El ex presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda, ha declarado este jueves en la Audiencia Nacional imputado en el caso Lezo para negar cualquier irregularidad en torno a la adquisición de Inassa en el año 2001 por parte del Canal de Isabel II.

Según informan fuentes jurídicas, Canalda ha explicado que cuando él aterrizó en la empresa pública madrileña para ocupar la dirección de la misma la operación de compra de Inassa ya estaba en marcha, por lo que ha defendido que no tuvo nada que ver en la misma.

Asimismo, el ex presidente de la cámara madrileña ha señalado que dio el visto bueno a la operación asesorado por los técnicos del Canal y ha defendido que no apreció ningún sobrecoste en la citada operación mercantil, que se encuentra ahora bajo la lupa de la Audiencia.

El investigado ha relatado que él comenzó a trabajar como gerente del Canal el 1 de octubre de 2001 y que un día después el ex director económico José Antonio Cachavera le explicó someramente la operación. Él dio credibilidad a las explicaciones de Cachavera -ha dicho- y llevó el proyecto a la reunión del consejo de administración del Canal el día 8, en la que leyó un guion elaborado por el ex director económico.

En otro momento del interrogatorio, su defensa le preguntó por el papel del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón tuvo en este asunto. Canalda respondió desmarcándose y asegurando que nunca tuvo relación con el ex dirigente del PP y que duda mucho que interviniese en su nombramiento en el Canal.

Arturo Canalda dimitió el pasado 27 de diciembre cuando el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el magistrado Manuel García Castellón, lo imputó en esta pieza separada del caso Lezo.

El instructor de esta macrocausa de corrupción sospecha que tras los 73 millones de dólares que el Canal pagó por Inassa pudo haber»una sobrevaloración claramente perjudicial» para los intereses de la empresa pública de aguas porque la operación se hizo a través de una «compleja estructura societaria» que contravino «de plano» los acuerdos del Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad. En concreto, se utilizó una «sociedad vehículo» llamada Canal Extensia, que adquirió Inassa a través de la mercantil panameña interpuesta Sociedad Aguas de América.