Los cabezas de lista de la CUP por Barcelona y Girona, Carles Riera y Natalia Sánchez, además de la coordinadora del partido, Núria Gibert, se reunieron este miércoles con Carles Puigdemont en Bruselas por primera vez desde las elecciones autonómicas del 21-D para analizar los próximos pasos del independentismo, que se ha ratificado en esos comicios como el bloque mayoritario en el Parlament. La propia formación antisistema ha anunciado el encuentro en las redes sociales, una reunión que se suma a las que Puigdemont ha mantenido en los últimos días, de forma más discreta, tanto con los responsables de su campaña como con líderes de ERC y el PDCat.

Pendientes de la decisión del Tribunal Supremo sobre el mantenimiento de las medidas cautelares de prisión sobre Oriol Junqueras, los próximos pasos de Carles Puigdemont determinarán todo el entramado político de la XII legislatura catalán, puesto que su retorno o no a España condiciona toda la negociación de las fuerzas independentistas sobre la composición de la Mesa del Parlament, que se constituirá el próximo 17 de enero, y del propio gobierno catalán.

En este contexto, los dirigentes de la CUP acudieron ayer a Bruselas para dejar claro que su partido no entrará en el debate sobre los nombres –Puigdemont o Junqueras– pero no aceptarán ningún tipo de lo que ellos consideran involución autonomista. «Hemos preguntado a JxCat cómo quiere encarar la legislatura y cómo pretende iniciar el proces de despliegue de la república del 1-O», afirma la formación anticapitalista en un comunicado.

«El resultado del 21-D es nítido: independentismo y república», ha asegurado Carles Riera tras reunirse con Puigdemont para dejar claro que las aspiraciones de la CUP no tienen cabida «dentro del contexto autonómico y del régimen del 78». «Si el 155 no se retira y el diálogo con el Estado no funcional, habrá que desobedecerlo» ha concluido el líder de la CUP. En este sentido, la CUP considera que «el retorno al autonomismo supondría una ruptura de la voluntad popular mostrada en el referéndum del 1-O y el retorno a un contexto de privación de derechos políticos y sociales por parte del Estado, a la intervención financiera y los ataques sistemáticos del Tribunal Constitucional contra las leyes del Parlament».