Carles Puigdemont acusa al Gobierno de «violar los tratados internacionales» por la imposición «desproporcionada en injustificada de restricciones» a los derechos políticos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta Internacional de Derechos Políticos. Lo hace en una denuncia contra España ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU presentada por Ben Emmerson, relator de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.

Emmerson ha advertido además que esta será solo la primera de una serie de demandas contra España en instancias internacionales que el equipo de juristas de Puigdemont piensa presentar «cada mes» hasta que el Gobierno español acepte buscar una salida negociada a la situación del ex presidente catalán. El letrado ha anunciado una «guerra judicial» contra España y ha asegurado que el Comité de Derechos Humanos de la ONU decidirá en un plazo de dos meses la admisión a trámite de la demanda de Puigdemont, y en caso de que sea admitida podría tardar un año en emitir su dictamen.

Este Comité está integrado por un grupo de expertos que tutela el cumplimiento de ambos tratados internacionales de derechos humanos en los estados que los han suscritos. Sus dictámenes no son sentencias pero sí se considera que los estados deben seguir sus recomendaciones.

En concreto, Puigdemont reivindica su derecho a concurrir a elecciones, la libertad de asociación con otros políticos independentistas y con otros partidos con el objetivo común de conseguir la independencia de Cataluña, así como el derecho a apoyar pacíficamente la causa de la independencia. Y acusa «al Reino de España» de haber violado de forma reiterada esos derechos.

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La consecuencia de esa represión, asegura en su demanda, es que España obliga a Puigdemont a escoger entre «regresar a España, donde será inevitablemente sujeto de una detención arbitraria y limitada su acción política; permanecer como presidente en el exilio, bloqueando el funcionamiento del Parlament y permitiendo que siga el directo desde Madrid; o hacerse a un lado para permitir una candidatura alternativa a la investidura».

Así, concluye que, pese a no haber sido inhabilitado por una condena judicial, sus derechos políticos de participación y expresión, han sido anulados por tiempo indeterminado dentro de la lucha de España contra la independencia de Cataluña.

La denuncia argumenta que el Gobierno no ha notificado la derogación de los derechos políticos -«no ha declarado un estado de excepción», según señaló el propio Puigdemont este jueves-, por lo que esos derechos siguen plenamente vigentes y es obligación de España defenderlos en todo su territorio y para todos sus ciudadanos.

En ese contexto, expone que tras ser cesado como president por su liderazgo del proceso independentista «ganó unas nuevas elecciones el 21D y fue elegido por el Parlament» como candidato a la investidura. Una candidatura que las autoridades españolas habrían «frustrado» con «una combinación de medidas legislativas, judiciales y ejecutivas» para impedir la investidura, frustrando así la «voluntad democrática de los catalanes expresada en las elecciones».

La demanda argumenta además que Puigdemont ha recurrido esas medidas ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, tras lo que no hay instancia superior para proseguir la batalla legal. Y añade que «hay incontrovertibles evidencias de interferencias del Gobierno sobre la independencia judicial en esos procedimientos» por lo que defiende la admisión a trámite de su demanda.