JxCat acusa al presidente del Gobierno de “abuso de derecho” en las alegaciones presentadas ante el Tribunal Constitucional para rebatir la impugnación de la sesión de investidura de Carles Puigdemont, que el alto tribunal todavía no ha admitido a trámite, aunque sí dictó medidas cautelares para evitar una investidura a distancia. El escrito de alegaciones elaborado por el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, critica además la impugnación preventiva impulsada por el Gobierno y rechaza las tesis de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría sobre la inelegibilidad de Puigdemont.

En su escrito, el grupo de Puigdemont señala que “la suspensión de la investidura constituye un abuso de derecho por parte del Presidente del gobierno, que incurre en una manifiesta desviación de poder al utilizar ese privilegio procesal para finalidades preventivas y ajenas al objeto propio del control de constitucionalidad del acto recurrido, y de forma desproporcionada para impedir, sin motivarlo, la propuesta del President del Parlament de candidato a la presidencia de la Generalitat”.

El recurso del Gobierno llevó al presidente del Parlament, Roger Torrent, a posponer la sesión de investidura, aunque el TC no ha decidido todavía su admisión, por las medidas cautelares que advertían contra una investidura a distancia de Puigdemont, la fórmula que pretendía imponer JxCat.

JxCat ve “desproporcionado, excesivo y contrario a las reglas de la buena fe procesal” la impugnación para suspender la investidura

Según este grupo, resulta “desproporcionado, excesivo, contrario a las reglas de la buena fe procesal y, en definitiva, abusivo, acudir a la impugnación de un acto parlamentario obligatorio cuando resulta patente que esa impugnación sirve al exclusivo fin de beneficiarse del privilegio de la suspensión directa” que le atribuye la Constitución. Un abuso que el escrito atribuye directamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Por ello, JxCat pide la “inadmisión de plano de la impugnación”.

En sus alegaciones, los independentistas consideran que el recurso contra la investidura supone “una desviación de poder en la medida en que recurre a este privilegio procesal para intentar impedir, sin motivarlo y con el informe en contra del Consejo de Estado” la investidura de Puigdemont.

Impugnación preventiva

Cuevillas señala además que se trata de una “impugnación preventiva, fundamentada en situaciones hipotéticas y basada en meras presunciones que vulnera el artículo 23 de la Constitución”. El partido de Puigdemont recuerda la jurisprudencia del alto tribunal recogida por el dictamen del Consejo de Estado para señalar que el TC “debe pronunciarse respecto a preceptos impugnados, no sobre eventuales e hipotéticas interpretaciones de los mismos”. Y concluye que la suspensión preventiva de la investidura supondría “impedir el ejercicio de las más elementales funciones parlamentarias” de todos los diputados autonómicos.

JxCat señala niega además que existan causas de inelegibilidad de Puigdemont, puesto que no ha sido condenado, como establece la Ley de Régimen Electoral, y recuerda que la Junta Electoral “tiene reiteradamente declarado que no cabe una interpretación extensiva de las causas de inelegibilidad”. Una alegación destinada a rebatir la tesis de la vicepresidenta del Gobierno, quien argulló la inelegibilidad de Puigdemont porque ve limitada su libertad de movimientos en España.

Por último, apelan al Convenio Europeo de Derechos Humanos para señalar que la impugnación del Gobierno supone una vulneración del derecho a sufragio activo y pasivo recogido en el tratado europeo. Y advierte de que la orden de impedir o paralizar iniciativas parlamentarias dirigidas al presidente y la Mesa del Parlament “supondrían una clara extralimitación del ejercicio de la función de control de constitucionalidad”.