La sentencia del Caso Palau, hecha pública el pasado lunes, parece haber pasado desapercibida para buena parte de la opinión pública catalana en pleno debate sobre la investidura telemática de Carles Puigdemont, heredero político de Convergencia Democrática. Pero C’s no está dispuesto a ello, por eso han iniciado los trámites en el Parlament para que la Generalitat tome cartas en el asunto y haga los posibles para garantizar que CDC y sus herederos satisfarán el pago de 6,6 millones de euros al Palau como responsables civiles del desfalco de la entidad cultural.

El objetivo de C’s no es otro que las subvenciones electorales que correspondan a JxCat en su condición de heredero de CDC, puesto que la candidatura de Carles Puigdemont aceptó incluir al PDCat en sus filas para poder beneficiarse de las subvenciones, espacios y demás prerrogativas electorales que correspondían al partido heredero de Convergencia, tal como ha explicado su portavoz, Carlos Carrizosa. Para ello, el partido naranja ha registrado una petición en el Parlament para que la Generalitat explique qué medidas ha adoptado, en su calidad de integrante del Consorcio del Palau, para que la institución vea resarcidas las pérdidas económicas provocadas por el expolio de la entidad.

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«La pieza de responsabilidad civil se puede empezar a ejecutar» ha argumentado Carrizosa, pese a que todas las partes han anunciado recursos contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona. La Generalitat, «desde la Consejería de Cultura es la responsable económica del Palau» ha añadido el portavoz de C’s, quien ha recordado que CDC debe hacer frente al pago de los 6,6 millones fijados por la sentencia «con la sede de CDC, con todo el patrimonio de Convergencia y después con las subvenciones que se obtienen por ir con CDC».

Carrizosa ha reconocido que en el contexto de aplicación del artículo 155, «la decisión política corresponde al Gobierno del PP» puesto que no hay ningún titular de Cultura al que dirigirse para que active ese proceso. Pero ha insistido en que, incluso tras el cese del Govern, «la administración autonómica existe y funciona, le pedimos a esa administración que se ponga las pilas y sugerimos un enfoque jurídico».

En su requerimiento parlamentario C’s recuerda que «el expolio del Consorcio del Palau de la Música, en el cual la Generalitat participa en un 45%, provocó que el mismo entrase en fase de disolución y liquidación a la espera únicamente del resarcimiento patrimonial por el daño que le fue ocasionado» y solicita de la administración autonómica una relación de «instrucciones, propuestas de acuerdo, informes técnicos y jurídicos emitidos o empleados por la Generalitat de Cataluña en los órganos de dicho Consorcio en relación con la reciente sentencia del caso Palau».

Ciudadanos pregunta además por la existencia de algún informe jurídico «sobre las medidas a adoptar urgentemente por la Generalitat» para garantizar el resarcimiento patrimonial del Consorcio del Palau de la Música, «contra los condenados y beneficiarios del expolio». Y señala como medidas a estudiar «la realización, intervención o administración judicial o embargo de activos mobiliarios o inmobiliarios o créditos por subvenciones públicas como las que ha recibido y/o recibirá por los recientes resultados electorales Convergencia Democràtica de Catalunya al ser parte de la coalición electoral Junts per Catalunya».