Política

Las 'pilladas' históricas en política: del 'one' de Txiki Benegas al 'Comin Leaks'

Alfredo Pérez Rubalcaba y José María 'Txiki' Benegas. EUROPA PRESS

Situaciones del ámbito privado que salen a la luz y tambalean por completo a sus protagonistas. Los mensajes de Carles Puigdemont a Toni Comin reconociendo su retirada política muestran la profunda brecha en el independentismo y son sólo un ejemplo de cómo este tipo de pilladas pueden afectar al curso político de un país. No es la primera vez que las cámaras captan a algún dirigente en un renuncio y que, por azar o por despiste, desatan la polémica y marcan durante semanas la agenda informativa.

Uno de los ejemplos históricos ocurrió en abril de 1991, cuando una conversación del socialista Txiki Benegas publicada por por el programa Hoy por Hoy de Cadena SER dirigido por Iñaki Gabilondo destapó la guerra abierta entre el Gobierno de Felipe González y el aparato de Partido Socialista controlado por Alfonso Guerra.

El diputado vasco, entonces secretario de Organización del PSOE, mantuvo una conversación telefónica donde se refería sarcásticamente al presidente de Gobierno como el number ‘one’ o ‘Dios’, y lanzaba duras críticas contra la gestión del Ejecutivo. Unas críticas que hasta entonces habían permanecido en la vida interna del partido tras la dimisión de Guerra como vicepresidente de Gobierno y que, al darse a conocer, hicieron saltar el enfrentamiento a la esfera pública.

Comin sugería este mismo miércoles acciones legales contra Telecinco, y no sería la primera vez que los políticos afectados por este tipo de situaciones recurren a los tribunales. Ya en 1991 Benegas reaccionó a las informaciones plantando una querella contra Gabilondo, contra Luis Fernández, director de servicios informativos de la cadena, y contra Ernesto Estévez, jefe de Nacional de la SER.

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El juez encargado del caso, Ignacio Bigeriego, determinó entonces que la publicación de esos audios no constituían delito, y se amparó en la «reiterada doctrina del Tribunal Constitucional» que a su juicio da prioridad «al derecho a la libertad de expresión» sobre «el derecho a la intimidad de los ciudadanos cuando existe un conflicto entre ambos». Justificaba esta decisión en que Benegas es un político de «relevancia pública», y en que la conversación «tenía interés público».

Este caso, sin embargo, tiene matices respecto al de Comin. Aquella conversación telefónica, que se produjo cuando el político viajaba en coche hacia Sevilla, se captó en Bailén (Jaén) por parte de un radioaficionado que grabó el sonido y que, sin obtener contraprestación alguna, decidió entregar las cintas a la SER, según reconocieron después los periodistas encausados, que se negaron a revelar la identidad del anónimo. «Por tanto, considero que la difusión de las cintas por parte de la SER no constituye delito, ya que la emisora se ha limitado a emitir un tema que entendía era del interés público», determinó entonces Bigeriego.

El SMS de Rubalcaba o el renuncio del PP en Madrid

No todas las pilladas han llegado a los tribunales, pero pocas se han escapado de copar las portadas de los principales medios de comunicación. Fue el caso de Celia Villalobos, que en 2015 fue sorprendida jugando al Candy Crush durante una sesión en el Congreso de los Diputados, cuando ejercía la Presidencia de la Cámara y a pocos centímetros del presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, que en ese momento daba un discurso en la tribuna.

También durante una intervención de Rajoy, pero en 2012, fue la ya entonces ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien dio la campanada. Mientras el Gobierno anunciaba el préstamo de 100.000 millones a la banca española acordado por el Eurogrupo, la ministra enviaba un tuit en el que anunciaba los resultados obtenidos en otro juego móvil. Báñez justificó después el mensaje alegando que habían sus hijos quienes jugaban a esa hora.

Menos lúdico fue el episodio que se vivió en la Asamblea de Madrid en 2002, cuando varios diputados del PP en la Asamblea de Madrid fueron captados viendo imágenes porno durante un Pleno. El PP abrió un expediente sancionador a los implicados e impuso una multa de 910 euros a Miguel Ángel Pérez Huysmans, el propietario del ordenador, y 450,76 a Colomán Trabado y Manuel Troitiño, que también visualizaron el contenido durante la sesión parlamentaria. Desde el PP se sugirió entonces que los implicados iban a salir de las listas en las siguientes elecciones. Los tres dirigentes, sin embargo, continuaron en política.

Una de las situaciones que guarda más similitudes con la ocurrida en el Parlament catalán, sin embargo, sucedió en el Congreso a finales de 2011, cuando unas cámaras grabaron un mensaje en el móvil del ex ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba. Por entonces, Rajoy acababa de ser investido presidente de Gobierno pero no había repartido los ministerios. El SMS del socialista arrojó algo de luz. «Me dice nuestra informador en el Ayto de Madrid que Gallardón va a Defensa». Finalmente, Gallardón no tomó la cartera de Defensa, sino la de Justicia.

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