La petición de información sobre las contrataciones del gobierno Puigdemont con empresarios próximos al independentista remitida por el Ministerio de Hacienda a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, ha sido tachada de “persecución macartista” por los principales investigados, que estudian personarse en el procedimiento administrativo abierto por Hacienda. El Gobierno busca con esta exhaustiva investigación averiguar cómo se sufragó el referéndum del 1-O, tras afirmar ante el Tribunal Supremo que no se pagó directamente desde la Generalitat.

Hacienda ha pedido a Vidal un prolijo informe detallando al extremo los pagos a empresas, personas y entidades afines al ‘procés’ desde 2015 hasta la actualidad. La petición hace referencia a “la totalidad de los pagos efectuados” y “por cualquier concepto” desde cualquier organismo público, presumiblemente con el objetivo de fundamentar un posible delito de malversación. Entre las empresas investigadas destacan las de Oriol Solé, socio fundador del Diario ARA, que abandonó en 2012, Jaume Roures, presidente de Mediapro, o la familia Carulla.

Roures y Solé responden

“Utilizaremos todos los procedimientos administrativos para personarnos” en esta investigación ha advertido el presidente de Mediapro, Jaume Roures, cuyas empresas ocupan un lugar destacado en el listado de Hacienda. “El Estado va a tener que tomar mucha sopa para acojonarnos, esto es el macartismo de Estado Unidos, a lo mejor acabamos segregados en los autobuses, nos pondrán un cartelito: votó el 1-O y tendrás que ir a la parte trasera para no contaminar a los otros”.

El secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonés (ERC) ha tachado de “sinsentido la causa general de Montoro contra el independentismo” y ha apuntado que el único objetivo de esta investigación es fundamentar los delitos de malversación que se imputan a los líderes del independentismo en la causa que instruye el Tribunal Supremo, después de que el propio Ministerio de Hacienda afirmara que tras la intervención de las cuentas de la Generalitat no se destinó dinero público a pagar el 1-O.

Para Roures, la investigación de Hacienda “es la continuación del informe de la Guardia Civil” en el que ya aparecía como colaborador destacado del independentismo. “Tienen que justificar el ridículo que hicieron el 1-O” ha añadido el empresario televisivo, “como no pueden investigar a dos millones de personas se dedican a buscar chivos expiatorios”.

El presidente de Mediapro ha apuntado además que Montoro “tendría mucho trabajo en justificar los sobres a M. Rajoy o como se pagó en negro la sede del PP, pero en cambio se dedica a perder el tiempo y hacérnoslo perder a nosotros. Por eso quiero evidenciar que es una campaña político-policial. No hay nada más”.

En términos similares se ha expresado el ex consejero delegado de ARA, Oriol Solé, identificado por algunos como uno de los directores en la sombra de la campaña de agitación promovida por el independentismo en los meses previos a la celebración del 1-O. Solé, que encabeza el listado de empresarios por los que pregunta Hacienda, asegura no haber recibido “ni un euro de la Generalitat desde 2015”.

El empresario ha acusado al Gobierno del PP de “señalar a la gente para que se asuste. En nuestro caso, que somos una empresa pequeña, hay trabajadores, proveedores o clientes que se preocupan sin ninguna bases. Como se demostrará, no he recibido ni un euro de la Generalitat”.

Solé también ha señalado que estudian acciones contra Hacienda por su investigación y ha concluido: “El Estado español primero te señala desde confidenciales muy ligados a los servicios de inteligencia, después desde la prensa y después empiezan a hacer informes y quizá algún dia acabas en el sistema judicial”.

Investigación en medios independentistas

En el listado de Hacienda aparecen numerosos medios de comunicación o empresas ligadas a ellos, pero se centra sobre todo en el posible pago, partidas, ayudas o subvenciones a las diversas sociedades vinculadas al grupo Mediapro y al diario Ara. En este último caso, Hacienda también incluye en la lista los nombres de periodistas del diario como Antoni Bassas, Toni Soler, Albert Om o Xavier Bosch. De la misma forma, también figura la empresa Agroalimen, propiedad como el diario Ara de la familia Carulla, según avanzó ayer La Vanguardia.

En el ámbito de la comunicación, la publicidad o la organización de eventos también aparecen Editorial Alpha, Trotemi SL, y algunas empresas administradas por Soler, como Democratizing the Future Society SL, Dilema Comunicació, Ara Llibres, Contrapunt, Grup Cultura 03 y Sapiens Publicaciones.