PolíticaEL JUICIO

‘Caso ERE’: lo que declaró Guerrero a la juez y a la Guardia Civil y ahora no quiere ratificar

Que el Consejo de Gobierno debía conocer las ayudas que se concedían con cargo al 'fondo de reptiles' y que la Junta de Andalucía pagaba la defensa de imputados, entre lo que confesó el ex director general de Trabajo durante la fase de instrucción

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‘Caso ERE’: lo que declaró Guerrero a la juez y a la Guardia Civil y ahora no quiere ratificar
Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, este lunes en el juicio por el 'caso ERE'.

Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, este lunes en el juicio por el 'caso ERE'. EFE

Resumen:

Ni ratifica las declaraciones realizadas en sedes policial y judicial durante la fase de instrucción ni se someterá al interrogatorio de las acusaciones y del resto de las defensas. Ésta es la estrategia que ha puesto en marcha Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía y uno de los principales imputados del caso ERE, en el juicio reanudado este lunes tras resolver el tribunal las cuestiones previas presentadas por las partes. Él era el primero en declarar.

“No la ratifico. En ese momento tenía mucha presión mediática y de la Policía para declarar”, contestó el ex alto cargo a pregunta de su abogado después de que la Sala accediera a la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que se leyeran las actas de sus comparecencias ante la Policía Nacional (11 de marzo de 2011), la Guardia Civil (26 de enero y 21 de febrero de 2012) y la juez Mercedes Alaya (del 7 al 9 de marzo de 2012). Guerrero adoptaba esta postura pese a que, cuando lo interrogó la instructora aquellos días, se había ratificado en todas las declaraciones realizadas ante los investigadores policiales. Así consta en el acta de su comparecencia.

Aunque no se haya ratificado, Anticorrupción ha logrado que las declaraciones que Guerrero hizo en fase de instrucción se introduzcan como prueba en el juicio, de ahí el malestar expresado por alguna de las defensas. La vista oral continuará este martes con la lectura de la declaración que hizo el ex director general de Trabajo y Seguridad Social hizo ante la anterior titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla el 9 de marzo de 2013 y se visionará la comparecencia de éste ante la actual titular, María Nuñez Bolaños, a la que pidió declarar de forma voluntaria en octubre de 2015 después de que ésta hubiera desgajado ya la causa en piezas separadas.

¿Qué dijo Guerrero a la Policía Nacional, a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la anterior instructora que ahora no quiere ratificar? El Independiente resume algunas de las cuestiones clave sobre las que el encausado sí se pronunció cuando lo interrogaron durante la fase de instrucción.

  • ¿Qué conocimiento tenía el Consejo de Gobierno? De forma insistente, el responsable de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía entre 1999 y 2008 trató de hacer ver a la juez que inició el caso ERE cuando ésta le tomó declaración a principios de marzo de 2012 que él informaba de las ayudas que concedía con cargo a la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles a sus superiores directos. Según su testimonio, lo hacía cada “siete o 10 días” en los consejos de dirección, reuniones internas en las que participaban el consejero de Empleo, el viceconsejero, los secretarios generales y el jefe del gabinete del consejero. Tirando por elevación, el ex alto cargo defendió en una de sus declaraciones ante los agentes de la UCO que el sistema que se empleaba para la concesión y pago de las ayudas a prejubilados y empresas en crisis también debía ser conocido en el Consejo de Gobierno. Cuando la magistrada le pidió que aportara algún detalle que le permitiera apuntalar ese convencimiento, Guerrero contestó: “El Consejo de Gobierno veía la Memoria de la Ficha Presupuestaria y luego el PAIF [Programa de Actuación, Inversión y Financiación previsto para las agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz] de la empresa en relación a las ayudas sociolaborales y las ayudas a empresas. Cada consejero es de una provincia y, conociendo la problemática de su provincia,  no se puede afirmar que en la Consejería de Empleo se realizara nada a espaldas del Gobierno de la Junta de Andalucía. Todos lo conocían. Además, cada consejero, al ser de una provincia determinada, se interesaba por los temas de su provincia. Por ejemplo, [Isaías Pérez] Saldaña se interesaba por el tema de la Faja Pirítica; [Gaspar] Zarrías por el tema de Santana, el Parque de Proveedores, Cerámica Syre y Gres de Vilches, y Viera se interesaba por el tema de la Sierra Norte [de Sevilla], TGA Aeronáutica… Incluso los parlamentarios se interesaban por los temas de su provincia”.
  • Objetivo: “mantener la paz social”. Cuando la instrucción llevaba en marcha poco más de un año, Guerrero reveló en sede judicial que sus superiores -entonces José Antonio Viera como consejero de Empleo y Antonio Fernández como número dos de dicho departamento- le transmitieron la idea de que había que dotarse de un “sistema operativo con los propios medios de la Consejería de Empleo”, dada la “preocupación” de la Junta de Andalucía por el “mantenimiento de la paz social”. Ese “sistema operativo” se articuló mediante la firma de un convenio marco por el que Empleo concedía las ayudas y encargaba la materialización del pago de las mismas al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) -sucedido por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en 2004-, al que le hacía llegar transferencias de financiación. Éste es el núcleo de la tesis acusatoria: la Junta recurrió a un procedimiento específico para el reparto arbitrario del dinero que no tenía encaje legal y con el que busca eludir los controles del dinero público. “Bajo la publicitada finalidad de la paz social se enmascaraba una realidad de proselitismo político continuado en el tiempo” a favor del PSOE en Andalucía, mantuvo la juez Alaya.
  • Los borradores de orden reguladora, al cajón. El ex director general de Trabajo también desveló cuando declaró la primera vez como imputado ante la instructora que fue suya la idea de que se elaboraran “tres borradores de órdenes y dos de decreto” para regular la concesión de las ayudas sociolaborales y que, una vez redactados éstos por el equipo jurídico de su departamento, se elevaron a la reunión semanal de Viceconsejeros (conocidos coloquialmente como consejillos). El entonces viceconsejero de Empleo le manifestó en una ocasión que “los había expuesto en el consejillo y que los viceconsejeros no terminaban de verlo”. Esos borradores se analizaron en tres reuniones celebradas a principios de 2001, pero nunca llegaron a elevarse para su aprobación por el Consejo de Gobierno. Quedaron en un cajón y, en cambio, el 17 de julio de 2001 se firmó el citado convenio marco entre Empleo y el IFA que dio pie al nacimiento del fondo de reptiles.
  • Aquella visita de Chaves a Lucena… De acuerdo con el testimonio de Javier Guerrero, sólo el consejero y el viceconsejero de Empleo podían imponerle a él la concesión de ayudas, si bien había otros altos cargos en la Administración andaluza que “le daban la lata” cuando había alguna crisis laboral y había que sacar la manguera (fondos públicos) para apagar el incendio (movilizaciones de trabajadores) antes de que se viera quebrada la ansiada ‘paz social’ que tanto desvelo producía a los gobernantes autonómicos. A modo de ejemplo, el ex director general de Trabajo recordó ante la juez haber recibido “un documento escrito del gabinete de Chaves” mediante el que se le instaba a que solucionara “inmediatamente el tema de la empresa Bilore”, ya que “el Presidente tenía que acudir a la localidad donde estaba ubicada” (el municipio cordobés de Lucena). “En fecha próxima se visitará la ciudad de Lucena, por lo que sería conveniente haber encauzado la problemática planteada para evitar encontrarnos ante la situación de ayer”, escribió en un fax el director del Área de Planificación y Seguimiento de la Consejería de Presidencia al jefe de gabinete el 12 de febrero de 2004. Lo que había sucedido el día anterior es que un grupo de trabajadores de Bilore abordó a Chaves durante una visita de éste a Osuna (Sevilla) para que se implicara en la resolución de la crisis de la empresa. “Porque creemos en Andalucía y en su gobierno actual, le pedimos que interceda por nosotros y, aprovechando la visita a nuestra ciudad el próximo 14 de febrero, día de amor y cariño, nos traiga trabajo y dignidad”, reclamaban los empleados de esa factoría andaluza en la carta que le entregaron a Chaves en Osuna.
  • Viera y las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla. Javier Guerrero puso el foco sobre José Antonio Viera, ex consejero de Empleo, cuando declaró por segunda vez como imputado ante los agentes de la UCO. En aquella comparecencia manifestó que Viera tenía “especial interés” en que se otorgaran ayudas a empresas de la comarca sevillana de la Sierra Norte, a la que “iba a cazar” y donde tenía amigos “maestros”. Según el ex director general de Trabajo y Seguridad Social, el consejero le dio instrucciones expresas para que se apoyara económicamente al grupo empresarial controlado por los ex concejales socialistas de El Pedroso -pequeña localidad de esta comarca sevillana- José Enrique Rosendo y José María Sayago. La instrucción puso de manifiesto que la hija de Viera trabajó para una de las sociedades de este conglomerado empresarial, que recibió ayudas por 16,8 millones.
  • ¿Se destruyó documentación oficial tras saltar el ‘caso Mercasevilla’? En el extenso interrogatorio al que la anterior titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla lo sometió en marzo de 2012 también salió a relucir la supuesta destrucción de documentación relativa a las ayudas del fondo de reptiles en la Consejería de Empleo. El ex alto cargo dijo que se le habían “acercado algunas personas de las que han trabajado en la Consejería y que le aprecian” y que le habían comentado que, “según habían escuchado, se habían estado destruyendo documentación”. ¿Qué documentación pudo eliminarse?, inquirió la magistrada. Y Guerrero añadió que lo desconocía, si bien “una orden de este tipo, y dado un tema tan delicado, no puede venir de un director general, sino que tiene que venir de un viceconsejero o de un consejero”.
  • ¿Paga la Junta la defensa jurídicos de imputados? Según Guerrero, sí. Lo declaró en sede judicial el 9 de marzo de 2012 sin el menor titubeo para poner de manifiesto la diferencia de trato que la Administración andaluza estaba teniendo con los acusados en esta causa. Lamentaba que, mientras a él le otorgaban la “presunción de culpabilidad”, a otros imputados se les estaban pagando “los honorarios de sus abogados”. “No entiendo cómo se quiere intentar humillar de esta manera a quien realizó su labor con los presupuestos de los que fue dotado por la Junta de Andalucía y con los instrumentos aprobados por la misma”, expuso a Alaya. El imputado negó haber recibido presiones, únicamente manifestaciones de cargos públicos del PSOE que le habían “denigrado o humillado”. Como ha informado Abc, el Gobierno de Susana Díaz se ha negado a revelar cuánto le costará a los andaluces el pago de los abogados de imputados, al denegar una petición de información formalizada a través del Portal de la Transparencia.
  • Las ayudas al chófer. A Javier Guerrero “no se le pasó por la imaginación” que algunas de las empresas que se beneficiaron de las ayudas del fondo de reptiles que él concedía estuvieran controladas por su chófer oficial, Juan Francisco Trujillo Blanco. Fue lo que defendió en la fase de instrucción, frente a lo que mantuvo aquél. Según el ex alto cargo, de haber sabido que Trujillo Blanco participaba en el accionariado de esas empresas ficticias se habría inhibido para que hubiera sido la Viceconsejería o la Consejería que resolviera sobre la concesión de dichas subvenciones para evitar que pudiera pensarse que se le apoyaba “por su cercanía” con él. Aquella respuesta dio pie a Alaya para preguntarle por qué no se inhibió cuando incluyó a su suegra como beneficiaria de una póliza de prejubilación como falsa trabajadora de SOS Cuétara. Entonces dijo que él era “el competente para otorgar las ayudas sociolaborales” y que “no se cuestionó la ilegalidad de la concesión de la ayuda pues cumplía los mismos requisitos que otros trabajadores”. El chófer reconoció a la instructora que destinó parte del dinero público supuestamente para el desarrollo de proyectos empresariales a la compra de cocaína para él y su jefe, llegando a gastar entre 20.000 y 25.000 euros al mes en droga.
  • Las ayudas, sólo para las “personas del entorno”. ¿Por qué solamente percibieron estas rentas [de prejubilaciones] personas cercanas a usted, familiares, amigos, conocidos, familiares de su amigo el señor [Antonio] Rivas, su amigo el señor [Juan] Lanzas y familiares de éste último, así como personas cercanas al PSOE que o bien habían ostentado cargos públicos o respecto de los cuales existía cierto interés?, le preguntó Mercedes Alaya. Sin rodeos, Guerrero expuso su particular tesis: “Puesto que eran ayudas discrecionales y no tenían publicidad, lo lógico es que se enteraran personas de su entorno, personas del entorno de la Consejería de Empleo, personas del entorno de la Junta de Andalucía y personas del entorno de las organizaciones sindicales”. Y esto ¿no le parece una barbaridad?, profundizó la instructora. Con total naturalidad, el ex alto cargo dijo que era “el resultado de la aplicación de la política de ayudas” que a él le habían indicado.