El Gobierno está dispuesto a seguir la vía Forcadell con el nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, si éste desobedece las medidas fijadas por el Tribunal Constitucional para la celebración del pleno de investidura convocado el martes para elegir a Carles Puigdemont presidente de la Generalitat. Si el nuevo presidente de la cámara mantiene la política de hechos consumados aplicada por su antecesora, Carme Forcadell, el ejecutivo de Mariano Rajoy está dispuesto a mantener el pulso con el independentismo instando a la Fiscalía a que presente una querella contra Torrent por desobediencia al Tribunal Constitucional.

Se trata del escenario más extremo tras la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la investidura de Carles Puigdemont formalizado este viernes por el Consejo de Ministros, pero el Gobierno ya no descarta ninguna posibilidad. Aunque los juristas reconocen que el proceso catalán está llevando al Parlament a una «dimensión desconocida» que no ofrece demasiadas seguridades sobre los próximos pasos de cada actor en esta tragicomedia, las medidas impuestas por el Constitucional, que en la práctica bloquean la investidura de Puigdemont, plantean varios escenarios: la muy improbable concesión de permiso por parte del juez Pablo Llarena para celebrar la investidura de Puigdemont; que Torrent abra una nueva ronda de contactos para proponer a otro candidato; y que el presidente del Parlament desoiga la suspensión del Tribunal Constitucional.

Ese último escenario, que Torrent opte por la vía Forcadell y desoiga el mandato del Tribunal Constitucional, permite el Gobierno, en aplicación de la reforma aprobada por el PP en 2015, instar al tribunal a advertir al presidente de la cámara de que está obligado a cumplir sus resoluciones. Una vez advertido, si Torrent mantiene la desobediencia el Gobierno presentará una querella contra el presidente del Parlament, como sucedió en la pasada legislatura con Carme Forcadell.

El Constitucional también podría imponer a Torrent multas coercitivas, como hizo con la sindicatura electoral del 1-O

En aplicación de sus nuevas atribuciones, el Constitucional también podría actuar directamente e imponer a Torrent multas coercitivas y la suspensión de cargo público, como hizo el pasado septiembre con los miembros de la sindicatura electoral creada por la ley del referéndum. En todo caso, el resultado de la votación que se efectuara en contra de lo dispuesto por el TC sería nulo de origen y Torrent se enfrentaría con toda seguridad a una querella por desobediencia al Constitucional.

Nuevo candidato

En el caso de que el Tribunal Supremo no autorice a Puigdemont a participar en la investidura y Torrent acate la decisión del Constitucional, puede hacerlo siguiendo la recomendación de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que el jueves le animaba a buscar un nuevo candidato a la investidura. El presidente de la cámara podría abrir una nueva ronda de consultas con los partidos para proponer un nuevo candidato a la investidura.

Esa es, de hecho, la vía que ya apunta hoy el portavoz de Esquerra en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, quien reconoce en una entrevista en La Vanguardia que «si hace falta, tendremos que sacrificar a Puigdemont», dado voz a una tesis muy extendida en su partido pero que nadie se ha atrevido a verbalizar hasta ahora.

Es muy improbable que el juez Llarena autorice a Puigdemont a participar en la investidura dada su negativa a permitir que Oriol Junqueras y Jordi Sánchez asistieran al pleno de constitución del Parlament y ahora al de investidura. Si lo hiciera, acto seguido debería decretar prisión incondicional para el presidente de la Generalitat, o suspender las medidas cautelares de prisión contra Junqueras, Forn y los Jordis que todavía mantiene.