Política

El PP pide la dimisión de Rivera por el informe que no avala las cuentas de Cs

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El PP pide la dimisión de Rivera por el informe que no avala las cuentas de Cs
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, durante un acto en Aragón.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, durante un acto en Aragón. EFE

Resumen:

El PP ha emplazado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a presentar su dimisión por el informe del Tribunal de Cuentas en el que no se da el visto bueno a la contabilidad del partido naranja de 2015 por una serie de deficiencias que limitaban el alcance del examen. “No arrastre más los pies. ¿Quién va a dimitir en su partido? Rivera debería”, ha dicho el delegado del PP en la comisión, Juan Bravo.

El emplazamiento se ha producido en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas después de que el presidente de la institución, Ramón Álvarez de Miranda, hubiera presentado el informe sobre los estados contables de los partidos en los años 2014 y 2015.

En ese informe, dado a conocer en vísperas de Nochevieja, el Tribunal de Cuentas da su aval, aunque con salvedades, a las contabilidades de 20 partidos respecto del ejercicio 2014, y de 19 en cuanto a 2015, incluyendo al PP, al PSOE y Podemos, pero no da su visto bueno a siete formaciones en 2014 -Izquierda Unida (IU), Compromís, Aralar, EH Bildu, Convergència (CDC), Eusko Alkartasuna (EA) y Partido Aragonés–, y hasta nueve en 2015 –las mismas más Ciudadanos y EH Bildu-, debido a las limitaciones al alcance y/o a la importancia cualitativa de las salvedades puestas de manifiesto.

El PP ha emplazado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a presentar su dimisión por el informe del Tribunal de Cuentas en el que no se da el visto bueno a la contabilidad del partido naranja de 2015 por una serie de deficiencias que limitaban el alcance del examen. “No arrastre más los pies. ¿Quién va a dimitir en su partido? Rivera debería”, ha dicho el delegado del PP en la comisión, Juan Bravo.

El emplazamiento se ha producido en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas después de que el presidente de la institución, Ramón Álvarez de Miranda, hubiera presentado el informe sobre los estados contables de los partidos en los años 2014 y 2015.

En ese informe, dado a conocer en vísperas de Nochevieja, el Tribunal de Cuentas da su aval, aunque con salvedades, a las contabilidades de 20 partidos respecto del ejercicio 2014, y de 19 en cuanto a 2015, incluyendo al PP, al PSOE y Podemos, pero no da su visto bueno a siete formaciones en 2014 -Izquierda Unida (IU), Compromís, Aralar, EH Bildu, Convergència (CDC), Eusko Alkartasuna (EA) y Partido Aragonés–, y hasta nueve en 2015 –las mismas más Ciudadanos y EH Bildu-, debido a las limitaciones al alcance y/o a la importancia cualitativa de las salvedades puestas de manifiesto.

Tampoco le fue posible valorar los estados contables de otras dos formaciones: Unió Democrática (UDC), el socio democristiano de CiU que acabó en concurso de acreedores, y Unión Progreso y Democracia (UPyD), el partido que, ya fuera del Congreso y abandonado por Rosa Díez, no entregó gran parte de la documentación que se le pedía.

La inclusión de Ciudadanos en esa lista de partidos no aprobados por el Tribunal de Cuentas viene siendo utilizada por el PP para atacar a los de Albert Rivera, a los que afea que venda un mensaje de regeneración democrática pese al “demoledor” informe del fiscalizador.

No es delito

El ponente del PP en la comisión, Juan Bravo, ha incidido en las críticas y ha acusado a Ciudadanos de aplicar una “doble vara de medir”, atribuyendo ilegalidades a los demás lo que para ellos sólo son aspectos formales.

Bravo se ha preguntado qué se puede esperar en el Gobierno de un partido que “no es capaz de gestionar ni su patrimonio” y ha dado por acabado el discurso de Ciudadanos que presumía de no tener irregularidades.

El presidente del Tribunal de Cuentas, que ha asistido al cruce de acusaciones entre los parlamentarios a cuenta de su informe, ha querido dejar claro que el hecho de no recibir el visto bueno no es un delito porque así lo decidieron los propios partidos en la reforma legal de 2015, en un momento de mayoría absoluta del PP y les ha emplazado a cambiar la redacción si quieren ser “más exigentes” consigo mismos.