La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comparecido este viernes tras el Consejo de Ministros junto al portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, para explicar la decisión de Moncloa de impedir la investidura del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont tras las reticencias que ha mostrado el Consejo de Estado.

Nada más iniciar su intervención en la rueda de prensa que sigue a la reunión semanal del Gobierno, Santamaría ha excplicado, que la obligación del Ejecutivo es «defender España y el estado de derecho».

«No sólo es un compromiso político sino el deber constitucional de hacer todo lo que esté en nuestra mano, con respeto a la ley y con todos los instrumentos de la Constitución, para evitar que alguien huido pueda ser investido» presidente de la Generalitat. La situación en la que Puigdemont se ha colocado voluntariamente «le impide aspirar a la investidura», ha reiterado la número dos del Ejecutivo.

El Gobierno «respeta el criterio» del Consejo de Estado, «pro no es vinculante»

Por eso, aunque el Consejo de Estado «discrepa sobre la cuestión temporal», el Gobierno «respeta su criterio, pero no es vinculante», y Sáenz de Santamaría cree que tiene «los argumentos jurídicos  suficientes para actuar».

Pero si hay una expresión que ha repetido la vicepresidenta en varias ocasiones ha sido la de «gobernar es decidir». Decidir «entre distintas posiciones», admitiendo que «cada uno puede tener su opinión, pero cada uno tiene su responsabilidad», en relación al Consejo de Estado. Precisamente, ha revelado a preguntas de los periodistas que la argumentación del órgano consultivo aconsejaba «esperar a ver si (Puigdemont) está o no presente».

Respecto a la hipótesis del que el Tribunal Constitucional no acepte a trámite el recurso, ha incidido en que salvo por defecto de forma, se tiene que admitir y suspender la resolución recurrida.

Ha narrado lo inédito de una situación por la cual alguien «en busca y captura» pretende ser investido presidente de la Generalitat. «No tiene precedente aunque con algunos responsables políticos hayamos perdido la capacidad de asombro».

Respecto al claro cambio de criterio que se produjo en el Ejecutivo, hasta el punto de que Rajoy en Onda Cero el pasado miércoles dijo que no había posibilidad de impugnación preventiva, ha explicado que se decidió el mismo jueves por la mañana una vez que se vio al presidente del Parlament, Roger Torrent, ocultar a los grupos de la Cámara cómo iba a organizar el pleno de investidura. A eso se une que, un día antes, se desplazó a Bruselas para reunirse con Puigdemont, cita a la que se pretendía dar apariencia de institucionalidad.

Santamaria cuenta con el respaldo del PSOE, pero no habló con Ciudadanos

Se trata, en definitiva, de «evitar un mal mayor», esto es, que «se consuma una gran afrenta a nuestra democracia», ha apostillado Sáenz de Santamaría, que cuenta con el respaldo del PSOE. No se sabe si con el de Ciudadanos puesto que no hablo con nadie de esta formación . Y respecto a la posibilidad de que sea finalmente el líder de ERC, Oriol Junqueras, el aspirante a la investidura a pesar de estar preso, ha apuntado que lo que se cuestiona es una investidura que no sea presencial.

El Gobierno anunció anoche que seguiría adelante con el recurso contra la candidatura de Puigdemont que ha propuesto el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, a pesar de que el Consejo de Estado no comparte que éste sea el momento temporal de recurrir.

Según anunció este viernes Santamaría, la intención del Gobierno es impugnar la resolución del presidente del Parlament del pasado 22 de enero en la que propone a Puigdemont como candidato y que fue publicada al día siguiente en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (Bopc). Santamaría añadió que se impugna la candidatura por entender que Puigdemont está «huido» de la justicia y hay una orden de detención contra él, por lo que «no concurren en él las circunstancias que permitirían una investidura presencial».

«Libertad deambulatoria»

«Carece por tanto del derecho de libertad deambulatoria que le permitiría acudir a esa comparecencia porque tan pronto como entre en territorio español debe ser puesto a disposición judicial», abundó Santamaría.

El Consejo de Ministros ha decidido también declarar persona non grata al embajador de Venezuela en España como respuesta «proporcional» a la expulsión del embajador español en el país suramericano.