Moncloa está «atenta» a la sesión constitutiva del Parlament y, sobre todo, «a la manera en que el nuevo presidente de la Cámara anuncie la candidatura de Puigdemont para actuar en consecuencia», advierten fuentes del Gobierno. El recurso ante el Tribunal Constitucional ya está preparado para cortocircuitar cualquier pretensión del prófugo de presentarse, vía plasma, a la sesión de investidura para la presidencia de la Generalitat.

En todo caso, el Ejecutivo de Mariano Rajoy asegura que «todo el mundo», incluidos «los suyos» -por mucho que digan que hay un pacto con ERC para volver a llevarle al Palacio de la plaza Sant Jaume- sabe que Puigdemont «no va a ser president y sólo mantienen su candidatura con afán propagandístico».

Contempla Mariano Rajoy una retirada en el último momento y su sustitución por un miembro de Junt pel Catalunya que no tenga cuentas pendientes con la Justicia. En este sentido apuntan a la responsable de la campaña de Puigdemont, Elsa Artadi, auténtica hacedora del triunfo del ex president, que se ha presentado al Parlament portando un enorme lazo amarillo de corcho.

Moncloa recuerda que el 31 de enero empieza a correr el plazo de dos meses para ir a elecciones

Y a continuación, las mismas fuentes gubernamentales advierten que el 31 de enero «empiezan a correr los dos meses de plazo para evitar elecciones», esto es, «el tiempo corre en su contra».

Por otro lado, los servicios jurídicos del Ejecutivo dan por buena la delegación de voto de los tres diputados independentistas encarcelados, esto es, Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sánchez, por entender que se basan en el auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, «que lo señalaba como una posibilidad». Los cinco de Bruselas, capitaneados por Puigdemont, no han pedido una delegación que, de aceptarse, hubiera sido recurrida de inmediato ante el TC.

Evitar una confrontación entre el TC y el Supremo

Fuentes del Gobierno confirman que el Ejecutivo no recurrirá al TC el voto delegado de los diputados en prisión preventiva, puesto que la decisión adoptada por la Mesa de Edad se basa en el auto del Tribunal Supremo. En ese sentido, llevarla al Constitucional conduciría sólo a dos caminos, a cada cual peor. O bien el TC tumba el recurso del Gobierno o bien contradice a Llarena, generando un conflicto entre tribunales por un asunto que Moncloa considera una «cuestión menor».