El Gobierno tiene intención de seguir adelante con el recurso de inconstitucionalidad contra la candidatura de Carles Puigdemont a la investidura como presidente de la Generalitat. La decisión de Moncloa se conoce poco después de que el Consejo de Estado, órgano consultivo pero no vinculante, cuestionara la pretensión anunciada por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, de impugnar ante el TC la resolución de la mesa del Parlament del pasado día 22.

Pero Moncloa decide continuar a pesar del informe desfavorable del Consejo, según han asegurado fuentes gubernamentales. El Gobierno se aferra a que dicho órgano avala los argumentos jurídicos planteados, pero «discrepa sobre el momento temporal de hacerlo», y que esa discrepancia se refiere sólo al informe preceptivo sobre la propuesta de Puigdemont y no al potestativo, esto es, al que se refiere a la posibilidad de impugnar en un futuro inmediato el pleno de investidura, incluso en plena celebración, si se insiste en votar la candidatura del hoy prófugo de la Justicia.

Sáenz de Santamaría anunció este jueves la intención del Gobierno de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de proponer para la investidura a una persona, Carles Puigdemont, porque su estatus jurídico actual es «incompatible con su presencia en la cámara» puesto que tiene limitada su capacidad de movimiento en España, explicó la «número dos» del Ejecutivo. Era preceptivo pedir un informe al Consejo de Estado, órgano que cuestiona ahora los planes del Gobierno, en definitiva, un varapalo inesperado que ha dado munición al independentismo.

Moncloa ya no puede exigir a Torrent que cumpla las indicaciones de los letrados del Parlament

A pesar del varapalo, el Consejo de Ministros aprobará este viernes la presentación del recurso de inconstitucionalidad ante el TC. No ha sido una buena noticia para Moncloa, que creía tener el respaldo del Consejo de Estado, cuyo informe ha elaborado el ex presidente del Congreso de los Diputados, en época de UCD, Landelino Lavilla.

Sáenz de Santamaría convocó este jueves a la prensa para explicar las últimas decisiones gubernamentales destinadas a «garantizar el cumplimiento de la legalidad en Cataluña», según rezaba la convocatoria. Después de insistir estos días por activa y por pasiva que Roger Torrent debe atenerse al contenido del informe de los letrados de la Cámara autonómica del pasado día 15, tampoco vinculante, que rechazaban un proceso de investidura que no fuera presencial, su «desobediencia» respecto a las objeciones del Consejo de Estado les deja sin ese argumento.

Además, el prófugo Puigdemont se ha apresurado vía twitter a exigir la dimisión de la vicepresidenta por entender que pretendía un «fraude» de ley.