El expresidente del Canal de Isabel II y exconsejero de Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad de Madrid, Pedro Calvo, ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional por su implicación en el caso Lezo para negar haber cometido cualquier tipo de irregularidad.

Calvo, que ha comparecido durante dos horas ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia, el magistrado Manuel García Castellón, y la fiscal Anticorrupción Ana Cuenca, ha señalado que la culpa de que se encuentre imputado en esta trama de corrupción es del ex presidente madrileño Ignacio González. “El responsable de que estemos aquí es González”, señaló el ex consejero durante el interrogatorio, según informan fuentes jurídicas.

De esta forma, el investigado se ha ratificado en la declaración prestada el pasado 15 diciembre ante la comisión de investigación de corrupción en la Asamblea de Madrid, donde dijo que la compra de Inassa y la manera de adquirirla fue «fantástica y muy beneficiosa para la Comunidad». Además, en sede judicial, el ex consejero ha señalado que el precio de Inassa ahora es claramente mayor al del momento de su compra ya que ha sido valorada por 200 millones.

Pedro Calvo fue llamado a declarar a petición de Anticorrupción por haber formado parte de la reunión del Consejo de Administración del Canal de Isabel II que se celebró el 14 de noviembre de 2001 y donde el organismo público se posicionó a favor de realizar una oferta por el 75 % de la empresa Inassa por 73 millones de dólares. Los investigadores sospechan que dicha operación económica tuvo un sobrecoste millonario.

En el auto donde el instructor imputó a Calvo destacó que “el resultado de la investigación practicada hasta este momento evidencia la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público Canal de Isabel II de esta sociedad colombiana, centradas principalmente en la forma en que se planificó y ejecutó la adquisición de la sociedad Inassa así como en la determinación del precio de compra y restantes condiciones estipuladas en el contrato, existiendo claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que el Canal debió velar, al haberse financiado esta operación con fondos públicos de la Comunidad de Madrid aspectos todos ellos que, necesariamente, deben esclarecerse con la finalidad de concretar el alcance de dichas irregularidades, las personas que participaron en su comisión y, en su caso, su relevancia penal”.