Política

La ex decana de los abogados de Madrid pide 16 meses de prisión para su presunto agresor

Sonia Gumpert reclama también una indemnización de 5.000 euros a Alejandro Pintó por los "daños morales" sufridos

Sonia Gumpert, anterior decana del Colegio de Abogados de Madrid y agredida presuntamente por Alejandro Pintó la noche electoral.

Sonia Gumpert, anterior decana del Colegio de Abogados de Madrid y agredida presuntamente por Alejandro Pintó la noche electoral. EP

Sonia Gumpert, ex decana del Colegio de Abogados de Madrid, pide la imposición de una pena de 16 meses de prisión al letrado que le agredió presuntamente la noche de las últimas elecciones gremiales y que le indemnice con 5.000 euros por los daños morales que ha sufrido. El Juzgado de Instrucción 45 de Madrid ha dado ya por terminada la investigación y deja al presunto atacante a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso El Independiente, el abogado de Gumpert atribuye a Alejandro Pintó Sala -presidente del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) y próximo al nuevo decano, José María Alonso- la comisión de delitos de atentado contra la autoridad y de lesiones. La agredida también dirige la acción contra las dos personas que acompañaban a Pintó Sala en el momento de los hechos, para los que pide un año de prisión a cada uno y un mes de multa con una cuota diaria de 100 euros.

La presunta agresión tuvo lugar en la noche del pasado 13 de diciembre en el hotel de Madrid en el que se celebraron las elecciones para renovar la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, la mayor institución profesional del país con más de 77.000 asociados. Según relata Gumpert, cuando se encontraba hablando con dos letrados en el vestíbulo del hotel «se acercó» Pintó Sala y, «dándole varios golpecitos» en el brazo y «con ánimo intimidatorio», le dijo: «Esto no acaba aquí, te vas a enterar. Tienes veinte causas pendientes».

La entonces decana en funciones se dirigió con sus acompañantes a tomar el ascensor y, cuando el elevador había abierto sus puertas, «los tres acusados irrumpieron sorpresivamente en escena de forma impetuosa con claro ánimo de acometer y menoscabar la integridad física de doña Sonia Gumpert» y «se introdujeron violentamente en el ascensor». Ello motivó que las dos personas que le acompañaban tuvieran que salir al paso para protegerla y taponar «con sus cuerpos la salida del habitáculo».

«En ese escenario de acometimiento violento, entre amenazas, insultos y vejaciones, tales como ‘eres una zorra, hija de puta, te vamos a matar, estás muerta’, ‘vigila, vigila’, ‘podemos traer ahora mismo a veinte personas con bates para abriros la cabeza’, don Alejandro Pintó Sala dio un puñetazo a doña Sonia Gumpert, causándole una contusión facial con edema infraorbitario y una crisis de ansiedad que requirió de una primera asistencia facultativa, estando cinco días incapacitada para sus actividades habituales», añade el abogado de la denunciante.

Sonia Gumpert también pide que el presidente de ISDE le indemnice con 5.000 euros por los «daños morales» sufridos

Frente a la versión que ofrece la anterior decana, Alejandro Pintó negó «todo acto de agresión o expresión violenta u ofensiva» cuando prestó declaración ante la juez, a la que aseguró haber sufrido «expresiones vejatorias» por parte de Gumpert. Ésta reclama a aquél que le indemnice con 5.000 euros por los daños morales que le ha ocasionado y con 750 euros por los cinco días que estuvo incapacitada para ejercer.

Tras tomar declaración a los tres acusados y a dos testigos de los hechos y obtener la grabación realizada por las cámaras de hotel, la titular del Juzgado de Instrucción 45 de Madrid, Luisa María Prieto Ramírez, dictó el pasado 15 de enero el auto por el que transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado. Las partes tienen que presentar escritos de acusación o solicitar el sobreseimiento de la causa.

«Buen nombre de la profesión»

El Consejo General de la Abogacía ya ha solicitado su personación en la causa para ejercer la acusación particular, dado que la posible víctima del delito era «la máxima representante de todos los abogados madrileños» cuando tuvieron lugar los hechos. La institución que preside Victoria Ortega argumenta que la agresión que se investiga «puso en peligro el buen nombre de la profesión» y que velar por el «prestigio» de ésta es una de las funciones del Consejo General de la Abogacía, debiendo además «defender el carácter de autoridad pública de los decanos de los Colegios de Abogados».

En su segunda reunión desde que tomó posesión, la nueva junta de gobierno del Colegio de Abogados de Madrid acordó la pasada semana integrarse en la acusación popular que ejerce el Consejo General de la Abogacía en esta causa, al entender que carece de sentido que la institución se persone de forma autónoma en el procedimiento.

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