El Gobierno ha decidido prohibir el acceso de Puigdemont y los otros cuatro electos fugados en Bruselas -Clara Ponsatí, Antoni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig- a las instalaciones de la Delegación de la Generalitat en Bruselas. El presidente del Parlament, Roger Torrent, había citado en las dependencias autonómicas de Bruselas a los cinco diputados para debatir las condiciones de su participación en el debate de investidura. Pero el Gobierno, como responsable de la administración autonómica en aplicación del 155, habría dado órdenes para que se prohíba el acceso de Puigdemont y los otros fugados por tratarse de prófugos de la justicia.

Finalmente el encuentro está teniendo lugar en el Centro Maurits Coppieters de Bruselas, en el que ya ha empezado la reunión entre Torrent y Puigdemont a la que más adelante se incorporarán el resto de los electos que se encuentran huidos en la capital belga.

La primera consecuencia de la visita de Torrent a Bruselas ha sido la decisión del Gobierno de cerrar «hasta nueva orden» la Delegación de la Generalitat en Bruselas, la única que permanecía abierta desde la aplicación del 155 y la toma de control de la administración autonómica por parte del ejecutivo de Mariano Rajoy. El ministerio que dirige Alfonso Dastis ya había ordenado el cierre de las delegaciones en París, Londres, Nueva York, Viena, Berlín, Lisboa, Copenhague y Roma. Los responsables de la Delegación han recibido esta mañana un burofax de Exteriores en el que se ordenaba el cierre de la oficina catalana hasta nueva orden.

Preguntado por esta decisión, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reconocido en declaraciones a Onda Cero: «Desconozco la decisión, pero no me parece mal». El encuentro debe servir para debatir las condiciones de la investidura, que se celebrará probablemente el próximo martes 30 de enero, según ha trascendido este miércoles, aunque en última instancia corresponde al president decidir el día de la investidura.

Investidura en un día

La intención del presidente de la cámara es que el debate se celebre un día antes de que expire el plazo legal para la primera votación de investidura -el 31 de enero, diez días después de la constitución del Parlament- y se produzca en sólo una jornada, no en dos, como era tradicional en el Parlament, con un primer día dedicado al discurso del candidato y el segundo día al debate con los grupos y votación. La voluntad de comprimir los plazos, avanzada por Catalunya Ràdio, responde la estrategia del independentismo para evitar que la oposición pueda recurrir a instancias judiciales e impedir la investidura telemática de Puigdemont.

El candidato y ex presidente catalán aseguró este martes que «sigue trabajando» para poder participar en persona en el debate de investidura, pero sus exigencias para hacerlo -que el Gobierno le garantice la inmunidad para evitar la orden de detención cursada por el Tribunal Supremo por no atender a los requerimientos de la justicia en la instrucción de la querella por rebelión- convierten en imposible esa presencia.

Sólo un retorno clandestino, que el propio Puigdemont ha desmentido, permitiría su participación en el pleno. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha ordenado un fuerte despliegue en la frontera catalana con Francia -especialmente en la provincia de Girona- para evitar esa circunstancia. Según fuentes parlamentarias, Puigdemont debería además entrar clandestinamente en el Parlament, puesto que si accediera por la puerta principal los Mossos deberían detenerlo atendiendo a la orden de detención del Supremo. Una vez dentro de la cámara, el candidato sí sería intocable, puesto que la policía no puede practicar una detención dentro de ninguna cámara legislativa si no es por mandato de su presidente.

La estrategia de la oposición

Tanto C’s como el PSC han anunciado ya su intención de recurrir a todas las herramientas legales a su alcance para oponerse a una investidura telemática, lo que ha llevado al bloque independentista a comprimir los plazos para evitar esos recursos. A ello responde la decisión de Torrent de suspender cualquier acuerdo de la Mesa sobre la delegación de voto de los electos fugados -cuestionado por los letrados del Parlament- y la más que presumible resistencia a especificar en la convocatoria del pleno cómo piensa ordenar el debate: es decir, si éste va a ser presencial, telemático o delegado.

Si esa decisión se anuncia en el momento en que se inicie la sesión del pleno, como temen los partidos constitucionalistas, el pleno volverá a convertirse en una carrera contrarreloj para que el Tribunal Constitucional anule las decisiones de la Mesa tendentes a investir a distancia a Puigdemont, evitando así que la decisión del Alto Tribunal se tenga que tomar una vez votada la investidura. El daño a la imagen del TC y de la justicia española volvería a ser enorme, calculan los independentistas, que confían en ese golpe de efecto para volver a situar a Cataluña en la escena política internacional.