Los servicios jurídicos del Estado y la Fiscalía están estudiando las responsabilidades en que pudieran incurrir los miembros de la Mesa del Parlament si finalmente mantienen la admisión a trámite de las enmiendas de la CUP para reafirmar la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

Fuentes del Gobierno han informado de ese análisis que están realizando los servicios jurídicos por considerar que las enmiendas de la CUP tienen un carácter ilegal y contrario a la Constitución y al Estatut.

El PSC ha registrado una petición de reconsideración de la admisión a trámite de las enmiendas de la CUP

El Ejecutivo ha realizado esta advertencia después de que la Mesa del Parlament, con el apoyo de JxCat y ERC y el voto en contra de Ciudadanos y el PSC, haya admitido a trámite las enmiendas presentadas por la CUP a las propuestas de resolución que se debatirán mañana en el pleno de la cámara catalana. Entre esas enmiendas se encuentran las que abogan por ratificar la declaración de independencia del pasado 27 de octubre.

Por su parte, desde la Fiscalía señalan que, «dada la extrema gravedad de la iniciativa y su total y absoluta oposición al ordenamiento jurídico y a las resoluciones reiteradas del Tribunal Constitucional, se están estudiando las posibles implicaciones penales».

Tras esa decisión, el PSC ha registrado una petición de reconsideración de la admisión a trámite de las enmiendas de la CUP en las que se defiende la reafirmación de la declaración de independencia y ha solicitado encargar a los letrados un informe sobre su adecuación al ordenamiento jurídico y a las decisiones previas del Tribunal Constitucional.

Si no existiera esa reconsideración, sería cuando el Gobierno podría actuar contra los miembros de la Mesa del Parlament en función del análisis que están realizando los servicios jurídicos del Estado. «El Gobierno- subrayan las fuentes del Ejecutivo- velará en todo momento por el cumplimiento de la ley, como ha venido haciendo hasta ahora». Además, garantiza que seguirá ejerciendo con la mayor eficacia posible la administración de los asuntos ordinarios en Cataluña, mientras no haya un presidente de la Generalitat elegido de acuerdo con la ley y el reglamento del Parlament.