Carles Puigdemont ha dado un paso al lado «provisionalmente», para que Roger Torrent inicie una nueva ronda de contactos para investir presidente de la Generalitat, y ha oficializado la candidatura de Jordi Sánchez para ese cargo. Pero su renuncia pretende ser limitada, como se encargó de dejar claro en el mensaje lanzado ayer a través de las redes en el que de hecho cedió la presidencia de la Generalitat a Sánchez.

«No claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de los que han perdido en las urnas», destacó Puigdemont tras anunciar que será él quien, desde el Consejo de la República, pilote los trabajos para seguir intentado proclamar la independencia. El ex president sabe que el poder político al que aspira sobre el futuro gobierno necesita vestirse de un título, y esa es la función de su Consejo de la República, consciente de que el poder real al final lo ostenta quien es investido presidente y tiene el poder de nombrar y cesar consejeros y convocar elecciones.

Con el argumento de que esos trabajos necesitan «espacios más libres y democráticos que el actual Estado Español» Puigdemont aseguró que el Consejo de la República «liderará el camino hacia la independencia efectiva dirigiéndose al interior y al exterior», reclamando para sí un papel que tanto Esquerra como la CUP le discuten. Si la republica se diseña desde Bruselas, argumentan los republicanos, lo hará desconectada de las entidades sociales que confían en involucrar en el proceso constituyente para «ampliar la base» de un independentismo en horas bajas, según el último CEO.

Una discrepancia que ayer se puso de manifiesto en las votaciones del Parlament, cuando ERC secundó un texto de los Comunes en el que se advertía contra la segregación de la representación institucional catalana en organismos ajenos a la Cámara autonómica, mientras JxCat se abstenía.

Para la CUP, el proceso independentista no puede «exiliarse». Están de acuerdo en la idea de internacionalizar la reivindicación independentista, entre otras cosas porque Anna Gabriel se ha fugado a Suiza con ese argumento. Pero sostienen que la república «se construye desde Cataluña» a base de desobedecer a las instituciones españolas, desde el Tribunal Constitucional hasta el Gobierno y su aplicación del 155.

Denuncia ante Naciones Unidas

Pero ese proyecto de «gobierno en el exilio» -el presidente cesado aseguró en su discurso que ha seguido ejerciendo su cargo y que mantendrá «la legitimidad de la república votada el 1-O»- es la única baza de Puigdemont para seguir conservando un papel político, una vez descabalgado oficialmente de la presidencia de la Generalitat. Por eso se apresuró a anunciar su primera medida efectiva: la denuncia ante Naciones Unidas.

Los abogados de Puigdemont han presentado una demanda contra España ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la supuesta violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Civiles. «Ha llegado la hora de pasar a la acción», proclamó el presidente cesado para justificar una iniciativa que hace dos semanas anunció el presidente del Parlament, Roger Torrent, desatando las iras de JxCat.

Entonces JxCat le acusó de precipitarse y de interferir en la estrategia de defensa de su líder. Ahora, Puigdemont justifica esa acción argumentando que ambos textos «reconocen expresamente el derecho a la autodeterminación» y garantizan el derecho de opinión y participación políticas. El conflicto, por tanto, no estaba en los argumentos, sino en quien debía llevar la iniciativa del bloque independentista: Torrent o Puigdemont. Y el resultado es claro.

Pese a la gesticulación, sin embargo, lo cierto es que la renuncia de ayer de Puigdemont abre el camino a la formación de un gobierno en el que JxCat y ERC se han repartido ya las carteras y empiezan a tener nombres claros para algunos departamentos. Unos nombres que han sido aprobados por Puigdemont en el caso de las consejerías convergentes, pero no en el de las republicanas. El paso dado hoy por Puigdemont pone en marcha la maquinaria para formar gobierno de la Generalitat, ese «gobierno efectivo» que reclamaba Esquerra, aunque el ex presidente aspira a seguir tutelándolo desde Bruselas.

Así, se da por segura la designación de Jordi Turull al frente del Departamento de Presidencia. Hombre de la máxima confianza de Puigdemont, será quien lleve las riendas del Govern tanto si es investido Sánchez -en prisión incondicional- como si el Tribunal Supremo lo impide, en cuyo caso será Turull el candidato a la investidura.

JxCat ha asumido además, finalmente, la peliaguda conselleria de Interior, que dirigirá Brauli Duart, actual presidente de la Corporación Catalana de Medios (CCMA), mientras Elsa Artadi parece la más que probable consejera de Empresa. El departamento de Gobernación recaería en uno de los jóvenes valores del PDCat, Marc Solsona, y el de Educación el Lluís Font, proveniente del mundo universitario.

En Esquerra están pendientes de que Marta Rovira acepte o no la vicepresidencia antes de decidir el resto de sus fichas. Pere Aragonés se perfila como consejero de Economía, a no ser que asuma la vicepresidencia en vez de Rovira. Y David Elvira el Departamento de Sanidad que comandó la pasada legislatura Antoni Comin.

En el momento en que todos ellos tomen posesión de sus carteras muchos temen que se desate una batalla soterrada por el poder peor a la vivida en el gobierno de José Montilla entre PSC y ERC. Y en ese escenario, el poder de Carles Puigdemont puede quedar en un más que discreto segundo plano.