En 2017 millones de personas en el mundo han sufrido los efectos de la política del odio. Muchos han sido los gobiernos que han demonizado a las minorías, desde EEUU a Birmania pasando por Rusia o China. En su informe 2017-2018, Amnistía Internacional destaca, sin embargo, que los movimientos de protesta están en auge en todo el planeta. “Nace una nueva era de activismo social”, señala la presidenta en España, Arancha Vicario. En vanguardia están las mujeres.

La multitudinaria Marcha de las Mujeres en Estados Unidos, que luego tuvo su eco en todo el mundo, ha puesto de manifiesto la creciente influencia de los movimientos sociales. “El espíritu indomable de las mujeres al frente de poderosos movimientos de derechos humanos nos recuerda que el deseo de igualdad, dignidad y justicia no se extinguirá jamás”, afirma el secretario general de la organización, Salil Shetty, en el informe.

“Las mujeres en los movimientos de defensa de los derechos humanos han sido invisibilizadas durante muchos años pero su papel ahora es cada vez más relevante. Hasta ahora actuaban pero en la sombra”, ha declarado en la rueda de prensa en Madrid la presidenta de AI en España.

“Dentro de la reacción de la sociedad, que es una señal positiva de este momento, están los movimientos #MeToo o Ni una menos, que condena los feminicidios en América Latina, o defensoras de derechos humanos. Luchan contra la discriminación y la violencia contra las mujeres. Sacan a la luz estos abusos”, añade Vicario.

“Hemos levantado la voz”

Yolanda Oqueli, activista guatemalteca

Yolanda Oqueli, activista guatemalteca AA

La historia de la guatemalteca Yolanda Oqueli es un testimonio que da fe de esa voluntad de resistir frente a los abusos de los poderosos. “Las mujeres han levantado la voz”, explica la guatemalteca Oqueli, que acaba de salir de su país, tras años de amenazas y acoso.

Recibió un disparo en la espalda en un atentado en 2012. Su delito: formar parte de la Resistencia Pacífica de La Puya, que se oponía al proyecto de extracción de oro El Tambor Séptima Derivada. Es propiedad de la empresa estadounidense Kappes, Cassiday & Associates, que actúa con subsidiarias locales, Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. y Servicios Mineros de Centro América.

En 2011 empezó su lucha contra ese plan porque consideraba que “ponía en riesgo la vida de las comunidades”. Exigían, como señala el protocolo que promovió su gobierno, que se consultara a las poblaciones afectadas, en San José del Golfo y San Pedro Ayampuco, pero la multinacional hizo caso omiso.

Oqueli ha recibido amenazas, y ha sufrido campañas de difamación. Aparecían imágenes suyas obscenas que habían sido manipuladas. También señalaron a su familia, incluso intentaron secuestrar a sus hijos en dos ocasiones. Oqueli es madre de tres niños, el menor, Gustavo, aún es un bebé. Está en España gracias al Programa de Protección Temporal de defensores de derechos humanos. En marcha desde 1998, ha beneficiado a 50 familias.

“En nuestra lucha siempre han participado mujeres. Nos hemos puesto al frente. Defendemos la tierra y el agua, que son para nosotras como nuestra vida”, insiste esta mujer menuda pero muy determinada. “Quieren callarnos. Lo hacemos por el planeta. Nos afecta a todos”, explica con frases cortas y certeras. Yolanda Oqueli era compañera de lucha de la hondureña Berta Cáceres, activista medioambiental asesinada el 2 de marzo de 2016.

En otras partes del mundo, millones de mujeres han roto su silencio para denunciar el acoso sexual y pedir cuentas a los agresores. El movimiento #MeToo (Yo también) surge en EEUU pero ha cobrado fuerza en todo el globo. En Europa, incluso en países conservadores como Polonia, las mujeres han salido a las calles contra medidas restrictivas sobre el aborto. En Rusia es preocupante cómo se ha legitimado cierta forma de violencia doméstica, otra de los abusos que padecen las mujeres en el mundo.

Tampoco se han quedado paradas las mujeres en regímenes como el iraní, donde se han atrevido a quitarse el hijab en un claro desafío a los ayatolás. La policía arresta a toda mujer que muestren en público el pelo. En Irán el Parlamento también ha aprobado en octubre una ley que impone restricciones a la información sobre métodos anticonceptivos.

El calvario de sirios, afganos y rohingyas

Amnistía Internacional hace un recorrido en su informe por los países donde la guerra sigue golpeando indiscriminadamente a los civiles, como Siria, que solo en esta semana ha vuelto a ser escenario de una masacre con más de 200 muertos en Guta, o Afganistán, donde el número de civiles muertos ha sido mayor que nunca antes.

Afganos y sirios siguen siendo rechazados en las fronteras de muchos países europeos. También denuncia cómo en Birmania se han cometido crímenes de lesa humanidad contra la minoría rohingya, sometida a un sistema de apartheid.

A su vez, como destaca el director de AI en España, Esteban Beltrán, “la libertad de expresión sigue siendo un campo decisivo de batalla para los derechos humanos, hablar claro es cada vez más peligroso”. Proliferan los gobiernos que recurren a las noticias falsas y los que tratan de poner trabas a las instituciones que actúan como contrapeso.

Las ONG son perseguidas, los activistas asesinados (312 en 2017) o detenidos (en Turquía, por primera vez actúan contra los directivos de Amnistía). Los periodistas están en el objetivo por denunciar los abusos (solo en México mataron a 12, la cifra más alta desde 2000).

Otro de los estigmas de 2017, que seguirá siendo preocupante en 2018, es lo que denomina Amnistía Internacional “la apocalipsis de austeridad”,  Beltrán ha descrito “un panorama desalentador”, que va a afectar a dos tercios de la población mundial. En 2017 las medidas de austeridad se han impuesto en una mayoría de países. Sorprendente es, por ejemplo, cómo en el Reino Unido se relacionan hasta 120.000 muertos con los recortes en la sanidad.

España, demasiadas asignaturas pendientes

“Ha sido un mal año para la libertad de expresión y reunión pacífica”, resume Beltrán.  Preocupa a Amnistía cómo cada vez hay más sanciones por este motivo contra particulares. Denuncia la arbitrariedad y la falta de mecanismos independientes.

Llama la atención de AI cómo en 2011, cuando aún ETA mataba, hubo una condena por enaltecimiento del terrorismo en redes sociales y medios de comunicación. De 2011 a 2017 hubo 76 condenas. Amnistía defiende que “no debería existir este delito”.

Asimismo, la organización denuncia “el uso excesivo de la fuerza el 1 de octubre” (cuando tuvo lugar el referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña). Considera “desproporcionada la prisión provisional de Jordi Sánchez, de Asamblea Nacional Catalana, y Jordi Cuixart, presidente de Omnium Cultural”.

El calvario que ha sufrido Ignacio Robles, un bombero de Bilbao que se negó a colaborar con los envíos de armamento a Arabia Saudí, resulta alarmante. Le abrieron expediente sancionador, sobre todo, con vistas a evitar que haya más que sigan su camino. “Cada diez minutos muere un niño menor de cinco años en Yemen. Somos cómplices de este crimen si dejamos que pase”, señala.

Otra de las asignaturas en las que España suspende, según Amnistía, sería a la hora de aplicar medidas de austeridad como consecuencia de la crisis. En los primeros nueve meses de 2017 hubo 43.459 desahucios. El derecho a la vivienda está lejos de estar garantizado en nuestro país.

Al igual que otros países europeos, España continúa sin dar protección a las personas que solicitan refugio y proceden de zonas en conflicto. Apenas han llegado a España un 15%, unas 3.000 personas, de las 17.337 que corresponderían, según su compromiso con la UE.

Más grave aún es la situación en la frontera sur, donde como denuncia la abogada Isabel Elbal se siguen aplicando las llamadas “devoluciones en caliente” o expulsiones inmediatas, a pesar de la sentencia de 12 de septiembre de 2017, por la cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que esa práctica es “ilegal”.

La sentencia ha sido recurrida en enero pasado por el gobierno español. Mientras tanto, deberían respetar lo que determinó la corte de Estrasburgo, dice la abogada. “Toda persona que cruza una frontera tiene derecho a que se le trate como un ser humano, no como un fardo”, concluye.

Isabel Elbal, como Yolanda Oqueli, no se rinde. Amnistía Internacional tampoco. La lucha por una vida digna continúa.