Julian Assange vuelve a perder frente a la justicia británica. La juez Emma Arbuthnot ha decidido mantener la orden de arresto que pesa sobre el fundador de WikiLeaks. Cree que “puede dejar la embajada cuando quiera, recibe visitas, puede elegir lo que come y también recibir luz solar, como se ve en sus fotos en el balcón”. A la juez no le parece un encierro forzoso, como mantiene el activista y su equipo legal. Tienen tres meses para apelar.

Después del primer intento la semana pasada, ahora los argumentos de la defensa en la corte de Magistrados de Westminster le daban más esperanza, pero este martes y 13 no fue un día de suerte para Assange.  La defensa se ha basado en cuatro pilares esta vez: Assange tenía razones para proceder como lo hizo; la ONU ha dictaminado a su favor; cooperó con la investigación sueca todo el tiempo; y sus años en la embajada pueden considerarse como castigo suficiente por sus acciones.

También la juez habría tenido en cuenta en esta ocasión la existencia de unos correos electrónicos, obtenidos bajo la Ley de Libertad de Información por la periodista Stefania Maurizi, que prueban que la Fiscalía evitó que los investigadores suecos interrogaran a Assange en 2010 y 2011. También que disuadió a Suecia cuando en 2013 no veía razón para seguir adelante. Sin embargo, estas revelaciones no han inclinado la balanza a favor de Assange finalmente.

Assange, de 46 años, se refugió el 19 de junio de 2012 en la embajada ecuatoriana en Londres en lo que supuso una violación de su libertad condicional dictada por los tribunales británico. El activista pretendía sobre todo en ese momento evitar la extradición a Suecia, donde se abrió una investigación por las denuncias de violación y agresiones sexuales formuladas por dos mujeres.

El Independiente ha revelado cómo el secretario general del grupo parlamentario de Unidos Podemos, Txema Guijarro, gestionó el asilo político en esta legación londinense. El ahora diputado y miembro de la dirección de Podemos permaneció seis meses en Londres en 2012 bajo mandato del Ministerio de Exteriores ecuatoriano para tramitar el asilo.

El activista pretendía sobre todo en ese momento evitar la extradición a Suecia, donde se abrió una investigación por las denuncias de violación y agresiones sexuales formuladas por dos mujeres. La Justicia sueca archivó la investigación en mayo de 2017.

Más que a la justicia sueca, Assange, ante quien se mostró siempre dispuesto a declarar como hizo finalmente en la propia embajada, su temor es acabar en territorio estadounidense, donde podrían juzgarle por violar secretos de Estado y espionaje, como le ocurrió a la soldado Chelsea (antes Bradley) Manning. Quien fuera filtrador de documentos de la inteligencia de EEUU a WikiLeaks fue primero condenado a 35 años. El presidente Barack Obama le indultó en la última semana de su mandato.

Assange lleva ya cinco años y casi ocho meses en este enclaustramiento, que sus abogados consideran similar a un encarcelamiento. Apenas ve la luz del sol y su salud se ha resentido sustancialmente.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias dictaminó hace dos años a favor del fundador de WikiLeaks. “Las variadas formas de detención arbitraria que ha sufrido Julian Assange constituyen una forma de detención arbitraria”, dijo Christophe Pechoux, portavoz del panel el 5 de febrero de 2015.

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, reconoce que es “un problema heredado e incómodo”

Ecuador otorgó el asilo político a Assange poco después de que se refugiara en la embajada, en 2012. En enero de este año la ministra de Exteriores, María Rosario Espinosa, confirmó que Assange, australiano de nacimiento, había obtenido la nacionalidad ecuatoriana. Agradecido, se mostró en su Twitter con la camiseta de la selección de su país de adopción. Recientemente el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, dijo que era “un problema heredado e incómodo”. Moreno amonestó recientemente a Assange por expresar opiniones políticas desde la embajada, en especial sobre Cataluña.

La ministra reconoció su preocupación por el estado de Assange, que entró en la legación cuando el presidente era Rafael Correa, y aseguró que estaban trabajando en buscar una salida a su situación en colaboración con las autoridades británicas. La idea inicial era que el fundador de WikiLeaks pudiera salir de la embajada con un pasaporte diplomático, pero el Reino Unido rechazó reconocerle la inmunidad.

Así el equipo legal de Assange pasó a intentar revocar la orden de detención, ya que Suecia ya no le reclama, y la pena que padece no es proporcional a los intereses que persigue la justicia.

Los abogados de Assange, entre ellos Baltasar Garzón, aseguraban tener indicios de que hay un gran jurado en EEUU a cargo del caso sobre el fundador de WikiLeaks. De hecho, el ex director del FBI James Comey dijo al Congreso el año pasado que la única razón por la que no había sido detenido es porque está en la embajada. El fiscal general, Jeff Sessions, también dijo que su arresto era “una prioridad”. A su vez, el presidente Trump elogió el trabajo de WikiLeaks cuando le beneficiaba.

“Hemos de confrontar el asunto tal cual es. Si Julian Assange sale de la embajada hoy, se arriesga a ser extraditado a EEUU y hacer frente a las acusaciones por publicar información en WikiLeaks. Assange está dispuesto a hacer frente a la justicia británica…  pero no al riesgo de verse forzado a enfrentarse con la injusticia estadounidense”, ha declarado una de sus abogadas, Jennifer Robinson, en un comunicado. De momento, el culebrón sobre el gran filtrador de la historia reciente continúa.