprecia indicios suficientes de comisión delictiva.

En un auto, al que ha tenido acceso El Independiente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Vera (Almería) acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones iniciadas a raíz de la denuncia formulada el pasado 30 de noviembre por la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) por la posible comisión de delitos de falsificación en documento público y desobediencia a la autoridad judicial. Con todo, la juez está a la espera de que la Secretaría de Estado de Seguridad -dependiente del Ministerio del Interior- emita un informe acerca de la decisión de habilitar la prisión malagueña como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Un total de 519 migrantes llegaron a las costas de la Región de Murcia a bordo de casi medio centenar de pateras durante el tercer fin de semana de noviembre en lo que constituye hasta ahora el «episodio de entrada más importante en la historia del país». Aunque la ley española impide el internamiento de los extranjeros en establecimientos penitenciarios durante la tramitación del expediente de expulsión, siete juzgados murcianos accedieron a que el grueso del contingente de inmigrantes fuera trasladado a la cárcel de Archidona, que está funcionando desde hace un mes como un «CIE provisional”.

Tras examinar el oficio remitido por la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional y el auto de internamiento, la juez de Vera rechaza la posibilidad de que haya podido existir «falsedad alguna» en la información aportada por los funcionarios policiales. En el citado oficio, los agentes ya detallaban que «el primer internamiento se realizaría en el CIE de Archidona» -en alusión al establecimiento penitenciario de nueva construcción y que aún no se ha inaugurado- en virtud de una decisión adoptada por la Secretaría de Estado de Seguridad.

«En el auto de internamiento se dispuso que el mismo se debía realizar en el centro que señaló el oficio policial, que es lo que normalmente se acuerda en estos casos, no existiendo tampoco indicios de que se haya desobedecido lo dispuesto en la mencionada resolución», expone la juez, que decreta el sobreseimiento provisional de las actuaciones por la «falta de acreditación de la perpetración del hecho» que dio lugar a la apertura de la causa.

El juzgado está a la espera de que Interior le remita un informe acerca de la decisión de convertir la cárcel de Archidona (;álaga) en un CIE provisional

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Vera está a la espera de que la Secretaría de Estado de Seguridad le envíe el informe requerido el pasado 30 de noviembre acerca de la decisión del Ministerio del Interior de convertir temporalmente en un CIE la prisión andaluza.

El centro penitenciario Málaga II, ubicado en el término municipal de Archidona, se levanta sobre una parcela de 361.859 metros cuadrados y ha requerido una inversión de 140 millones de euros. Inicialmente, Interior preveía que el establecimiento abriera sus puertas en el primer semestre de 2017, plazo que se retrasó posteriormente al último trimestre del año y ahora para principios de 2018.

De otro lado, entre 250 y 400 personas -según facilite el cálculo la Subdelegación del Gobierno o los organizadores- se han concentrado este martes a las puertas de la cárcel malagueña en protesta por el internamiento de personas «sin condena alguna» y por el «desprecio» mostrado por Interior hacia los trabajadores penitenciarios. Unos 240 funcionarios están a la espera de tomar posesión de sus plazas por el retraso en la entrada en servicio de las instalaciones.

Concentración ante la prisión

Convocada por los sindicatos Acaip, CCOO y UGT bajo el lema ‘#ArchidonaEsPrisión, no encarcelemos la inmigración’, los manifestantes han exigido el cumplimiento de la legalidad y han denunciado la «permisividad» de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias al permitir que el centro se haya destinado a albergar «personas que nunca han cometido un delito».

Además de las acciones judiciales emprendidas para determinar por qué se internó a los inmigrantes en la cárcel cuando en los autos se ordenaba su ingreso en un centro no penitenciario, el presidente de Acaip, José Luis Pascual, ha informado de que van a llevar a cabo otras de responsabilidad patrimonial. El representante sindical criticó que un establecimiento penitenciario que ha costado 140 millones «se encuentre deteriorado sin el uso para el que fue construido» y sin que aún haya abierto sus puertas para el fin por el que fue proyectado.

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