El Gobierno parece resignado a un nuevo uso fraudulento del Parlament con la celebración de un debate, «sin efectos jurídicos», puntualizan, para investir al prófugo Carles Puigdemont sin estar presente en Barcelona. Si se cumplen los planes del presidente de la Cámara, Roger Torrent, el debate se celebraría en un solo día, el martes 30, en lugar de dos, al objeto de que no haya tiempo material para proceder a su suspensión por parte del Tribunal Constitucional. Aun así, Moncloa espera poder recurrir y suspender el pleno después del debate y previo a la primera votación, para la que Puigdemont necesitaría un mínimo de 68 escaños, mayoría absoluta, antes de ir a una segunda vuelta que, legalmente, se tiene que celebrar 48 después.

En principio, salvo que se acepte el voto delegado de los cuatro ex consejeros huidos a Bruselas o que tanto Puigdemont como éstos se presenten de forma clandestina al pleno, no hay ninguna posibilidad de que el cabeza de lista de Junts Pel Catalunya salga elegido en primera votación, por lo que habría que esperar dos días para votar de nuevo. En ese caso sí daría tiempo de sobra para la suspensión por parte del Constitucional, apuntan en Moncloa. El artículo 4 de la Ley de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno, señala en su cuarto apartado que si el candidato «no consigue la mayoría absoluta, puede someterse, dos días después, a un segundo debate y a una segunda votación, en la que bastará la mayoría simple». En principio, con 65 diputados, -salvo que se produjera un empate si En Comú Podem se suma al resto de los constitucionalistas, cosa que puede descartarse-, el ex president habría superado el trámite, aunque la investidura estaría lejos de ser efectiva.

Responsabilidades penales de la Mesa

El Gobierno espera que no se llegue a ese punto. De hecho, aspiran a poder parar el proceso parlamentario, de iniciarse, entre el debate y la primera votación, al tiempo que advierten de las responsabilidades en que incurriría la Mesa del Parlament. Tal y como pasó con sus antecesora en el cargo, Carme Forcadell, no se trata sólo de que el Constitucional suspenda el pleno, sino de la más que probable actuación de la Fiscalía, por la que los anteriores miembros de la Mesa, a excepción del representante de Ciudadanos, están imputados por rebelión, secesión y malversación de fondos. En definitiva, saltarse la ley «tiene consecuencias», avisan.

El objetivo de Moncloa es impedir por todos los medios que Don Felipe deba nombrar a Puigdemont tras un trámite telemático

Desde el Ejecutivo admiten que «se podrá producir un debate pero sin efectos jurídicos». Creen que es posible suspender el pleno «de un día para otro» aunque el recurso ante el TC exige de una reunión del Consejo de Ministros, la petición de un preceptivo informe, aunque no vinculante, al Consejo de Estado y una nueva reunión del Gobierno para acordar el recurso ante el TC. Si fuera un incidente de ejecución la suspensión sería cosa de horas, pero no es el caso. Aún superando la investidura fraudulenta todos los trámites  parlamentarios corresponde al Rey el nombramiento de Puigdemont a propuesta de Roger Torrent, lo que, de nuevo, da un plazo al Ejecutivo para actuar. El objetivo de Moncloa es impedir por todos los medios someter a Don Felipe a ese trance.

La investidura no es efectiva hasta que no se produce el acto de toma de posesión, como tarde, cinco días después del nombramiento por parte del Rey, que debe ser publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.

Sin embargo, no deja de ser un sapo difícil de tragar la imagen de un debate y una posterior votación, de la que se ausentarán los diputados de Ciudadanos y del PP. Los 17 del PSC están tentados a quedarse pero sin participar. Al final, lo que parecía un imposible va tomando cada vez más cuerpo y nadie se atreve a aseverar que no vaya a haber una sesión para investir, fraudulentamente, a un prófugo de la Justicia. Una suspensión preventiva sólo sería posible si se especificara que la investidura no va a ser presencial o detectaran la preparación de los medios tecnológicos que permitieran a Puigdemont dirigirse al pleno desde Bruselas, aunque cabe la opción de que alguien de su lista, muy probablemente Elsa Artadi, lea el discurso de investidura en su nombre.

Sin respuesta todavía

Todavía se desconoce el contenido de la misiva con la que Mariano Rajoy responderá a Torrent. De hecho, fuentes de Moncloa aseguran que todavía no se le ha remitido al presidente de la Cámara regional. Pero el jefe del Ejecutivo ha dejado muy claro este miércoles en una entrevista en Onda Cero, que no suele reunirse con presidentes de parlamentos autonómicos y que además no forma parte de sus competencias tratar sobre la situación judicial de los diputados catalanes encarcelados y huidos.