Mientras en Cataluña llovía a cántaros, en Euskadi se miraba de reojo y a cubierto al mismo tiempo que se discutía en voz baja. Han sido cinco años revoloteando, repletos de giros lingüísticos, discursos ambiciosos y listados de buenos propósitos. Pero la hora de escribir la letra pequeña de su particular ‘Estatut’, el vasco, el proclamado nuevo ‘Estatus’ que está llamado a relevar al viejo Estatuto de Gernika de 1979 ha llegado. Hoy se ha convocado de nuevo la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco que acumula años de sesiones sin avances ni acuerdos y en la que cada una de las cinco formaciones de la Cámara presentará su propuesta de bases para intentar consensuar cómo debe ser la Euskadi del futuro y su relación con el Estado.

En este contexto de modelos dispares y propuestas ambiciosas para actualizar el autogobierno, el ‘derecho a decidir’ ha sido el foso que unos siempre han rodeado temerosos de no caer en él, el agujero en el que otros urgen a sumergirse de lleno o la amenaza que los más conservadores instan a enterrar definitivamente para sacarla de la mesa de discusión. Las posiciones se dividen entre propuestas nacionalistas y no nacionalistas, que a su vez, entre singularidades importantes en cada uno de los ‘frentes’, multiplican aún más el abanico.

El crisol de propuesta abarca desde la posición del PP de ‘no tocar nada’ y defender el actual Estatuto vasco, hasta la apelación de EH Bildu de situar el derecho a decidir del pueblo vasco como eje fundamental para avanzar hacia una república vasca independiente. Tampoco falta la defensa de un estatuto vasco de carácter social, como propone Podemos, que deje para otro foro las guerras identitarias.

Demasiadas discrepancias para lograr el amplio consenso transversal al que llaman la mayoría de las formaciones. Casi tantas como amenazas y advertencias. El PP advierte de que abandonará la ponencia si se incluye el derecho a decidir en el documento, EH Bildu también amenaza con marcharse, pero si no se incorpora en él.

Un difícil acuerdo que deberá alcanzarse entre los cinco partidos para consensuar un borrador de bases que posteriormente se remitiría a un grupo de expertos. Serían los encargados de convertirlo en un texto articulado que daría forma al nuevo estatuto vasco que se votaría en el Parlamento. Posteriormente, una vez aprobado en Vitoria, se remitiría a la Cámara Baja para su aprobación y se votaría finalmente en referéndum por parte de la sociedad vasca.

PNV. Derecho a decidir y consultas ‘habilitantes’. Es la formación con mayor peso en la Cámara. El partido que preside Andoni Ortuzar es el único que no ha dado a conocer las últimas modificaciones que hoy hará públicas respecto al documento que ya había presentado con antelación. En él, el PNV plantea que el futuro Estatuto de Euskadi debe incluir el derecho a decidir en su articulado. Lo haría apelando a los principios democráticos y de legalidad. Los jeltzales insisten en que su propuesta en ningún caso contempla un proceso de ruptura y enfrentamiento con el Estado, sino avanzar en el marco legal.

Una legalidad constitucional que se lograría, recuerda el PNV, valiéndose de lo ya reconocido en la Carta Magna y el Estatuto de Gernika; los derechos históricos del Pueblo vasco. Un pueblo que quiere convertir en “sujeto político” y por tanto con derecho a establecer una relación de “bilateralidad”, de igual a igual, con el Estado. Un formato similar al que ya se aplica con el Concierto Económico y que impide que una de las dos partes pueda imponerse sobre la otra. El PNV se refiere al modelo de relación que plantea como una fórmula “confederal” que regiría la relación entre Euskadi y España.

Además, propone que, tras la aprobación en su caso de un articulado en el Parlamento vasco, éste se debería someter a una “consulta habilitante” por parte de la sociedad antes de acudir al Congreso a defenderlo y someterlo a tramitación. Posteriormente, y tras lograr su aprobación, debería ser ratificado en referéndum definitivo.

EH Bildu. El derecho a decidir, la vía hacia la república vasca. El secretario general de la coalición de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, lo dejó claro el pasado domingo: sin no se incluye el derecho a decidir en el nuevo Estatuto vasco su formación jamás la apoyará. El modelo que hoy defenderá en el Parlamento plantea una propuesta para que el País Vasco pase de “la supeditación” respecto al Estado a “la igualdad” con él. Por ahora deja congelada su aspiración por un nuevo estado independiente pero sin renunciar a ella.

Lograr estirar el actual marco legal, incluso hasta forzarlo, para alcanzar un paso intermedio a la independencia es el objetivo. Bildu propone tensar la situación para favorecer un cambio de la legalidad que permita dar un salto hacia la república vasca.

Como el PNV, también la izquierda abertzale defiende que se celebre una consulta habilitante tras la aprobación, en su caso, de una propuesta de nuevo estatuto.

PSE. Un estatuto legal y viable. Los socialistas no quieren oír hablar del derecho a decidir, no al menos en el futuro estatuto vasco que debe sustituir al aprobado hace casi cuatro décadas. Su apuesta pasa por perfeccionar el marco competencial y reforzar el carácter social en el contexto de un Estado federal. El socio de gobierno con el PNV ha llegado a pactar en su acuerdo de coalición las discrepancias en esta materia con los nacionalistas, con lo que ambos socios están convencidos de que el derecho a decidir no fracturará su alianza.

El PSE ha recordado a Bildu y PNV que los debates en torno al derecho a decidir no deben ser mantenidos en la Cámara de Vitoria sino en el Congreso, donde habría que acordar el cambio constitucional que exige su ejercicio. La formación de Idoia Mendia volverá a advertir hoy al resto de miembros de la ponencia que incluir el derecho a decidir contaminaría el nuevo Estatuto al impedir que pase el “filtro” de la Cámara Baja.

Podemos. Dos mesas para dos aspiraciones, Estatuto y derecho a decidir. Esa fue su propuesta. Fracasó. Podemos, junto al PSE, propusieron al resto de partidos crear dos foros paralelos que debatieran por separado el derecho a decidir y el nuevo estatus. El secretario general de Podemos, Lander Martínez, ya ha advertido que mezclarlo todo podría echar al traste cualquier acuerdo y más aún la necesaria transversalidad y amplio consenso que se desea.

La formación lila defiende un modelo confederal, como el que reclama el PNV, pero en el que las cuestiones identitarias no tengan un peso tan determinante. Respecto al nuevo Estatuto vasco que previamente se debería acordar, reiteran que debería ser plenamente “constitucional” y exprimir hasta el extremo el marco legal pero sin renunciar por ello a actualizar o incluir cuestiones esenciales. Entre ellas se señala la de garantizar el “carácter nacional” de Euskadi y la pluralidad identitaria de la sociedad vasca. También defiende que el nuevo estatuto vasco reconozca la “realidad conformada por vínculos sociales, lingüísticos, históricos, económicos y culturales” que conforman “Euskal Herria”.

Elkarrekin Podemos plantea trabajar un “Pacto de Claridad” a imagen del aprobado en Canadá que permita articular “cauces legales, bilaterales y pactados” para el ejercicio del derecho a decidir. Cree que la sociedad vasca debería avanzar hacia un Estado plurinacional “de cosoberanías”, a medio camino entre un modelo confederal y otro federal.

PP. Blindar el Estatuto actual. El presidente del PP del País Vasco insistió ayer en que “ahora mismo no se da ninguna de las circunstancias”, de “máximo cuidado” y de “mayor consenso” posible para abordar una reforma estatutaria. Alonso defiende que el Estatuto de Autonomía le gusta tal y como está y que lo va a seguir defendiendo así porque “cambiar a peor es una insensatez”. Recuerda que el último “Euskobarómetro” de diciembre del año pasado recogía que el 77 % de los vascos estaba satisfecho con el Estatuto, un porcentaje que ha subido 23 puntos en los últimos cuatro años.

Rechaza que se pueda hablar del “eufemismo vasco” del derecho de autodeterminación, lo que introduciría al país en el “conflicto y la división” y podría hacer “sobrevolar sobre Euskadi los fantasmas de lo que está pasando en Cataluña”. Reitera que ese “presunto derecho” no está reconocido en “ninguna democracia occidental” y que la posición del PP en la Ponencia va a ser para mostrar de manera “expresa y rotunda” el rechazo a incluir ese derecho en una posible reforma estatutaria.