A finales de este mes, en concreto, el día 30, se cumplen tres meses de estancia de Carles Puigdemont en Bruselas. Este es el plazo máximo de permanencia en el país sin necesidad de pedir la residencia, pero que ahora deberá solicitar so riesgo de ser puesto de patitas en la frontera. Entre los requisitos, el ex presidente de la Generalitat tiene que acreditar que dispone de una dirección fija en la capital del país, aspecto que puede ser comprobado «in situ» por la policía para evitar «empadronamientos» fraudulentos, en un país bastante duro a la hora de controlar a los extranjeros, aunque sean de la UE, y eso que Bruselas es la sede de los organismos comunitarios.

Puigdemont deberá acudir a la comuna donde vaya a residir y documentar que vive donde dice. Contrato de alquiler, de luz, de gas, nombre en el buzón… en fin, se le pueden solicitar distintos documentos o pruebas para ello. Aunque en todo momento las autoridades belgas saben donde reside y a dónde se desplaza, los trámites tendrá que hacerlos igual que cualquier otro residente en la capital comunitaria.

Puede acreditar ingresos fijos siempre que conserve su acta de diputado autonómico

Una cosa tiene a su favor para poder quedarse en el país más allá del tiempo de cortesía de tres meses, esto es, unos ingresos fijos siempre y cuando conserve su acta de diputado en caso de no volver a España. Los cerca de 3.000 euros de sueldo base pueden ser considerados una cantidad suficiente para vivir en una capital, que, sin embargo, es cara, sin necesidad de acudir a ningún tipo de prestación pública, porque eso es precisamente lo que se comprueba para no «cargar» el sistema de ayudas sociales belgas, eso, y ser poseedor de un seguro médico privado. Tener una cuenta corriente más o menos saneada también ayuda lo suyo.

La gran suerte para el aspirante telemático a la presidencia del gobierno de Cataluña es que las elecciones autonómicas se celebraran dentro de ese periodo de los tres meses. De haber sido más tarde, no tendría ningún ingreso que acreditar puesto que se negó a solicitar la pensión que le correspondía en calidad de ex presidente de la Generalitat. Para eso debiera haber aceptado su cesantía, algo impensable para alguien que se sigue presentando como el «president legítimo».

1.000 españoles expulsados

En los últimos cinco años cerca de 1.000 españoles han recibido una orden de expulsión, aunque en muchos casos el proceso se alarga varios meses. Lo más llamativo es que, incluso teniendo trabajo en el momento de recibir la orden de expulsión del país, el proceso se pone en marcha, lo que ha llevado a Bélgica a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por su rígida aplicación de la directiva comunitaria 2004/38 referida al derecho de la libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión.

No deja de llamar la atención que la residencia temporal en Bélgica de Puigdemont expire justo un día antes de la fecha tope para el debate de investidura en el Parlamento catalán, el 31, habida cuenta de que en estos momentos es el único aspirante, según anunció este lunes el nuevo presidente de la Cámara territorial Roger Torrent.

Desde que huyó a la ciudad de Bruselas, el ex president ha amagado con regresar. De hecho, su abogado, en una vuelta de tuerca más, no ha descartado una investidura presencial, que es la única posible que ven los letrados del Parlament, aunque su decisión no es vinculante.

“No ha descartado, en ningún momento, presentarse, consciente de los riesgos que asume, y someterse a la investidura presencialmente”, aseguró el abogado Jaume Alonso-Cuevillas en declaraciones a la televisión pública catalana.