Ada Colau llegó al Ayuntamiento de Barcelona hace casi tres años con la bandera de defensa de los más débiles y dos años de protagonismo mediático como campeona en la lucha contra los desahucios. Su gestión al frente del Consistorio, sin embargo, no ha evitado que la capital catalana se haya convertido en la ciudad española con el alquiler más caro -pese a que la crisis política ha frenado el crecimiento de los precios– mientras los programas sociales y de vivienda del Ayuntamiento muestran niveles de ejecución del 50% en el mejor de los casos, y cero euros ejecutados en partidas como el Programa de Ayudas a las personas en riesgo de vulnerabilidad.

El caso más sangrante es el del subprograma 15212 de ayuda a las personas en riesgo de vulnerabilidad, con un presupuesto de 400.000€ de los que no se había ejecutado ni un euro en octubre, según los datos analizados por el grupo municipal de Ciudadanos. Pero también destaca el programa de subvenciones del IBI a las familias monoparentales: del medio millón de euros presupuestados este año para esas ayudas sólo se habían gastado al principio del cuarto trimestre 1.109€. Tampoco consta que se haya ejecutado un solo euro de los 3,5 millones de euros destinados a la subvención del IBI para personas con escasos recursos económicos.

La política social de Colau es una estafa, todo anuncios y poco contenido real», denuncia Carina Mejías (C’s)

Una situación que denuncia la líder de C’s en el consistorio, Carina Mejías, quien lamenta que «la política social de Colau es una estafa, todo anuncios y poco contenido real». «Su proyecto social es una falacia», resume Mejías. «Un programa basado en grandes anuncios que después son incapaces de ejecutar o bien de hacer llegar esas ayudas a la gente que las necesita» como demuestra el fracaso de las subvenciones del IBI para segmentos en riesgo de exclusión.

Junto a estos ejemplos extremos que muestran el fracaso de algunas políticas concretas de ayudas sociales, destacan los datos de ejecución del conjunto de las partidas de programas sociales y de vivienda y urbanismo, los dos ámbitos en los que a priori se siente más comprometido el equipo de Ada Colau. En el caso de las partidas de vivienda y urbanismo, la ejecución al cerrar el tercer trimestre era del 44%, con una caída de trece puntos frente al 57% de 2016 para esas mismas partidas. Los datos de ejecución también caen en los servicios sociales y promoción social, un ámbito en el que el gobierno local ha gastado el 63% de lo presupuestado, frente al 70% que había gastado en septiembre de 2016.

Las principales partidas correspondientes a programas de vivienda ejemplifican la falta de ejecución. El programa de promoción de vivienda de protección pública cuenta con un presupuesto de 20,7M€ de los que se han ejecutado 7,2M€; el de conservación y rehabilitación ha ejecutado 9,8M% de los 29,8M€ previstos y no hay constancia de ejecución de los 160M€ presupuestados en 2017 para el Plan de Vivienda, puesto que el regidor de vivienda se comprometió a una comparecencia semestral para rendir cuentas que de momento no se ha producido.

Presupuestos de nuevo en el aire

La falta de ejecución presupuestaria se suma, además, a la soledad con la que año tras año aprueba sus cuentas el equipo de Ada Colau. Los presupuestos de 2016 se aprobaron vía moción de confianza a la alcaldesa, puesto que ningún partido de la oposición llegó a acuerdos con el gobierno local, entonces todavía integrado por BComú y el PSC. Este año Colau debería contar con el apoyo de ERC y Convergencia para sus cuentas, en pago a la expulsión de su gobierno de los socialistas por su apoyo a la aplicación del artículo 155.

El equipo de gobierno ha abierto ya los contactos con ERC, pero no así con Convergencia, y el apoyo de los republicanos en insuficiente para alcanzar la mayoría en el pleno municipal, por lo que parece probable una nueva aprobación por la «puerta de atrás». Un camino que Ada Colau ya recorrió el año pasado sin costes para su gobierno, dada la división de la oposición por el eje nacionalista: CDC, ERC y la CUP suman 18 regidores, por 23 de los comunes y los tres partidos constitucionalistas, que no permitirán una alcaldía independentista en Barcelona.